Por Dr.Jesús Rodríguez (*)
El 28 de enero, el Presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.
El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.
Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.
Los anuncios del Ministro de Economía en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.
Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.
Es obvio que el sendero de consolidación fiscal pone en el centro de la escena de la política pública a los subsidios económicos, energéticos y del sector transporte. Estos explican más del 80% del déficit primario del sector público. En ese terreno la cuesta es muy empinada. El facilismo económico de la administración y la grosera manipulación de los instrumentos regulatorios hizo que los subsidios energéticos que en diciembre de 2019 se habían reducido a 4.700 millones de dólares, puedan alcanzar 15.500 millones a fines de este año, si no hubiera actualizaciones de tarifas. Casi se igualaría la cifra del último año del gobierno de la Presidente Fernández de Kirchner.
El “principio de acuerdo” también requiere, además del compromiso de tener tasas de interés positivas en términos reales, que la emisión del Banco Central para cubrir el déficit primario se reduzca de un equivalente al 3,7% del PIB a tan solo 1% este año y que las reservas internacionales se incrementen en 5.000 millones de dólares.
No sabemos las hipótesis de crecimiento, inflación, la secuencia y magnitud de la corrección tarifaria, cómo será el sendero para incrementar las tasas de interés ni el movimiento del tipo de cambio, entre otros parámetros que fundamentan esas metas. Por lo tanto, es imposible hacer un juicio de valor sobre la pertinencia y probable grado de cumplimiento de las mismas.
El texto completo se lee en: http://www.jesusrodriguez.com.ar/el-congreso-y-el-fondo-crisis-profunda-alta-responsabilidad/#more-3732
(*)*Socio del CPA – Vicepresidente Fundación Alem.
p/ag.jesusrodríguez.vfn/gr.rp.
