Fue la respuesta al reconocimiento del Congreso de los Diputados español de considerar al excandidato venezolano, Edmundo Gonzalez, como presidente de Venezuela, Jorge Roddríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pidió aprobar de manera urgente una resolución para que su Gobierno rompa “de inmediato todas las relaciones” con el país europeo. Incluso, pidió cancelar los vuelos entre los dos países.
Ante las amenazas desde Venezuela, este jueves varios personajes políticos españoles reaccionaron. El ministro de Economía, Comercio español, Carlos Cuerpo, hizo un llamado a la calma y subrayó que su Gobierno siempre protege los intereses de sus empresas en el extranjero, que es necesario operar en un entorno “diplomático y geopolítico” y que por ahora no ha habido ningún cambio al respecto.
«Intentaremos proteger los intereses de nuestras empresas allí donde estén instaladas, también en Venezuela, e intentaremos mantener una relación comercial y de inversiones lo más predecible posible para los intereses de nuestras empresas», remarcó Cuerpo.
Por su parte, Borja Sémper, portavoz del partido Popular (PP) español, aseguró que las más recientes declaraciones del régimen de Maduro “son los estertores de un régimen que agoniza”. Al tiempo, pidió al poder español, en cabeza de Sánchez, a tomar una posición “digna” y coordinar los esfuerzos del bloque europeo para el reconocimiento de González Urrutia.
No obstante, Enrique Santiago, diputado de Sumar (coalición de izquierdas española), dijo este jueves que es necesario hacer “todo lo posible para que las relaciones entre España y Venezuela se mantengan como dos país hermanos que tienen que estar por encima del sabotaje político que realiza constantemente la derecha española a las relaciones con Venezuela”, tal y como recogen medios locales.
El detonante de la ira de Caracas
El miércoles 11 de septiembre, el Congreso de los Diputados español votó en su mayoría a favor de una moción simbólica que reconoce a Edmundo González Urrutia como vencedor de las presidenciales venezolanas.
Aunque se trata de un pronunciamiento no vinculante y no reconocido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Caracas amenaza con romper todo vínculo con España.
La votación de la proposición, impulsada por el opositor Partido Popular (PP), se produjo después de que el pasado domingo 8 de septiembre, Edmundo González Urrutia,, candidato opositor de las presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio, llegó a Madrid, luego de que las autoridades de su país emitieran una orden de captura en su contra.
Esto, como parte del caos político desencadenado en Venezuela tras los recientes comicios, tras los cuales el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro y en la que la oposición reclamó su victoria en los comicios.
Aunque Sánchez expresó que su Administración respalda la concesión de asilo a González Urrutia, como un «gesto de humanidad», a la iniciativa de la oposición conservadora española se opusieron los miembros del Partido Socialista Obrero Español, de Sánchez.
El Ejecutivo no reconoce como ganador ni a Maduro ni a González, debido a que las autoridades venezolanas no han publicado la documentación que demuestre o desmienta la reelección de Nicolás Maduro.
Según las actas recabadas en los centros de votación y expuestas por la oposición del país latinoamericano, González Urrutia ganó con alrededor del 70% de los votos. Caracas, que más de un mes después sigue sin mostrar las actas, asegura que las presentadas por los opositores son «falsas».
Ahora en territorio español, González Urrutia se reunió este jueves 12 de septiembre con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que prometió trabajar por la democracia de Venezuela.
Sobre el encuentro, González Urrutia señaló que le expresó al líder del Gobierno español su “interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos” de Venezuela.
Lapostura de España frente a la inestabilidad en el país latino parece ser como la del resto de países miembro de la Unión Europea. Desde que se conocieron las diferentes posturas frente a los resultados del 28 de julio, Madrid y sus socios se han limitado a exigir las actas de votación al Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), controlado por el oficialismo de Nicolás Maduro.
Sin embargo, las exigencias de las pruebas que sostengan la victoria de Maduro han sido desoídas por el CNE y el resto del Gobierno venezolano, ratificando el triunfo del chavista y calificando las posturas de la comunidad internacional como un «complot de la derecha». INT/ag.agencias.europapress/rp.
