El miércoles, tras un nuevo ataque atribuido a los grupos radicales mapuches —en este caso contra un tradicional club en la localidad rionegrina de El Bolsón— , la gobernadora Arabela Carreras le exigió al Gobierno nacional que enviara fuerzas federales a la provincia.
La respuesta del Presidente Alberto Fernández a la Gobernadora Carreras, fue a través de una carta en la que afirmó que «no es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región». Es decir el Estado Nacional se desentiende de un problema que está bajo investigación de una fiscalía federal, el cual es calificado, en fuentes políticas. como actos de terrorismo.
En el texto, el primer mandatario, aseguró también que “es la propia Ley 24.059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñadas en el restablecimiento de la seguridad interior”. Es decir que la Casa Rosada, no considera que las acciones violentas de los autodenominados mapuches que operan en la región cordillerana de las provincias de Río Negro, y Chubut.
Tampoco se interpreta en el Ejecutivo nacional que este grupo de mapuches, se mueve bajo la consigna de: «El Estado en sí, esa concepción de organización político-territorial, es una concepción occidental. Nosotros planteamos la reconstrucción del poder de las comunidades, en las mismas comunidades, bajo nuestros parámetros ancestrales. En este momento, específicamente en el proceso de recuperación de tierras, se puede decir que del alambre para adentro no hay Estado. No existe el Estado argentino, no existe el Estado chileno. No existe tampoco la lógica de la propiedad winka».
La proclama de los autodenominados mapuches, bajo cualquier análisis, revela una intención de insurgencia a la que el Gobierno Nacional debería prestarle atención, pero pese a esto, el Presidente le recomendó a la gobernadora que «sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.
Sin embargo en un giro, que parece contradecir su posición inicial, Alberto F señaló que como su Gobierno «sostiene como esencia del desarrollo político una excelente relación con los gobiernos provinciales», había decidido, a través del Ministerio de Seguridad, «asistir en esta ocasión a la provincia» con efectivos de Gendarmería «que patrullarán la zona en cuestión».
Por su parte, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, en declaraciones a Radio Del Plata, había salido, con su acostumbrado tono altanero, este jueves a responder el reclamo de la gobernadora: «No señora, está equivocada, no es nuestra obligación [enviar fuerzas federales]», dijo. En pocas palabras el responsable de la seguridad nacional, se desentendió del caso.
En una pretendida clase de derecho le manifestó, públicamente, a la Gobernadora: «Es cuestión de leer la ley de Seguridad Interior y se dará cuenta [de] que la participación de las fuerzas federales en la provincia solo está habilitada por la ley cuando hay complicaciones respecto a restituir la institucionalidad», Aníbal Fernández tiene una visión particular sobre la Ley, o desconocía al momento de su respuesta que es una fiscal federal la que está investigando los hechos vandálicos de los pseudos mapuches.
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