Lima. El Congreso de Perú aprobó el viernes una demanda constitucional contra el derrocado expresidente Pedro Castillo por presunta corrupción, un paso hacia una acusación judicial formal.
Castillo ha estado en prisión preventiva en Lima desde su abrupto derrocamiento y arresto el 7 de diciembre después de que intentó cerrar ilegalmente el Congreso para evitar un juicio político por las acusaciones de corrupción, que él niega.
La tormenta política ha provocado los peores disturbios en Perú en décadas. Decenas de personas han muerto en violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, así como en accidentes de tráfico y otras cuestiones relacionadas con los bloqueos de carreteras que se han producido a continuación.
La denuncia del viernes permite a la procuradora general, Patricia Benavides, acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial de Perú.
Durante el debate en el Congreso, Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, se negó a presentar una defensa y dijo que quería participar personalmente. Pachas solo reiteró la negación de corrupción de Castillo y la negación de la acusación de pertenecer a una organización criminal.
El Congreso también aprobó denuncias contra dos exministros de Castillo acusados de participar en sobornos relacionados con la construcción de un puente y en la compra de combustible para la petrolera estatal Petroperú (PETROBC1.LM) .
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