Mientras en las inmediaciones del Congreso se desataban fuertes desmanes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, en el recinto de la Cámara de Diputados avanzaba anoche, en medio de un clima de tensión, en el debate del megaproyecto de ley del Gobierno. Al caer la tarde la Casa Rosada envió una contrapropuesta con nuevas modificaciones al texto con el propósito de destrabar la aprobación de los artículos más conflictivos y que para el oficialismo resultan claves, entre ellos los referidos a la privatización de empresas públicas.
Inquietos ante la posibilidad de una derrota en el recinto, una delegación de emisarios libertarios encabezados por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei -luego llegó el ministro del Interior Guillermo Francos- aterrizó en la Cámara de Diputados. Poco después comenzó a circular entre los bloques de la oposición dialoguista un texto remozado del dictamen con nuevas modificaciones. En uno de los capítulos más conflictivos, el de privatizaciones de las empresas públicas, el oficialismo accedió a a acortar de 36 a 27 las compañías a ser declaradas sujetas de privatización total, mientras que otras tres –Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica- podrán ser privatizadas parcialmente.
Si bien esta contrapropuesta ayudó a bajar los niveles de tensión en las vísperas de la votación en particular del articulado -prevista para mañana-, puertas afuera del Congreso manifestantes de izquierda y del kirchnerismo protagonizaban, por segundo día consecutivo, choques con las fuerzas policiales desplegadas por orden la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El clima de tensión se trasladó de inmediato al recinto, donde el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó a los gritos que el debate pase a un cuarto intermedio. Su moción fue rechazada por el resto de los bloques.
Fue el momento más caliente de un debate que había recomenzado al mediodía y que transcurrió, desde entonces, sin mayores complicaciones. La aprobación en general de la iniciativa -prevista para esta madrugada- estaba asegurada; incluso se auguraba una mayoría holgada -entre 140 y 150 votos- al momento de la votación. Pero ése nunca fue el motivo de preocupación; lo que más inquietaba al oficialismo y a los adláteres de Pro -en todo momento actuaron en tándem- era la votación en particular de los artículos claves: privatizaciones, facultades delegadas al Poder Ejecutivo y las atribuciones para tomar deuda externa.
El capítulo sobre privatizaciones es uno de los puntos más cuestionados del texto; hasta la llegada de la nueva contrapropuesta, todos los bloques opositores -salvo Pro- se disponían a plantear modificaciones. Los artículos sobre facultades delegadas tampoco reunían mayoría para ser aprobados; pese a que el oficialismo acotó de 11 a 6 la cantidad de emergencias a ser declaradas durante este año, sectores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal anticiparon su voto en contra. La aprobación de este punto, crucial para los intereses de la Casa Rosada, corrió serio riesgo cuando los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, molesto por el rechazo del Gobierno a coparticipar la recaudación del impuesto PAIS, dejaron trascender ayer que no acompañarían la redacción.
Con la llegada de la contrapropuesta, las tensiones comenzaron a aflojarse aunque todavía no está dicha la última palabra.“En principio este nuevo texto acerca bastante las posiciones, vamos a evaluarlo”, indican desde los bloques del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal.
Cambios en privatizaciones
En el texto original del proyecto enviado al Congreso, el Gobierno se proponía privatizar de manera total un listado de 41 empresas públicas; ante las resistencias de la oposición, accedió a excluir a YPF y reducir el listado a 36 empresas; además, concedió que otras tres compañías -Banco Nación, Nucleoelétrica y Arsat- puedan ser privatizadas solo parcialmente.
Sin embargo, los bloques de oposición dialoguista -salvo Pro- insistieron en marcar su rechazo; no estaban de acuerdo con concederle al Gobierno la potestad de privatizar in totum semejante cantidad de empresas públicas; además, reclamaban que se incluyera en la iniciativa un mecanismo de control parlamentario exhaustivo sobre los procesos de privatización que se llevaran adelante.
En la nueva contrapropuesta del Gobierno, se accedió a excluir de las empresas sujetas a privatización total a siete compañías: Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En cambio, permanecen en el listado Administración General de Puertos; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Aerolíneas Argentinas; Correo Argentino; Yacimientos Carboníferos Río Turbio; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Energía Argentina; Intercargo; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Talleres Navales Dársena Norte; Nación Bursátil; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro; y Nación Servicios.
En el segundo anexo figuran Télam; Educ.ar; Contenidos Públicos; y Radio y Televisión Argentina. Y en otro paquete aparecen Administración de Infraestructuras Ferrovarias; Operadora Ferroviaria; Belgrano Cargas y Logística; Ferrocarriles Argentinos; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario; y Corredores Viales.
La contrapropuesta descomprimió la tensión en torno a la aprobación en particular del megaproyecto del Gobierno. En efecto, tomó varias de las sugerencias de los bloques de oposición dialoguista, que reclamaban no solo acortar y segmentar el número de empresas a ser privatizadas; también reclamaban especificar las potestades que tendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones para ejercer el control de los procesos, en cuanto se pongan en marcha.
En la contrapropuesta, el oficialismo establece que la Comisión Bicameral “podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo”. Asimismo, se establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con esta comisión.
Por otra parte, en su contrapropuesta el oficialismo también accedió a eliminar la declaración de emergencia en materia fiscal, con lo cual quedarán en seis la cantidad de emergencias a ser declaradas: económica, financiera, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa.
En lo que el oficialismo no dio el brazo a torcer es en el artículo referido a la toma de deuda en moneda extranjera; en efecto, en la contrapropuesta se insiste con derogar el artículo primero de la norma aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández que establece límites para contraer deuda externa.
P/ag.agencias.ln.ls./gr.
