El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio del caso Vialidad, condenó a Cristina Kirchner y es responsable de ejecutar la pena que quedó firme desde este martes, requirió la opinión del fiscal Diego Luciani, antes de decidir si le otorga la prisión domiciliaria a la expresidenta.
En un primer momento, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían pedido que se ordene la detención inmediata de Cristina Kirchner. Pero el juez rechazó ese planteo y ahora es él quien requiere la opinión del fiscal para una eventual prisión domiciliaria.
El fiscal Luciani debe responder ahora la consulta formulada por Gorini, tras lo cual el magistrado tomará la decisión sobre el cumplimiento de la condena de Cristina, a quien le dio cinco días hábiles para presentarse y quedar detenida, plazo que se cumplirá el próximo miércoles 18 de junio.
Apenas horas después de la Corte Suprema confirmó este martes la condena de Cristina, que supone una pena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la defensa de la exmandataria solicitó a través de un escrito de trece páginas, que se le conceda el arresto domiciliario sin tobillera electrónica.
«Nuestra asistida, en su condición de ex Presidenta de la Nación, cuenta con una custodia permanente a cargo de la Policía Federal Argentina, que sigue durante las 24 horas del día cualquier tipo de desplazamiento que la nombrada pueda hacer fuera de su domicilio. Ello ratifica la absoluta inexistencia de cualquier peligro», dijo el abogado.
Así las cosas, se sostuvo, «el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario».
A las razones de índole institucional, argumentó la defensa, «se suma otra circunstancia de relevancia dirimente para resolver de manera afirmativa la petición» del arresto domiciliario, como fue el intento de homicidio contra Cristina Kirchner.
A todos esos argumentos se sumó que el cumplimiento de una pena privativa de libertad «sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida».
Por otro lado, a fin de evitar «cualquier circunstancia que pueda importar un riesgo personal para nuestra representada y, al propio tiempo, un desgaste innecesario de los recursos de seguridad que posee el Estado, solicitamos que todas las notificaciones personales que deban efectuarse a Cristina Fernández de Kirchner sean practicadas por medio de una audiencia virtual (vgr. zoom)», dijo el abogado.
Ahora la palabra la tienen los fiscales. Y luego decidirá el juez Gorini, quien le dio cinco días hábiles a Cristina para presentarse y quedar detenida.
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