El conflicto por la usurpación denunciada por Miguel Etchevehere, de la estancia Casa Nueva, se mantiene latente. El juez subrogante de la Paz, Raúl Flores, postergó la decisión sobre el conflicto. Por su parte el gobernador Gustavo Bordet, manifestó en declaraciones públicas que se trata de un “conflicto familiar”, y que acatará “lo que determine el juez”.
Ante la protesta de los productores de la región, que advierten sobre el peligro de las tomas de tierras, como también a la falta de seguridad en el campo, que entre otras situación denuncia la ruptura de silos de granos. Bordet descartó que en la provincia vaya a ocurrir lo que está pasando en otras regiones del país y afirmó “la usurpación es un delito” y aseguró que quiere «llevar tranquilidad a los productores entrerrianos de que no serán vulnerados sus derechos a la propiedad».
Según el mandatario provincial, que habló con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, este le afirmó: “que el presidente no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada, y la posición del gobierno nacional es clara en este sentido».
Bordet enfatizó: “Esto es importante decirlo porque hay algún temor de que esto se repita en otros lugares de la provincia, y esto es imposible que suceda porque estamos garantizando en la provincia que no ocurran, y tampoco hay ánimo de nadie de querer intrusas campos».
Mientras tanto los productores agropecuarios de la región, reclaman que Juan Grabois salga de la provincia, ya que integrantes de su agrupación ingresaron a Casa Nueva mediante una presunta donación de Dolores Etchevehere para desarrollar el denominado “Proyecto Artigas”.
Este proyecto, según su sitio público, describe que se trata de: “Una red integrada por movimientos sociales, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente que, movilizados por la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común, actuamos conjuntamente en aquellas causas donde se vulneran los derechos de la tierra; causas que han sido ignoradas, cajoneadas y/o boicoteadas por las propias instituciones de la República, corrompidas por los privilegios de quienes usan el poder en su provecho, en un sistema estructuralmente perverso.”
El juez Flores debe tomar una decisión a más tardar éste viernes. Sobre su escritorio ya tiene la resolución de los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa que habían solicitado el desalojo en sintonía con el pedido de la querella a cargo de Rubén Pagliotto quien patrocina a Las Margaritas SA, propiedad de los hermanos Etchevehere. Por su parte, los defensores técnicos solicitaron la absolución de sus defendidos ya que aseguraron que Dolores Etchevehere tiene derechos hereditarios sobre la estancia Casa Nueva, ubicada a un kilómetro y medio del acceso a la ciudad de Santa Elena -departamento La Paz- de la provincia de Entre Ríos.
En la primera audiencia estuvieron también presente la Auxiliar Técnica de la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, Gabriela Carpineti; y la titular del INADI, Victoria Donda, quien solicitó intervención tras conocerse una convocatoria de productores agrarios a la cual desde el organismo calificaron como ilegal.
Según consta en el expediente, fue Donda quien interrumpió el desarrollo de la audiencia denunciando el ingreso, bajo presuntas amenazas, de 4 productores al casco de la estancia que quedó registrado por un video publicado por el Proyecto Artigas en sus redes sociales.
Por su parte el exministro Luis Miguel Etchevehere cargó contra el gobernador entrerriano Bordet y al gobierno nacional y acusó al Gobierno de «apoyar con funcionarios» la «usurpación de tierras» en conflicto con su hermana, Dolores, así como también se quejó de que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, «deja pisotear el federalismo». En su cuenta en las redes sociales Etchevehere escribió: «El Gobierno nacional apoya con funcionarios a (Juan) Grabois en la usurpación de tierras en Entre Ríos. Que hacían Donda y Verón en audiencia de partes??».
Quien le respondió a Luis Etchevehere fue la directora nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a Justicia, Gabriela Carpinetti dijo: «Soy abogada y entre las funciones de la Dirección está la asistencia legal y psicosocial a víctima de delitos. Desde que tomamos conocimiento de los hechos denunciados por Dolores Etchevehere entendimos que era víctima de un conjunto de delitos y que también estaba en riesgo el acceso a Justicia tanto en materia civil como penal. En ese momento decidimos empezar a asistirla, además de los abogados con que cuenta.»
También Victoria Donda, titular del INADI, dijo en declaraciones públicas que decidió participar tras una denuncia recibida de Dolores Etchevehere -hermana del exministro que anunció una cesión en favor de un proyecto agroecológico que impulsa Juan Grabois- por presunta violencia económica y psicológica. Además, por supuestos actos de discriminación vistos y escuchados en las redes sociales contra las personas que se encuentran dentro de la propiedad.
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Entre Ríos. Estancia Casa Nueva, una usurpación de tierras que se busca derivar a un conflicto familiar
