Lima. El Congreso peruano rechazó a última hora del jueves el proyecto de ley que promovía el adelanto electoral así como el referendo para tramitar una Asamblea Constituyente, demandas recurrentes de los manifestantes que llevan semanas en las calles.
El proyecto de ley para realizar elecciones en 2023, presentado por el partido de izquierda Perú Libre, rechazado este jueves, contemplaba convocar a elecciones el 9 de julio de 2023.
Con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención, el proyecto de ley quedó lejos de los 87 votos necesarios para su aprobación.
La propuesta del bloque de izquierda contemplaba que también se haga un referendo para consultar si se convoca una Asamblea Constituyente.
Durante la jornada previa el Congreso había rechazado, una vez más, un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en 2023, una decisión que la Presidencia de Perú lamentó y ante la cual presentó «inmediatamente» otra iniciativa para celebrar comicios en octubre de este año.
Dina Boluarte asumió, en su calidad de vicepresidenta, el mando del país el 7 de diciembre tras la destitución y detención del izquierdista Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.
El mandato de Boluarte terminaría en 2026. Pero ante el estallido de protestas para exigir su renuncia pidió al Congreso anticipar los comicios.
El Legislativo los adelantó para abril de 2024, pero la mandatario insta a que se realicen este año en medio de crecientes manifestaciones que dejan ya 48 muertos.
Boluarte busca que para diciembre -en caso de una segunda vuelta- el país haya elegido presidente y parlamentarios.
Boluarte fue contundente este jueves al afirmar que no renunciará. La protesta nacional no hará «bajar la cabeza ni la moral» al Gobierno, sostuvo.
«Estamos firmes para defender la democracia y defender la estabilidad del país», dijo Boluarte durante un evento en Piura (noroeste), donde sugirió que «la violencia y el radicalismo» de algunas manifestaciones es dirigida por el expresidente Castillo.
«Mi renuncia no está en juego. No vamos a ceder a chantaje político», aseguró luego en una rueda de prensa, donde señaló que el adelanto de elecciones «está en la cancha» del Congreso.
No obstante, el Gobierno mostró fisuras este jueves al conocerse la salida de Raúl Molina, el jefe de asesores de Boluarte, quien le acusó de falta de «gestos políticos sustantivos» y que no se hayan «atribuido aún responsabilidades claras» por los fallecidos en la crisis.
«Señora Presidenta, escuche a nuestra gente, a la gran mayoría que pide cambios», reza la carta de renuncia de Molina fechada el 1 de febrero y divulgada este jueves por la prensa.
Boluarte, que declinó comentar las declaraciones de su exasesor, ya ha tenido que afrontar las renuncias de cinco de sus ministros desde que asumió las riendas del país en diciembre pasado.
En paralelo, las protestas continúan en diversas zonas del país, incluida Lima, donde en la mañana decenas de pobladores de Puno y Cusco (sureste) se movilizaron a las puertas de los dos principales canales de televisión privada del país.
«No informan la verdad»; «Prensa genocida», se leyó en pancartas de los manifestantes, que consideran que la cobertura de esos medios favorece al Gobierno.
En el sur andino, región históricamente postergada, seguían los bloqueos de rutas. Mientras en Junín, centro andino del país, decenas de ciudadanos mantienen bloqueada la carretera central, principal vía para la llegada de alimentos a la capital.
En Cusco, la capital del imperio Inca, joya del turismo en Perú, también tenía lugar un paro de trabajadores y movilizaciones en las calles y la plaza central de la ciudad.
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