El 31 de marzo se acerca, fecha que el Presidente Alberto Fernández se fijó para concluir un mega acuerdo con el FMI que le facilite la negociación con los bonistas, pero hasta ahora del organismo internacional solo se escuchó decir que las conversaciones en Buenos Aires son constructivas.
Mientras tanto ninguna señal concreta se tiene respecto a conversaciones con los Fondos tenedores de la deuda argentina. Solo se conocen las conversaciones que el Presidente mantuvo con líderes europeos, pero sin información respecto a consultas en New York, Londres o Ginebra, donde anidan los duros y avezados acreedores cargados de fuerte desconfianza hacia los inquilinos de la Casa Rosada.
En este escenario navega Alberto Fernández con su peligroso juego de la ambigüedad. Se escuchó decir al Jefe de Estado que tiene un plan A y otro B, públicamente se ignora de qué se tratan. Un acuerdo no es fácil, pero alentar la incertidumbre puede resultar sumamente riesgoso. Tensar la cuerda forma parte de toda negociación, el riesgo es saber hasta donde para que no se rompa.
La política de la dureza extrema resultó un fracaso de la gestión Axel Kicillof. El Gobernador amenazó con entrar en default provincial, pero finalmente aceptó pagar los doscientos cincuenta millones reclamados por los inversores. Un Kicillof que lo muestra con poca eficacia de negociación, basta recordar el acuerdo que firmó como Ministro de Economía con el Club de París, que ahora el actual Martín Guzmán intenta renegociar.
Las declaraciones públicas de los funcionarios de la administración Fernández no parecen alentadoras para generar un clima de negociación, «No será ni amigable ni agresiva, será sostenible» afirmó en el Congreso Nacional el Ministro Guzmán, quien advirtió a “los bonistas que se sentirán frustrados”.
En una inesperada exhibición confrontativa de Guzmán, quién hasta ahora había exhibido moderación en sus exposiciones, profundizo sus advertencias a los bonistas, «Nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica».
Ante los legisladores nacionales el Ministro de Economía afirmó: «Lo que hacemos lo hacemos porque nosotros queremos. Nosotros tenemos el control. Argentina no permite que haya condicionalidades al programa económico. No tengan duda de que este equipo de gobierno defenderá los intereses del pueblo argentino».
Estas sorpresivas manifestaciones, que algunos especulan que están dirigidas a las internas de la Coalición Gobernante hizo, sin embargo, crecer el estado alerta de los acreedores que las sumaron a las declaraciones críticas al FMI de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, formuladas en La Habana.
Los datos disparados oficialmente que en el mejor de los casos el equilibrio fiscal se alcanzará en 2022 y que recién una año más tarde Argentina podría mostrar superávit, agregan incertidumbre a las conversaciones con los enviados del FMI que se encuentran en Buenos Aires.
Sin embargo, los analistas del Fondo a pesar de estar acostumbrados a los dobles discursos, toman en cuenta estas expresiones a las que suman los dichos de Cristina Kirchner sobre el FMI, que fueron respaldados por el Presidente Fernández y que formaran parte de un informe que antecederá a la negociación de los 44.000 millones de dólares, que Argentina le adeuda al organismo internacional.
Los embates sobre el manejo de las negociaciones por la Deuda, en principio parecía un resorte exclusivo del Presidente Fernández, comenzaron a crecer desde los rincones más radicalizados del Cristinismo, y alientan las dudas que crecen sobre cuál es el nivel de poder de la Vicepresidenta, más allá que Alberto Fernández asegura que tiene “la lapicera y los cartuchos de repuesto”.
Por cierto que de esa “lapicera” esperan los acreedores conocer cuál es el plan económico que permita a la Argentina implementar pagos, pero en esa confrontación la Casa Rosada sostiene que el plan económico se dará a conocer recién cuando se halla resuelto el tema de la deuda.
Parece haber caído en el olvido una frase del entonces candidato Alberto, “Cristina y yo somos lo mismo”. Los diálogos entre ambos en la actualidad solo son conocidos por ellos, y la pregunta en los mercados financieros es quién definirá el encauzamiento de la deuda de Argentina, o si el país se encamina a un nuevo “default”.
El acuerdo con el FMI resulta clave, para una negociación posterior con los Fondos, y en particular para comenzar a genera una perspectiva de reactivación de la economía. Poco tiempo le queda a la administración Fernández para resolver la crisis, a partir del segundo trimestre comenzaran los vencimientos que Argentina no está en condiciones de pagar y están en juego no solo la economía sino también el poder político del Presidente.
Fuente: VFN/rp.
