El episodio ocurrido en la estancia Casa Nueva, en Santa Elena provincia de Entre Ríos, que fue ocupada por integrantes de una organización liderada por Juan Grabois, profundizó la preocupación que ya existía sobre esa modalidad. El interbloque de Juntos por el Cambio, ante la reiteración de estos hechos, emitió un comunicado en el que repudian las usurpaciones y reclama “la intervención del Gobierno nacional, a los efectos de preservar el derecho a la propiedad privada y aventar, al mismo tiempo, cualquier hecho violento que ponga en riesgo la tranquilidad pública”.
Si bien situaciones de características similares han ocurrido en distintas regiones del país, el episodio de Casa Nueva, adquirió mayor trascendencia porque se trata de un campo perteneciente a la familia de Luis Etchevehere, ex ministro de la gestión Macri. El reclamo fue presentado a la Justicia, dos fiscales pidieron al juez Raúl Flores que se autorizara el desalojo, pero el magistrado rechazó el reclamo, y dictaminó que se trata de un problema hereditario, en el que está incluía Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro, quien donó su parte en el campo a la organización “Proyecto Artigas” que lidera Juan Grabois.
El conflicto escaló cuando según Luis Etchevere, en declaraciones a los medios, reveló: “Acabamos de recibir una comunicación del juzgado, que no está firme y que vamos a apelar, pero que nos prohíbe expresarnos. O sea que en la Argentina, no solamente que no se respeta la propiedad privada, a los legítimos dueños de los inmuebles y sus derechos, sino que también se protege más a aquellos que violan la propiedad privada y entran por la fuerza, que mediante la intimidación ocupan los bienes que no les pertenecen”, cuestionó el ex ministro.
El comunicado del Interbloque de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), señala en uno de sus párrafos: “Cuando un gobierno duda en hacer cumplir la ley y en auxiliar a la Justicia para hacer valer los derechos constitucionales, ingresamos en un terreno conflictivo de resolución azarosa. Porque se pone en juego la legitimidad en el ejercicio del poder y la incertidumbre se apodera de los diversos actores económicos y sociales, perjudicando el trabajo, la producción y el desarrollo sostenible de la Argentina.”
En otro tramo dice: “Observamos con sorpresa la falta de reacción de la administración central cuando el delito se expande por todas partes. Las usurpaciones de tierras son señales de inseguridad legal que dañan la credibilidad del Gobierno nacional. Nosotros deseamos contribuir a la solución del problema desatado en un momento crítico de la pandemia y de volatilidad cambiaria.”
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Al reiterarse la toma de tierras en distintas localidades del país, JxC pide la urgente intervención del Gobierno.
