martes 8 octubre 2024

Fuerte rechazo de la Iglesia a la iniciativa de Milei para bajar a 13 años la edad de imputabilidad

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El Gobierno acaba de generar un oponente de peso a su apuesta para bajar la edad de imputabilidad penal a 13 años: la Iglesia católica. En paralelo con el inicio esta semana de su tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados, varios obispos y organizaciones católicas salieron a manifestar su objeción con la iniciativa de la administración de Javier Milei.

Consideran, centralmente, que “el hilo se cortará por los más fino” en vez de combatir a los mayores que “los envenenan con la droga o los usan para delinquir” y de atender las causas de fondo que llevan a los menores a delinquir, como la educación.

En base al argumento de la peligrosidad de que los menores de 16 que delinquen queden libres y reincidan, y la “situación de injusticia” que genera el hecho de que queden impunes, el proyecto oficialista crea un régimen penal para adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código penal que establece una pena máxima de 20 años, pero prohíbe la reclusión perpetua. Los menores serían encarcelados en “establecimientos especiales” o “secciones separadas” de las penitenciarías.

El primero en hablar públicamente del proyecto fue el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi -un clérigo muy apreciado por Francisco, que lo puso al frente de la arquidiócesis cordobesa -, quien consideró que bajar la imputabilidad “no es el mejor camino (para combatir la delincuencia juvenil), por lo que sería mejor pensar otro modo, sobre todo en la línea de la educación porque en el fondo todos nuestros críos que delinquen tan chicos están sin educación, están en la calle”.

En declaraciones radiales, Rossi admitió el tremendo dolor que sufren los familiares de una víctima fatal a manos de un menor, al señalar “que ciertamente se siente mucha bronca cuando un crío de 15 años mata a un pariente, a un ser querido”. Pero dijo creer que “estructuralmente la solución más real tiene que ir por otro lado, tiene que estar en línea con la contención, en línea con la educación de los chicos y, cuando llegue el momento, en línea con el trabajo”.

Por su parte, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, se preguntó: “¿Por qué los menores que cometen delitos están bajo la línea de la pobreza? ,¿por qué no delinquen quienes asisten regularmente a la escuela, comen bien, duermen de un modo adecuado, practican deportes, participan de fiestas? Estos niños nunca durmieron a la intemperie, no vieron de cerca un arma, no tienen familiares, ni vecinos en la cárcel”. Aunque, aclaró, “no todos los que no terminan la escolaridad son delincuentes”.

“Ante un problema serio que emerge, se propone una solución espasmódica: adelantar la edad de ingreso al penal, como si fuera un camino corto que resuelve el problema, pero sin ir a la raíz”, lamentó. Y completó: “Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado”. Además, objetó que “se piensa gastar más dinero en construir cárceles o dependencias para bajar la edad de imputabilidad e ingresar a menores desde los 13 años, pero no se propone invertir en espacios de prevención”.

Uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires, Gustavo Carrara, también se interrogó sobre si “el problema son los menores pobres en conflicto con la ley o el problema profundo y de raíz es la decisión y voluntad de sostener a lo largo del tiempo una política de inclusión e integración social”. Y señaló que “los menores que son llevados al delito por organizaciones criminales son sus víctimas” y que “el Estado debe alejarlos de esa opción, en lugar de reafirmarlos en su rol de delincuentes”.

Carrara se manifiesta a favor de «un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza, con todas las garantías del proceso, sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, manteniéndola en 16 años. Esto sería más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, con la Convención de los Derechos del Niño. En ese marco aparecen caminos concretos: la justicia restaurativa, la mediación, la remisión de casos, las medidas no privativas de la libertad”.

Y concluyó citando al Papa Francisco: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a las políticas de inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás”, completa el pontífice.

En tanto, la Pastoral Social, la Vicaria de los Pobres y la Vicaria de los Jóvenes del arzobispado de Córdoba consideraron que “penalizar no es la solución” al problema y que «la realidad de los menores que delinquen debería ser abordada en toda su complejidad, poniendo el foco, principalmente, en el entramado de circunstancias socioeconómicas, psicológicas, familiares y culturales que están en su génesis”.

El presidente Javier Milei, un férreo defensor de la baja de imputabilidad, repite: “delito de adulto, pena de adulto”. Mientras, las encuestas parecen sonreírle porque arrojan que 7 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo con el proyecto. La Iglesia ya tuvo roces con el Gobierno a principios de año por la paralización del envío de alimentos a los comedores populares debido a una auditoria y luego por la retención de comestibles en dos depósitos.

P/ag.agencias.cl.sr.ln.ifb./gr.

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