Por Luis Domenianni
Salma Al-Chehab es una estudiante de posgrado en odontología de la Universidad de Leeds, Reino Unido. A sus 34 años, es madre de dos hijos. Su nacionalidad es saudita. Su militancia, limitada a participar en las redes sociales, es a favor de las libertades individuales, en particular, de las mujeres. Por ello, fue condenada a 34 años de prisión.
Fue detenida en febrero de 2021 mientras tomaba sus vacaciones en su país de origen. Y fue sentenciada por un tribunal de primera instancia, en junio de 2022, a cumplir una pena de seis años de prisión, los últimos tres excarcelable, sin ningún atisbo de transparencia en el proceso.
Los abogados de Salma presentaron en tiempo y forma una apelación cuyo resultado fue la sentencia de segunda instancia que incrementó la pena de prisión a 34 años más otros 34 años con imposibilidad de salir del país.
Fue hallada culpable, según la sentencia, por “ayudar a aquellos que buscan quebrar el orden público y por difundir informaciones falsas y malintencionadas a través de la escritura de tweets en su cuenta personal”.
En síntesis, 34 años de prisión por escribir mensajes que no son del agrado de los jueces en una red social.
El caso movilizó hasta la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reclamó la inmediata liberación sin condiciones de Salma. Calificó el hecho de “nuevo ejemplo de utilización de las leyes antiterroristas y anti cibercriminales para perseguir a quienes expresan opiniones disidentes, intimidarlos y ejercer represalias contra ellos”.
La disidente condenada es musulmana de la minoría confesional chiita. No obstante, los investigadores incluyeron en su legajo una eventual simpatía por los Hermanos Musulmanes que promueven un islamismo político, no yihadista. Pues bien, los Hermanos Musulmanes son sunitas, adversarios de los chiitas y poco tolerantes al respecto.
En la cuenta de Twitter visualizada, Salma utiliza su propio nombre, coloca fotos de sus hijos y solo cuenta con dos mil abonados. Al parecer suficientes, según el tribunal, para desestabilizar al país.
Quizás un antecedente particularmente vinculante, en sentido contrario, fue el veredicto de culpabilidad que un jurado de San Francisco, California, Estados Unidos emitió contra Ahmad Abuammo por vender informaciones personales de usuarios de la red Twitter.
Se trataba de informaciones concernientes a personas que, en Arabia Saudita, aparecían como críticas respecto de la familia real. Abuammo vendió su puesto en la empresa a una persona cercana a la familia real saudita, junto a otro connacional, Ali Alsabarah que, advertido a tiempo, huyó de los Estados Unidos.
Cabe destacar que, en la sociedad que detenta las acciones de la red Twitter, un 5 por ciento pertenece al príncipe Al-Walid Ben Talal, un multimillonario saudita, que prestó juramento de obediencia al príncipe heredero Mohamed Ben Salman, el hombre fuerte del reino
Para comprender correctamente la dimensión de este despropósito judicial, conviene recordar que la pena más prolongada que recayó sobre uno de los integrantes del comando que asesinó y desmembró al periodista disidente Jamal Kashoggi en el consulado saudita en Estambul, en 2018, fue de 20 años. Es decir, 14 menos que la sanción contra la twittera Salma.
Habitualmente, las autoridades sauditas emiten quejas por la incomprensión de Occidente respecto de “su forma de vida”. Con jueces como los que condenaron a Salma, no precisan detractores.
Principesco
La forma de gobierno en Arabia Saudita es la de monarquía absoluta. Conformada como estado tras la unificación de los reinos de Hiyaz y Nejd en la persona de Abdelaziz ibn Saud, en 1932, tomó su nombre del componente geográfico y étnico -Arabia- y del patronímico de la familia que continúa reinando en el país, los Saud.
Abdelaziz ibn Saud gobernó hasta su muerte acontecida en 1953, rodeado de la riqueza creciente que representó el petróleo. Fue un hombre prolífico con sus cuatro esposas y 18 concubinas. Aunque no se conoce el número exacto de su descendencia, los cálculos extraoficiales le asignan 37 hijos.
De ellos, nueve reinaron -uno lo hace actualmente- sobre el país. El primer Saud, un “bon vivant” que derrochó una fortuna, fue Saud que fue depuesto en 1964. Le siguieron Faisal hasta 1975; Jalid hasta 1982; Fahd hasta el 2005; Abdala hasta el 2015, y desde entonces, Salmán.
Salmán padece la enfermedad de Alzheimer. De allí que de los asuntos del reino se ocupa su hijo, el ministro de Defensa Mohamed bin Salman, designado además como heredero, de 37 años, casado con una única esposa y padre de cinco hijos.
Dadas las características absolutas de la monarquía, resulta inimaginable creer, por ejemplo, que la extemporánea sanción de 34 años de prisión contra la estudiante Salma haya sido decidida sin la consulta y el consentimiento del todopoderoso príncipe heredero.
No existe, de hecho, aunque sí de derecho, la división de poderes dado que hablamos de una monarquía absoluta. De su lado, la Constitución del país es el libro divino -el Corán- y la tradición profética de profeta Mahoma, de acuerdo con lo establecido por la Ley Fundamental del Estado.
Nada escapa a la supervisión del príncipe que comenzó su cuasi regencia con ímpetus de modernidad hasta entonces nunca vistos en el reino. Así, recortó los poderes de la temible policía religiosa y eliminó la prohibición para conducir vehículos por parte de las mujeres, a las que concedió otras prerrogativas, aunque de menor valía.
En el balance negativo, debe contabilizarse las crecientes detenciones de activistas de derechos humanos; la guerra del Yemen; la crisis diplomática con el vecino Catar; el conflicto con el Líbano; el arresto de miembros de la familia real y, fundamentalmente, la muerte y desmembramiento del periodista crítico Jamal Kashoggi en el consultado en Estambul.
Jamal Kashoggi fue un disidente que dirigió periodísticamente la señal de televisión Al Arab y que, al momento de su asesinato, colaboraba con el diario norteamericano Washington Post.
Aparentemente atraído al consulado para hacerle entrega de documentación necesaria para su próxima boda con una ciudadana turca, Kashoggi fue asfixiado a poco de ingresar al edificio. Luego sus restos, desmembrados, fueron arrojados en un bosque cercano.
De llevar a cabo el homicidio se ocupó un escuadrón compuesto por 15 integrantes, todos ellos sauditas, y algunos de ellos próximos al príncipe Mohamed Bin Salman, según reveló el New York Times y confirmaron los investigadores turcos.
El príncipe nunca reconoció su participación en el homicidio, aunque aceptó la responsabilidad porque “sucedió bajo mi supervisión”. El gobierno saudita encubrió el asesinato, destruyó pruebas, pero no pudo impedir que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos concluyese que la orden fue impartida por Bin Salman.
Algunos integrantes del escuadrón fueron juzgados en la propia Arabia Saudita. Los tres que ocupan altos cargos en la estructura de seguridad fueron absueltos; los simples ejecutores (5) fueron condenados a muerte y otros tres fueron sentenciados con prisión. Después, la justicia saudita archivó el expediente.
Aliado, pero no tanto
Que el dinero tiene cara de hereje no es una novedad. Adaptado, no se trata del dinero, sino del petróleo. En todo caso, la herejía consiste en “tragar un sapo”. Es cuanto le pasó al presidente norteamericano Joe Biden.
Durante su campaña electoral, el ahora presidente de los Estados Unidos aseguró que iba a convertir a la monarquía saudita en un “paria” internacional como consecuencia del homicidio del periodista Kashoggi.
Pero la invasión rusa a Ucrania y su consecuencia sobre los precios de los hidrocarburos motivaron al presidente a hacer borrón y cuenta nueva. Intentó explicarlo a través de un artículo de su autoría publicado en el Washington Post. En rigor, justificó su nueva actitud con la clásica anteposición de los intereses por sobre los valores.
Fue así como el presidente Biden decidió trasladarse a la ciudad de Yeda para reunirse con los seis miembros de Consejo de Cooperación del Golfo -Arabia Saudita, Bahrein, Catar, Emiratos Árabes, Kuwait y Omán- más Egipto, Jordania e Irak y reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con la región.
En verdad, se trató de recuperar la relación con el todopoderoso príncipe Mohamed Bin Salman para extraerle un compromiso de incremento de la producción petrolera por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a fin de limitar el alza de precios de los combustibles que exaspera a los norteamericanos.
Y el presidente Biden partió con las manos vacías. Bin Salman no hizo ninguna promesa. Envalentonado, hizo trascender que la confianza en el aliado norteamericano tardará en ser reconstruida.
El mandatario norteamericano no fue el único. Lo siguió Emannuel Macron, el presidente francés, un gobernante que desespera por trascender en la esfera internacional. Intenta ir más allá de cuanto representa la influencia francesa en el mundo.
Fue así como se convirtió en el primer jefe de Estado o de Gobierno europeo que recibió al ahora ex “paria” saudita en el Palacio del Eliseo, la presidencia francesa, poco después del viaje de su colega norteamericano a Yeda. Previamente, y ya ocurrido el homicidio de Kashoggi, Macron viajó a Arabia Saudita y lo propio hizo el ex PM británico, Boris Johnson.
Si al presidente Biden no le fue bien, a su colega francés tampoco le fue mejor. En nombre del petróleo y la geopolítica, los occidentales olvidan rápidamente su compromiso universal con los derechos humanos.
En Yeda y en Paris, Mohamed Bin Salman logró su rehabilitación en el seno de algunas democracias occidentales, casi sin transpirar, ni despeinarse. Contra nada. Contra ningún compromiso público de suavización del autoritarismo y contra ninguna promesa de incremento de la producción petrolera para bajar los precios.
El Yemen
Otrora conocido como la “arabia feliz”, en contraposición con la “arabia pétrea” y con la “arabia desértica”, producto del verdor que es posible encontrar en su territorio, el Yemen vive desde el año 2014, una guerra civil que trasciende sus fronteras y se inscribe en el conflicto geopolítico que enfrenta a la monarquía saudita con a la teocracia iraní.
En rigor se superponen diversos conflictos. Uno es el político-geográfico, producto de la nunca asimilada unificación entre el norte y el sur del país. La reivindicación de la independencia del antiguo Yemen del Sur está a la orden del día. En particular en la franja costera controlada por el auto denominado Consejo de Transición del Sur.
El oeste del país, en cambio, responde al expresidente -refugiado en Arabia Saudita- Mansur Al-Hadi que renunció a su cargo en abril del 2022 y legó su mandato a un Consejo de Liderazgo Presidencial. Es el sector que apoyan militarmente las monarquías del Golfo Pérsico -menos Catar-, en particular Arabia Saudita.
El tercer contendiente, que ocupa la parte norte y occidental, incluida la capital Saná, es el de los rebeldes “Hutíes”, apoyados por Irán. Los “Hutíes”, como los ayatolás que gobiernan Irán, son musulmanes chiitas, frente al resto de los yemenitas que profesan el islam según la vertiente sunita, punto que agrega un carácter confesional al conflicto.
Por último, un par de bolsones que ocupa la vertiente local de Al Qaeda. Algunos de cuyos combatientes cambiaron de bando y prestaron sermón de adhesión al grupo yihadista rival, Estado Islámico.
El 2 de abril del 2022, el Consejo Legal y la dirección hutí convinieron una tregua que, mal que bien, se mantiene hasta la fecha. Desde entonces, el gobierno saudita intenta recalibrar su participación militar en Yemen. Al menos, es cuanto expresan sus voceros.
Frente a los hutíes, el gobierno del príncipe Bin Salman intentó todo. Probó con bombarderarlos, probó con “comprarlos” y probó con negociar. Nada funcionó. Así llegó a la conclusión que debe buscarse otra solución.
Y esa solución parece ser abandonar, por parte de Arabia Saudita, el rol beligerante y cambiarlo por uno de mediador en el conflicto civil yemenita. No parece fácil. De combatiente a árbitro no es un paso sencillo. Sin dudas, la pretensión choca con la desconfianza. ¿Cómo creer en la imparcialidad de quienes hasta ayer combatían con ahínco?
Con todo, si la tregua no se rompe, la posibilidad saudita de desprenderse del compromiso militar aparece como factible. Todo lo contrario, si la tregua se rompe. En ese caso, el ejército saudí continuará su intervención y sus bombardeos, si pretende no aparecer ante el mundo como vencido. O algo peor, derrotado por su archienemigo, Irán.
Desde la revolución islámica en Irán que derrocó al “sha” Mohamed Reza Pahlevi en 1979, el régimen de los ayatolas enfrenta la oposición cerrada de las monarquías del Golfo -nuevamente con la excepción de Catar-, lideradas por Arabia Saudita.
A tal punto que, de manera creciente, Irán reemplazó a Israel como el enemigo regional. Si bien, Arabia Saudita no estableció relaciones diplomáticas con el país judío como sí lo hicieron Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, gestos de buena voluntad se abren paso.
Por ejemplo, la apertura del espacio aéreo saudita para las empresas transportistas comerciales. Dicho de otra manera, los aviones comerciales israelíes están en condiciones de sobrevolar el territorio del reino.
La decisión motivó un agradecimiento explícito del primer ministro israelí Yair Lapid y el saludo del consejero de seguridad de la presidencia norteamericana, Jack Sullivan.
La apertura de los cielos no solo tiene valor geopolítico. Se inscribe además en la voluntad del príncipe Bin Salman de convertir a Arabia Saudita en un centro del transporte aéreo mundial a través de la triplicación de su tráfico de pasajeros, al que se pretende llevar a un tránsito de 330 millones de pasajeros anuales.
Para el príncipe Mohamed Bin Salman, el futuro de la Casa Real y del país pasa por una diversificación de la economía, dado la condición de no renovable del recurso petrolero. Y, para ello, el gobierno saudita elige dos sectores: la informática y el turismo. El bemol son los derechos humanos y la volatilidad del Medio Oriente.
INT/ag.luisdomenianni.vfn/rp.
