En un nuevo round de la pulseada política del Gobierno con el Senado por la integración de la Corte Suprema de Justicia, el bloque kirchnerista de Unión por la Patria le advirtió al Gobierno que rechazarán las nominaciones del Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla si el presidente Javier Milei los designa en comisión por decreto sin esperar a que la Cámara alta le otorgue su acuerdo a los candidatos tal como lo establece el mecanismo contemplado en la Constitución Nacional.
La postura del principal bloque de oposición de la Cámara alta fue oficializada por el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), quien le entregó en mano una nota firmada por la totalidad del bloque de Unión por la Patria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el final del informe que brindó durante más de siete horas en el recinto del Senado.
“Los abajo firmantes asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional”, sostiene la nota en su primer párrafo.
Esa cláusula constitucional fue a la que apeló Mauricio Macri cuando nombró en diciembre de 2015 por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte. Al final, el procedimiento nunca llegó a completarse porque meses después y acuerdo político mediante, ambos recibieron el acuerdo de la Cámara alta.
Para que no quedaran dudas, Mayans aclaró en el recinto: “Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, afirmó el jefe de la principal bancada de oposición antes de pararse y dirigirse a la mesa donde se encontraba el jefe de Gabinete para entregarle la misiva.
El alineamiento en el rechazo de la totalidad de los 33 senadores kirchneristas pone al Gobierno ante una encrucijada, ya que sin el aporte de Unión por la Patria, o de una parte de la bancada, le será imposible nombrar a Lijo y a García-Mansilla. La Cámara alta tiene 72 miembros y con 25 legisladores alcanzan para cerrarle la puerta de manera definitiva al apoyo de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para designar a un juez de la Corte. Fue lo que le pasó a Roberto Carlés cuando Cristina Kirchner fracasó, en 2015, en su intento por designarlo en el máximo tribunal.
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