Por Atilio Molteni – Embajador
Un mes después de las graves protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019 en Chile, y con el objeto de buscar una salida al clima de violencia destituyente y a la crisis de legitimidad del sistema existente, una gran parte de la dirigencia política de este país aprobó un documento denominado «Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución», que contiene una salida institucional y sentó las bases del Plebiscito nacional de 2020, cuya primera etapa tuvo lugar el 25 de octubre.
El plebiscito es un procedimiento de consulta popular previsto en la Constitución vigente, el último de los cuales tuvo lugar en 1989. Esta iniciativa se concretó después de ser discutidos 7 proyectos de ley que fueron unificados y aprobados en el Congreso. El 23 de diciembre de 2019 el presidente Piñera promulgó la ley 21200, que modifica el Capítulo XV sobre reforma de la Constitución existente.
El Acuerdo original fue firmado por dos de los partidos de derecha que integraron la coalición “Chile Vamos” que llevó a la presidencia en su segundo mandato a Sebastián Piñera -Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional-, pero también por los Partidos de centro izquierda: Socialista, Democracia Cristiana, Radical, Por la Democracia, Liberal, Revolución Democrática y Comunes.
No participó una parte del Frente Amplio y la extrema izquierda representada por el Partido Comunista, en rechazo a algunas de sus cláusulas, aunque se manifestaron en favor de la reforma. Otros pequeños partidos no lo suscribieron, o se constituyeron después de la fecha de dicho documento.
Los votantes (fue una convocatoria no obligatoria) se pudieron expresar a favor o en contra de una nueva Constitución, que reemplace a la vigente desde 1980 redactada durante la dictadura del general Pinochet. Una segunda pregunta se refirió al tipo de órgano que debiera redactarla, ya sea una Convención Mixta Constitucional, con una mitad que quedaría integrada por parlamentarios en ejercicio, y la otra por personas elegidas para esta instancia (172 en total), o una Convención Constitucional, integrada por 155 ciudadanos elegidos exclusivamente para redactar la Constitución.
En la votación del 25 de octubre se registraron 7.562.173 votos voluntarios, que superó al plebiscito de 1988, lo que es el 49% del padrón electoral y a pesar del Covid-19. El 78,27% de las preferencias fue para la opción Apruebo, mientras el 21,73% fue para la opción Rechazo. En tanto, respecto del órgano que redactará la nueva Constitución, la Convención Constitucional obtuvo un 78,99% y la Convención Constitucional Mixta, que resultó perdedora un 21.01%. El resultado fue tan amplio como anticipaban las encuestas, donde la participación de nuevos votantes jóvenes fue muy significativa.
El Gobierno del presidente Sebastián Piñera no se pronunció por ninguna de las dos opciones. Se debió a que ganó las elecciones de 2017 (por segunda vez) derrotando en dicha ocasión a la coalición de centro izquierda Nueva Mayoría, en un discurso político que incluyó una afirmación contraria a un proceso constituyente que, en cambio, había promocionado sin éxito su antecesora Michelle Bachelet. Las fuerzas del oficialismo de la UDI y RN estuvieron en contra de una nueva Constitución, pero no en su totalidad, pues los aspirantes presidenciales de estas fuerzas de derecha estuvieron en favor de su aprobación y, según las encuestas, también un tercio de sus votantes que favorecen un reformismo moderado.
De inmediato se inició la campaña de los partidos políticos para lograr apoyos del electorado con el objetivo de elegir convencionales constituyentes, siguiendo las normas existentes para los diputados. Debido a la pandemia, recién serán electos dentro de cinco meses, el 11 de abril de 2021, coincidiendo con la votación para alcaldes, concejales y gobernadores regionales.
Después, la Convención tendrá otros nueve meses, prorrogables por un máximo de tres meses más, para definir el texto de la nueva carta magna. En caso de que la derecha (que son pocos Partidos) logre estar muy representada en este órgano y mantenga una posición contraria a cambios sustanciales, la centro izquierda y otras fuerzas políticas (que suman por lo menos 15 partidos) no podrán avanzar, ya que se necesita el acuerdo de dos tercios de los convencionales y terminaría prevaleciendo la Constitución actual.
La siguiente etapa prevé dos meses de campaña, a cuyo final tendrá lugar un Plebiscito Constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta; en esta instancia el voto será ya obligatorio, concluirá el proceso constituyente y se pondrá en vigencia la nueva Constitución si es aprobada.
Es un proceso de casi dos años durante los cuales la población chilena tendrá grandes expectativas sobre la reforma constitucional sobre el sistema de Gobierno (presidencial amplio o condicionado, o parlamentarismo), pero también sobre temas como pensiones, salud y educación, pues las manifestaciones de 2019, centradas básicamente en reparar la desigualdad económica, social y política de la democracia chilena, dejaron una amplia agenda de cambios, cuya posibilidad de prosperar se verá en la campaña para elegir convencionales.
El origen de esta crisis se relaciona con los bajos sueldos, el desempleo, jubilaciones y pensiones muy menguadas, educación y servicios de salud muy costosos y el aumento de precios de los servicios brindados por compañías privatizadas. Todo ello dio lugar al intento de concluir con la indiferencia gubernamental, desarrollada por amplios sectores de la población (La clase media abarca al 65 % de la población, y comprende una clase media baja y muy vulnerable).
Estas expresiones de rechazo fueron motorizadas por las redes sociales cuyos textos invocaron la marcada desigualdad económica y la falta de movilidad social al compararse con los gigantescos ingresos que obtienen los sectores privilegiados. También pusieron de relieve la generalizada insatisfacción popular ante el papel que cumple la dirigencia política del país, lo que califica tanto al actual Gobierno como a los cinco presidentes de centro izquierda que gobernaron Chile a partir de la transición hacia la democracia (1990).
A pesar de esa percepción social, ese país fue considerado como el ejemplo a seguir por Latinoamérica desde el punto de vista neoliberal, debido al impresionante éxito obtenido en la reducción de la pobreza. Según un Informe de la CEPAL, hace treinta años en ese nivel entraba más del 50 % de la población chilena, calificación que hoy parece alcanzar al 10.7 % (condicionado por la pandemia). Además, en 2010 Chile fue el primer Estado sudamericano en ser admitido a la OCDE.
Los portavoces chilenos en los foros internacionales siempre han enfatizado la apertura de su economía y la existencia de una política comercial orientada a insertarse profundamente en el mundo global, buscando el crecimiento económico como factor prioritario. De hecho, en los años de elevados precios para los commodities de origen mineral, el PBI creció a un nivel anual promedio del 5.5 % anual (período 1990 a 2011), y después decreció como ocurrió con otras materias primas.
Ahora la responsabilidad recae sobre los partidos políticos y quienes sean elegidos como constituyentes, para llegar a acuerdos sobre una Constitución que consiga mejorar las condiciones de vida de los chilenos, en una tarea que debe estar orientada a otorgar mayor bienestar y calidad de vida.
Estas metas políticas e institucionales, se verán favorecidas por una mayor creación de riqueza y una distribución del ingreso mas equilibrada, algo que es difícil alcanzar solo enarbolando el texto de una nueva Constitución, pero el país transandino ha buscado un método democrático para tratar de superar la violencia entre sus habitantes, y puede convertirse en el ejemplo a seguir por otros países de la región.
Atilio Molteni – Embajador
IN/BN/CC/rp.
