Managua -El Congreso nicaragüense, controlado por los sandinistas, canceló esta semana casi 200 organizaciones no gubernamentales, desde un centro ecuestre local hasta la Academia Nicaragüense de Letras, fundada hace 94 años, en lo que los críticos dicen que es el intento del presidente Daniel Ortega de eliminar la la sociedad civil del país.
El jueves, los legisladores del partido de Ortega y sus aliados votaron por unanimidad —hubo 14 abstenciones— cancelar 96 organizaciones. Eso siguió a 83 más el martes. Desde que las protestas callejeras populares se volvieron contra el gobierno de Ortega en abril de 2018, el gobierno ha cancelado más de 400.
Al principio, los objetivos a menudo estaban vinculados a figuras prominentes de la oposición a quienes Ortega acusó de trabajar con intereses extranjeros en un intento de derrocar a su gobierno. Pero ahora el gobierno parece decidido a limpiar el paisaje de cualquier organización que no controle.
“Estas cancelaciones tienen el objetivo de eliminar toda visión social y política que difiera de la establecida por el régimen”, dijo el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos con sede en París en un comunicado el jueves. “No se trata sólo de asociaciones políticas o de defensa de los derechos humanos, sino que también son víctimas de persecución las organizaciones artísticas, periodísticas, educativas, científicas, ambientales y sociales. El objetivo final es eliminar toda posibilidad de una sociedad civil independiente en el país”.
El gobierno sostiene que las organizaciones están canceladas porque no han cumplido con un requisito de 2020 para registrarse como “agentes extranjeros”. El jueves, el legislador Filiberto Núñez dijo que tampoco entregaron los estados financieros como exige la ley.
Las organizaciones no gubernamentales comenzaron a crecer en Nicaragua durante la revolución sandinista y experimentaron un auge durante la presidencia de Violeta Chamorro. Por cierto, su hija Cristiana Chamorro, una probable candidata presidencial que ahora cumple una pena de prisión en su casa, decidió cerrar la fundación que lleva el nombre de su madre el año pasado después de que entrara en vigor la ley de agentes extranjeros.
La amplitud de los objetivos ha sido alucinante.
La lista del jueves incluyó a la Sociedad de Pediatría, el Instituto Nicaragüense de Fomento, la Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua y la Asociación de Internet de Nicaragua.
Algunos no sorprenden como objetivos, como el Centro de Estudios Internacionales fundado por la hijastra de Ortega, Zoilamérica Ortega Murillo, quien hace años acusó a Ortega de abuso sexual y ahora vive en el exilio.
Pero luego están organizaciones como el Centro Ecuestre Cocibolca, el Club Rotario de la ciudad occidental de León y la Asociación Operación Sonrisa que financió cirugías gratuitas para niños con labio leporino y paladar hendido hasta que fue cancelado en marzo. Un destacado empresario asociado a ese grupo había participado en protestas en 2018.
Muchas organizaciones se dedicaron a ayudar a los más marginados en un país que ya sufría una extrema precariedad económica.
La socióloga Elvira Cuadra dijo que Ortega ha buscado venganza contra grupos sociales que cree que intentaron destituirlo de su cargo en 2018 y también busca “destruir el tejido social para eliminar la capacidad de fiscalizar el ejercicio del poder”.
“Cuanto más débil es la sociedad, más se consolida el Estado autoritario, los ciudadanos pierden la capacidad de exigir cuentas a la administración pública”, dijo.
Cuadra dijo que era posible que algunos de los grupos cancelados ya estuvieran inactivos, pero no creía que se tratara solo de un arreglo de organizaciones civiles porque el gobierno no les estaba dando la oportunidad de alinearse con los nuevos requisitos legales. “Lo que hay es voluntad política de convertir a la sociedad civil en un desierto en Nicaragua”.
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