La quita de fondos a la administración Rodríguez Larreta fue aprobada por 129 votos diputados, del Frente de Todos y sus aliados, entre ellos seis que representan a los ciudadanos porteños, 116 en contra de Juntos por el Cambio y siete abstenciones. El eje de la discusión es que la administración Larreta, se queda sin $ 55.500 millones para el presupuesto 2020 de operación de la Policía de la Ciudad. El proyecto de Ley ya contaba con media sanción del Senado, pero en Diputados el bloque oficialista admitió que una comisión, en el lapso de 60 días, determine los fondos que debe recibir CABA para solventar el funcionamiento de la Policía de la Ciudad.
En un debate extenso e intenso el diputado de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, señaló: “Esta ley reduce el coeficiente de la CABA al momento previo al de la transferencia de los servicios de seguridad. En el presupuesto 2020 significan casi $ 80.000 millones anuales, y este proyecto de ley dispone volver a un coeficiente del 1,40% como cuando la CABA no tenía ese servicio en plenitud, y aportar solo $ 24.500 millones anuales para compensar la transferencia.”
En sus considerandos el legislador advirtió: “Es un absurdo constitucional y político que más que dañar a Larreta o la coalición opositora del gobierno nacional que está a cargo de la ciudad, lesiona a cada uno de los vecinos y vecinas de la CABA, que con esta decisión corren el riesgo de estar más desprotegidos.”
Pero la conducta observada por el Gobierno Nacional, debe ser tenida en cuenta por otros estados provinciales, y respecto a esta Ley Menna enfatizó: “sienta un precedente gravísimo y peligroso para las demás provincias y para el propio sistema federal, ya que con este proceder se está cohonestando que la Nación puede avanzar unilateralmente y sin acuerdos sobre las provincias, sacándole recursos de coparticipación a la provincia que se le ocurra para quedárselos la Nación o para dárselos a la provincia que se le antoje, de acuerdo a criterios de simpatía política o de apriete.”
En los fundamentos expuesto por JxC, se insiste en señalar que la ley es manifiestamente inconstitucional, y además profundiza la inconstitucionalidad del decreto 735/20 por el cual se bajó el coeficiente de coparticipación de la CABA del 3,50% al 2,32%, que con esta ley se lo reduce al 1,40% y porque viola el art. 75 inc. 2 CN que define a la coparticipación como un convenio. Acá no se trata de ley o decreto, sino de federalismo de concertación. En ningún caso se puede avanzar sin conformidad de las partes, como ocurre en cualquier contrato.
Por cierto la ley 26.288, que reformó la Ley Cafiero y mandó que el Estado Nacional y la CABA acordaran la transferencia a esta última de los servicios de seguridad de carácter no federal prestados en Buenos Aires, en una cláusula transitoria ordena celebrar los convenios necesarios para llevar adelante esa transferencia desde la Nación, que se concretó en acuerdo del 5/1/2016 por el cual se dispuso transferir a la CABA el 100% del servicio de seguridad metropolitana (54 comisarías), el 75% del de bomberos, el 45% del resto de los programas, el 85% de los centralizados.
Esto significó pasar de la PFA a la CABA 20.248 efectivos sobre un total 44.158, es decir la Nación se desprendió del 45% de sus agentes policiales, casi la mitad de la fuerza, y supuso en aquel momento y sobre la base de los datos de la ejecución presupuestaria de 2015 un costo de $ 13.070 millones. El coeficiente del 3,75% que dispuso en su momento el dec. 194/16 tuvo en cuenta ese incremento ya que la coparticipación de CABA en ese mismo año había sido del orden de los $ 7.800 millones.
En su exposición el diputado Menna, insistió: “¿Qué es lo que se pretende con todo esto? ¿No asumir el costo de esa transferencia que por otra parte significó un alivio presupuestario para la Nación?. Lo cual nos conduce al segundo supuesto de inconstitucionalidad de este proyecto de ley: el art. 75 inc. 2 CN también ordena que cuando la Nación transfiere un servicio a una provincia o a la CABA, debe hacerlo con la correspondiente contrapartida de recursos.” y agregó: “Tampoco es cierto que lo que se le quitó a CABA con ese decretazo y la quita que esta ley va a profundizar aún más, vaya a favorecer la situación de las demás provincias. Los fondos que se le están quitando van a parar a Kiciloff.”
Desde el oficialismo el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González (del Frente de Todos) aseguró que “no hay animosidad” hacia la Ciudad de Buenos Aires y señaló que “las modificaciones cambian sustancialmente la media sanción del Senado”. Y explicó que previo al acuerdo bilateral entre ambas administraciones debe haber un dictamen técnico de la Comisión Federal de Impuestos.
Pero fue el jefe del bloque del Frente de Todos el diputado Máximo Kirchner, el que dejó en claro el carácter político de esta Ley y le envió un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta, a quien señaló como probable candidato presidencial de la oposición y con ironía remarcó: “Vieron que hay una maldición en la provincia de Buenos Aires: ningún gobernador llega a Presidente. En la Ciudad, hay una bendición: pareciera que el jefe de Gobierno siempre llega a Presidente. De La Rúa, Macri… Hacen lo mismo. Megacanje, blindaje, endeudamiento feroz con el FMI”, y completó en declaraciones a los medios: “Yo no sé si el actual jefe de Gobierno será presidente de los argentinos; ojalá sea el primero de Gobierno en hacer algo diferente a Macri y a De La Rúa ; cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno de la Ciudad, el país terminó patas para arriba”.
Fue el diputado de JxC Cristian Ritondo quién respondió a los dichos de Máximo Kirchner y dijo: “Ante las encuestas, el crecimiento de un posible candidato a presidente que gobierna la ciudad de Buenos Aires, había que atacarlo; no hay razones ni jurídicas, ni económicas, hay una sola razón que es política: a todo aquel que crezca sin pensar como ustedes hay que atacarlo, desfinanciarlo, hay que perjudicarlo, sin pensar que detrás hay millones de porteños y argentinos que viven, trabajan y estudian en la ciudad de Buenos Aires”.
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