Por Luis Domenianni
Desde el 01 de febrero del 2021, Birmania -cuyo nombre oficial es Myanmar- es regida por un gobierno militar producto del golpe de Estado que encabezó el general Ming Aung Hlaing quién, desde entonces, ejerce las funciones de jefe del Estado.
El golpe generó una ola de protestas en todo el país con la consiguiente represión que ocasionó varias decenas de muertos, algunos en ejecuciones sumarias, muchos heridos, detenciones por doquier y un éxodo a través de las fronteras terrestres.
Desde el exterior, los militares golpistas fueron repudiados por las democracias occidentales. No así por Rusia y China quienes, entre otras cosas, continúan con la venta de armas a la dictadura. Armas que son empleadas para combatir las guerrillas étnicas sublevadas desde hace décadas en distintas partes del país.
La líder del gobierno depuesto, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, detenida, fue sometida a una acumulación de acusaciones ante una justicia adicta que solo adiciona causas en su contra y que, puntualmente, en cada una de ellas agrega años de condena privativa de libertad. También los miembros de su gobierno y de su partido político sufren persecución.
Por último, no cesa la política violatoria de los derechos humanos respecto de la etnia Rohingya, cuyos miembros o mueren a manos de budistas fanáticos semi amparados por el gobierno o deben abandonar el país de manera precaria y cruzar la frontera con Bangladés.
Quienes mantuvieron vinculación personal con el general Ming lo catalogan de manera contradictoria. Para algunos se trata de un hombre que ajusta sus argumentos al derecho producto de su paso juvenil por la Facultad de Leyes de la Universidad de Rangún. Su conducta represiva desmiente la afirmación.
Para otros, se trata de alguien dotado de simpatía aún frente a quienes no coinciden con él en una discusión. Los más, en cambio, opinan que no escucha, no acepta argumentos y siempre se apropia de “la verdad”.
Como sea, pasará a la historia como un opresor sanguinario. El 26 de julio de 2022, cuatro opositores fueron ajusticiados en la horca. Los cargos contra los ejecutados son comunes a los que utilizan las dictaduras para juzgar las disidencias: “culpables de directivas, arreglos y conspiraciones para cometer actos inhumanos de terror”.
Uno de los muertos en la horca fue el escritor Ko Jimmy reconocido luchador por la democracia que pasó quince años en prisión bajo el régimen militar dictatorial anterior al del general Ming. Otro fue el cantante de hip-hop Zayar Thaw que, a su vez, purgó tres años de prisión bajo aquella dictadura.
Los sucesivos gobiernos militares birmanos no habían ejecutado un detenido desde 1988. El general Ming recupera la repudiable tradición anterior. Actualmente, los condenados a la pena capital por los tribunales vasallos de los golpistas suman 68. Otros 41, también sentenciados a muerte, pero en ausencia, lograron abandonar el país.
Por su parte, el informe del Mecanismo de Investigación Independiente creado por “ad hoc” por las Naciones Unidas denuncia el aumento de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los militares birmanos.
Todos los rasgos señalados sindican al gobierno birmano como una dictadura militar, posiblemente más sangrienta que muchas otras. No obstante, en un punto trascendental difiere de esas muchas otras.
Y es que el régimen birmano debe ser calificado como estratocracia. Un vocablo que deriva del griego: “kratos” (poder) y “stratos” (ejército). Es la confusión entre Estado y Ejército. Solo el Ejército puede comandar al Estado. Por tanto, ministros y gobernadores deben ser militares.
Premio Nobel presa
Desde la política, el golpe militar de febrero 2021 mostró como consecuencia inmediata el encarcelamiento de la líder de la recuperación de la democracia en Birmania y jefa de su principal fuerza política, la doctora en filosofía y activista por los derechos humanos, Aung San Suu Kyi (77 años).
Coincidentemente, Aung San Suu Kyi es hija de un militar y no de cualquier militar, sino del general Aung San, el fundador del Ejército birmano moderno y el negociador de la independencia de Birmania del Imperio Británico, el mismo año -1947- en que fue asesinado por orden de otro general -U Saw-, su rival político.
Los birmanos denominan a Aung San Suu Kyi como Daw que significa “tía” y que es una distinción por parte de la sociedad para algunas personas por cuanto sea emplea como equivalente de “dama” o de “señora”. O sea Daw Aung
Varias veces presa a lo largo de su vida y como consecuencia de su carrera política, suma seis años iniciales (1989-1995); más dos años (2000-2002); más cuatro (2003-2007) extendido primero por un año (2008) y después por otro año y medio (hasta 2010). Un total de 15 años de arresto domiciliario, 12 de ellos en confinamiento solitario.
En la actualidad, desde el golpe militar, acumula penas de prisión dictadas por la justicia adicta al régimen dictatorial. Detenida el mismo día del derrocamiento de la democracia, Daw Aung ya fue inculpada por un tribunal solo cuatro días después por… “incitación a la sublevación”. Casi el colmo de la desvergüenza.
En total, los golpistas y sus vasallos en la justicia juntaron doce acusaciones contra la dirigente depuesta. Acusaciones que dan origen a otros tantos procesos y que van desde corrupción hasta violación de las leyes de telecomunicaciones -por portación de walkies-talkies sin licencia- pasando por “fraude electoral”.
Hasta el momento, Aung suma sentencias por cuatro años de prisión por incumplir las restricciones derivadas de la pandemia del Coronavirus pena reducida a dos por el tiempo transcurrido en prisión; más otros cuatro suplementarios por “importación ilegal de equipamiento de telecomunicaciones”, los walkie-talkies.
A los seis acumulados, deben agregarse cinco más por “corrupción”. En este caso, acusada por recibir 600 mil dólares y once kilogramos de oro para “favorecer” a un ex ministro de la región de Rangún, la ex capital y más poblada ciudad del país.
Ahora con once años de cárcel por delante, hay que agregar otros seis tras ser considerada culpable por la justicia adicta al régimen militar en cuatro cargos de corrupción. Ya van diecisiete.
A veinte se llega, si se agregan otros tres por “violación de la ley sobre secretos de Estado”. En esta ocasión, junto a su consejero, el economista australiano Sean Turnell y tres ministros y viceministros que la acompañaron en el gobierno democrático.
Finalmente, otros seis adicionales por “haber aceptado” un cohecho por 550 mil dólares de parte de un hombre de negocios local.
Sumadas condenas menores, Aung acumula 26 años de cárcel a futuro. Con los varios procesos que aún quedan pendientes, la Premio Nobel de la Paz arriesga un total de… 120 años de privación de libertad. De momento, permanece encarcelada en aislamiento en una prisión de Naipyidó, capital del país desde el 2006.
Unión desunida
El actual nombre oficial de Birmania es República de la Unión de Myanmar. Tanto el histórico nombre de Birmania como el no muy utilizado actual de Myanmar, originado en una dictadura militar anterior, provienen del lenguaje del grupo étnico “banmar”, los birmanos propiamente dichos.
Cierto es que los banmar conforman alrededor del 68 por ciento de la población y que el 32 por ciento restante refleja orígenes étnicos diferentes. Sin computar las minorías china (2,5%) e india (1,25%) consideradas más como inmigrantes, el resto de los pobladores del país forman parte de otros grupos étnicos mayoritarios en sus respectivas zonas de asentamiento.
Los “shan” (9% del total de población de Birmania) son los más numerosos en el sureste del país; los “kachin” (7%) en el norte; los “rakhine” (4%) en el este; los “mon” (2%) en el sureste; los restantes grupos con menos individuos también pueblan de manera mayoritaria áreas geográficas del país.
Pues bien, buena parte de estas etnias están en pie de guerra contra el gobierno central más aún cuando el poder lo detenta la “Tatmadaw”, el nombre de las Fuerzas Armadas birmanas.
Tatmadaw no controla siquiera la mitad del país. Las distintas guerrillas lo hacen en un 52% del territorio. Así, según la zona de influencia, debe ser contabilizado el Ejército Independentista Kachin, en el norte; el Frente Nacional Chin, a lo largo de la frontera con Bangladés; la Unión Nacional Karen en el sudeste y el Partido Progresista Karenni en el noreste.
Todas estas guerrillas controlan territorios más o menos vastos junto a otras formaciones combatientes clandestinas menores. Junto a ellas actúa un clandestino Gobierno de Unión Nacional (NUG) por sus siglas en inglés. NUG y guerrillas étnicas colaboran en la lucha contra Tatmadaw.
Como ocurre a menudo en estos casos, las intervenciones militares van acompañadas de un grado de brutalidad que se ejerce contra los integrantes de las étnias que suelen ser consideradas, a priori, como enemigas del poder central.
Así, por ejemplo, el 20 de setiembre de 2022, un ataque aéreo de los militares birmanos destruyó una escuela primaria y mató once niños y varios pobladores de la aldea de Depeyin, en la región de Sagaing.
Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, según ONGs locales, las víctimas mortales de civiles provocadas por la represión o las operaciones del Ejército totalizan 2.300 personas y más de 15 mil detenidos.
Caso particular es el de la minoría “rohingya”. Se trata de un grupo étnico, mayoritario en la frontera con Bangladés en el Estado de Rakhine, que contabilizaba hasta el 2018 alrededor de un millón de individuos, de los que ya solo quedan en territorio de Birmania unos 300 mil. El resto fue asesinado o huyó a la vecina Bangladés.
El 21 de marzo de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció oficialmente como “genocidio” y “crímenes contra la humanidad” a las operaciones del Ejército birmano contra la minoría. El secretario de Estado Anthony Blinken puntualizó que las intenciones de Tatmadaw van más allá de la “limpieza étnica” para buscar la destrucción.
Sin dudas, el Ejército es el principal culpable del genocidio rohingya. Pero el clero budista del Estado Rakhine no le va en zaga con un discurso del odio y la intolerancia. Y tampoco puede ser ignorado, al respecto, el rol cuando menos poco claro de Aung San Suu Kyi cuando manejó, de hecho, el gobierno.
Es que los crímenes del Ejército contra la etnia fueron perpetrados principalmente entre 2016 y 2017, años de gobierno civil presidido de hecho por la Premio Nobel de la Paz y militante por los derechos humanos.
Un cuasi aislamiento
Vicky Bowman es una británica de 56 años que fue diplomática de rango menor en 1990 en la embajada del Reino Unido en Birmania. En ese cargo, conoció a su marido, el birmano Htein Lin, condenado a prisión entre 1998 y 2004 por la anterior dictadura militar del país. En el 2002, Vicky Bowman, ya casada, volvió a Rangún como embajadora del Reino Unido.
Desde el 02 de setiembre de 2022, al igual que Htein Lin, cumple pena de prisión de un año por infracción a las leyes birmanas sobre extranjería. Radicada en Birmania desde el 2012, trabaja como directora del Myanmar Centre for Responsible Business.
¿Cuál fue la omisión que dio lugar a su “delito” y el de su esposo? No declarar su nuevo domicilio en el país. ¿Por eso? Oficialmente sí. Extraoficialmente, la razón debe buscarse en la decisión gubernamental del Reino Unido de sancionar al putchista general Min Aung Hlaing, con la mira puesta sobre la empresa de construcciones dirigida por el hijo del dictador.
El caso de Bowman no es el único de un extranjero preso de la Junta Militar, posiblemente futuro objeto de intercambio. Está el caso del periodista norteamericano Danny Fenster que pasó seis meses en prisión hasta que fue liberado por la presión del Congreso de su país.
También el ya señalado caso del economista australiano Sean Turnell con pena de tres años de prisión por “violación de secretos de Estado”. Y está el encarcelamiento del documentalista japonés Toru Kubota que ya lleva un año de privación de libertad por registrar la sangrienta represión de las movilizaciones antigolpe con solo… visa de turista.
Obviamente, la Junta Militar birmana prefiere el mercadeo a la convivencia. Encarcela por cargos menores a extranjeros para intercambiarlos por una suavización de la condena internacional, en particular la de los países más fuertes e influyentes con gobiernos democráticos y libertades públicas.
La otra cara de la moneda es la “solidaridad” de las dictaduras, también en este caso, las de mayor poderío. En síntesis, China y Rusia. Y es que Birmania es otro peón en la disputa global de las dictaduras más o menos populistas versus las democracias liberales.
Hoy Birmania, como con la anterior dictadura militar, vuelve estar aislada del mundo democrático. Hoy las empresas, desde la alimenticia japonesa Kirin hasta la eléctrica australiana Woodsite, se van del país. No todas, claro, aunque a la corta o a la larga la inseguridad jurídica las expulsa como es el caso de la petrolera francesa Total.
La partida de las empresas extranjeras y la inseguridad jurídica corroen la ya maltrecha economía birmana. Entonces, como siempre ocurre con las dictaduras y los autoritarismos populistas hay que echar mano de los ahorros de los particulares, obligándolos a cambiar sus divisas por la depreciada moneda local.
Obviamente y también como siempre ocurre, las imposiciones cambiarias desarrollan un mercado paralelo al que acuden los ahorristas para defender sus economías frente a la moneda local, el kyat, que se hunde estrepitosamente.
También consecuencia, aunque de otro orden, fue el atentado contra la vicegobernadora del Banco Central nombrada por la Junta Militar, Than Than Swe. Fue baleada en su domicilio por un comando de la resistencia armada contra la dictadura. No es una funcionaria más. Es quien presiona a los bancos para que despidan al personal que sostuvo el movimiento anti golpista.
INT/ag.luisdomenianni.vfn/rp.
