Por Dr. Jorge Enriquez (*)
El piquetero Luis D´ Elía convocó a una marcha contra la Corte Suprema para el martes próximo. Su propósito es que los miembros del alto tribunal renuncien a la noche de ese día. Les concede, magnánimo, unas horas para reflexionar, “y puedan desatar la institucionalidad democrática en la República Argentina en un debate que nos permita ver cómo los reemplazamos”. D´Elía tiene una larga experiencia en putsches. Sus acólitos aún recuerdan con admiración el día en que tomó una comisaría para exigir la liberación de un detenido.
A esa convocatoria se sumaron rápidamente diversos dirigentes del kirchnerismo y el clan Moyano, cuya experiencia en el manejo de las vías de hecho, como los bloqueos a empresas, no necesita ser demostrada; y Hebe de Bonafini, que también puede acreditar valiosos pergaminos en la materia: hace algunos años, frente a una movilización similar en Plaza Lavalle, propuso, para evitar cualquier demora burocrática, tomar el Palacio de Tribunales. (Por alguna ironía de la historia, esta señora es, para muchos argentinos, la encarnación viviente de los derechos humanos). También se sumó a la iniciativa el juez nacional Juan María Ramos Padilla, a través de algunos tuits en los que demuestra su ignorancia en derecho y gramática.
Pero no se trata solo de los exabruptos de algunos dirigentes pintorescos: a esa convocatoria se adhirieron nada menos que el presidente de la Nación y su ministro de Justicia. Aquel dijo que la Corte tenía problemas de funcionamiento. Quizás espere que pueda alcanzar el aceitado funcionamiento del Poder Ejecutivo, en el que un ministro no puede echar a un secretario y el presidente a la directora del PAMI, luego de que sus voceros oficiosos inundaran a los medios con informaciones sobre el gran enojo que había provocado el viaje caribeño de los tortolitos encargados de la tercera edad e incluso barajaran algunos nombres de sus eventuales sucesores.
El ministro de Justicia contribuyó al vodevil con una peculiar interpretación institucional. Sostuvo que en la Corte Suprema no están representadas todas las provincias. Confundió a la Corte con el Senado. Tal vez piense también que es vergonzoso que en el Poder Ejecutivo solo esté representada la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué es lo grave de esa marcha? Cualquier ciudadano puede opinar lo que quiera sobre la Corte y sus fallos. Inclusive puede creer que alguno de sus miembros, o todos ellos, han incurrido en conductas que justifican su remoción. Pero en tal caso la Constitución prevé un mecanismo al que se debe recurrir: el juicio político. Este debe tener causas (comisión de delitos o mal desempeño), cierto procedimiento, que incluye a ambas cámaras del Congreso y exige garantizar el derecho de defensa, y mayorías agravadas, que son muy difíciles de alcanzar. Esto último es esencial, porque la regla es la inamovilidad de los jueces como garantía de su independencia.
El Presidente también tiene el derecho de opinar sobre los fallos de la Corte. Lo que le está vedado expresamente por el art. 109 de la Constitución Nacional es interferir en las causas judiciales. Sin embargo, sus opiniones deberían ser muy prudentes, para que no aparezcan como una presión indebida sobre el Poder Judicial. Por cierto, la adhesión a una marcha que tiene el objetivo explícito de echar a los jueces de la Corte por las vías de hecho y no por los mecanismos constitucionales es de una gravedad institucional inusitada. En este caso, esa conducta ominosa de Alberto Fernández no se puede excusar en el ejercicio de la libertad de expresión.
Por tal razón, es saludable que más de ciento cincuenta profesores de derecho de todo el país hayan convocado a otra marcha el 3 de febrero, que no tiene como finalidad la defensa de ningún juez en particular, sino la de la independencia judicial, que es el pilar de todo el edificio de la república.
Febrero se inicia, entonces, con dos marchas: la primera, convocada por el populismo autoritario, busca que la Corte Suprema esté subordinada al Poder Ejecutivo (siempre que esté se halle en manos de un kirchnerista); la segunda quiere reafirmar los principios fundamentales de la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y la división de poderes. Esta es una grieta que debe ser expuesta con claridad y sin medias tintas, porque de ella depende nuestra libertad y el destino de la Argentina.
(*)Diputado Nacional (m.c.), presidente Asociación Civil Justa Causa
P/ag.JorgeEnriquez.vfn/rp.
