Managua. El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, aprobó el viernes una reforma constitucional que otorga más poderes al presidente Daniel Ortega, a su esposa la vicepresidenta, así como a la policía y al ejército de la nación centroamericana.
La reforma aumenta el control del presidente sobre los medios de comunicación, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y cambia los roles de vicepresidente y presidente a los de «copresidentes».
La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, será ahora su copresidenta. Ambos están casados desde 2005 y ella fue nombrada vicepresidenta en 2017.
En los últimos años, Ortega ha tomado medidas enérgicas contra la disidencia. . Más de 200 presos políticos fueron liberados a principios del año pasado y expulsados a Estados Unidos, incluidos cinco ex aspirantes presidenciales que habían sido encarcelados después de intentar desafiar al cada vez más autoritario Ortega en las elecciones de 2021.
Bajo la nueva reforma, los copresidentes tendrán el control de los poderes legislativo, judicial y electoral, de la administración pública y de los órganos de control, así como de las entidades autónomas.
También exige que el Estado garantice que los medios de comunicación no estén «sujetos a intereses extranjeros y no difundan noticias falsas».
La reforma debe pasar una segunda votación legislativa el próximo año antes de convertirse en ley.
Los críticos del gobierno han dicho que las reformas legalizan el «poder absoluto» ya ejercido durante años por Ortega y Murillo.
La Organización de Estados Americanos, organismo diplomático regional, ha dicho que con la reforma Ortega y Murillo pretenden «aumentar su control absoluto del Estado y mantener su posición en el poder».
La reforma, que Ortega, de 79 años, envió el martes al Congreso «con carácter de urgencia», fue aprobada por unanimidad por 91 legisladores.
El jefe del legislativo, Gustavo Porras, confirmó durante la sesión de este viernes que la reforma será votada y aprobada por segunda vez el próximo 10 de enero, siguiendo la ley nicaragüense que dice que los cambios constitucionales deben aprobarse en dos periodos legislativos.
Porras desestimó las críticas a la reforma, calificándolas de «una forma estúpida de llevar a cabo la oposición».
Dora María Téllez, exguerrillera sandinista expulsada a Estados Unidos tras ser encarcelada en 2021, dijo a Reuters que además de darle «estatus constitucional a todo lo que viene haciendo la dictadura de facto», la reforma estaba allanando el camino para la sucesión de Ortega.
«La copresidencia le da a Rosario Murillo el poder total en Nicaragua, que ella terminará asumiendo cuando Daniel Ortega ya no esté», dijo Téllez, y agregó que la capacidad de los copresidentes para nombrar vicepresidentes «abre el camino para que los hijos de la pareja gobernante sean colocados constitucionalmente en la línea de sucesión».
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que los cambios marcaban una preocupante erosión adicional de los controles y equilibrios en el poder ejecutivo.
«Si se adoptan, estos cambios supondrán la sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua», dijo en un comunicado.
INT/ag.agencias.europapress/rp.
