Todo indica que quienes no respetan el orden que fija el Plan Nacional de Vacunación, están convencidos que como manifestó el Presidente Fernández, “colarse no es un delito”, a pesar que desde la agrupación Franja Morada, estudiantes de la Facultad de Derecho, UBA, en la que el Dr. Alberto Fernández es profesor de Teoría del Delito, desde 1985, le recordaron que podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos (art. 248 y subsiguientes del Código Penal) a quienes desde el Estado deberían controlar el cumplimiento del Plan de Vacunación aprobado en diciembre 2020.
En la provincia de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos, territorio del expulsado ministro de Justicia, Ginés González García, las denuncias de irregularidades en la vacunación surgen a diario, y ya están bajo investigación judicial. Se trata de un piedra más en el escándalo que se va expandiendo por diversas localidades bonaerenses, en las que las denuncias se reflejan a través de las redes sociales.
En Mar del Plata, el fiscal Javier Pettigiani, han abierto una causa a través de la Fiscalía de Delitos Económicos, en la que solicita la nómina de todas las personas que han sido vacunadas contra el Covid-19 y por supuesto quienes dieron y bajo que condición la autorización de inmunizarlas. Un primer trascendido muestra que en esa lista hay 6000 vacunados, todos menores de 70 años, incluso 10 dirigentes políticos marplatenses, bajo la condición de ser “personal de salud”.
Los datos que llegan hasta la fiscalía muestra que militantes de La Campora, todos con edades que oscilan entre los 18 y 21 años también fueron vacunados en el Hospital Bernardo Houssay, también bajo la calificación de “personal de salud”. Algunos “vacunados” hacen exhibición de sus vínculos políticos como el sindicalista Facundo «Apache» Villalba , de 32 años, representante de ATE y CTA, quien se retrató en Twitter y Facebook cuando fue vacunado. Otro fue Diego Lencinas, 44 años, también de CTA, a los que entre otros hay que agregar al abogado Guillermo Nicora, integrante de la agrupación Justicia Legítima, todos como “personal de salud”.
Pero en una primera lectura del listado que se desprende del SISA, se verifica la inmunización 6.858 personas, de las cuales 5.931 son menores de 60 y de ellos 2.887 son menores de 40 años, el 86% de la población total vacunada.
El fiscal Pettigiani, Fiscal plantea que, de comprobarse la inclusión indebida de personas en la vacunación, “se estaría malversando un recurso público y escaso, impidiendo que las personas consideradas de mayor riesgo puedan vacunarse”, lo cual resulta violatorio de los artículos 248, 260 y 261 del Código Penal Argentino, esta denuncia se tramita en la Fiscalía General del Distrito, del Dr. Fabián Fernández Garello.
Otra situación inexplicable ocurrió en Balcarce, donde se investiga como dosis remitidas al Hospital Municipal para vacunar a personal de salud, fueron derivadas a Buenos Aires donde fuer vacunado el ministro de Economía, Martín Guzman, junto con varios de su colaboradores, echo que motivo que el fiscal pidiera informes al Ministerio de Salud de la Nación, y organismos involucrados en el operativo para que precisen detalles del despacho de 450 vacunas que llegaron a ese distrito.
Las situaciones de irregularidad, se están investigando en distintas provincias, en Chubut una causa judicial investiga el robo de 30 dosis de la vacuna Sputnik V en el Hospital Regional e involucra al sindicato de Camioneros local, tramite que pasará a la justicia federal. Tras los allanamientos, el caso compromete al secretario general del gremio y exdiputado nacional, Jorge Taboada. Según los fiscales, se violaron “todos los protocolos de conservación y traslado de las vacunas, el orden fijado para la vacunación y el posterior registro de la aplicación de las dosis”.
En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil, ya recibió las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V y la oposición reclamó que se difundan listas de vacunados del Poder Ejecutivo provincial, diputados y concejales del oficialismo. En la provincia de Santa Cruz, una veintena de dirigentes políticos, funcionarios y una jueza de paz se vacunaron de forma irregular. Sin embargo, tres semanas después del escándalo, no hubo renuncias, ni sanciones, ni pedidos públicos de disculpas. Las tres denuncias radicadas en la Justicia no presentan avances. La Fiscalía de Estado no hizo denuncias ante la Justicia.
P/BM/v-vfn/gr.rp.
El vacunatorio VIP, se extiende por todo el país, funcionarios, sindicalistas, militantes y amigos del poder se siguen «colando en la fila»
