La depredación del calamar patagónico (Loligo gahi) en aguas circundantes a Malvinas es preocupante en lo que hace a la preservación de las especies, los ecosistemas marinos vulnerables como por los efectos políticos que representa. Es de esperar que la Argentina se despierte de la anemia diplomática en la defensa de los intereses de pesca y la protección de los ecosistemas en el Atlántico Sur.
En el caladero se captura el doble de lo que recomienda la pesca responsable y sostenible. Las últimas tres temporadas registran desbordes históricos, en particular en lo relacionado al calamar Loligo como Illex, y pone seriamente en duda que la pesquería en Malvinas este siendo gestionada conforme los códigos de buenas prácticas y directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La sobrepesca mostraría que no se observan estándares relevantes de evaluación de pesquerías y que se estarían afectando otras especies y hábitats del Atlántico Sur. Un ejemplo es la pesca del calamar Loligo en el 2021. La flota española, incluyendo aquella con bandera ilegal de las islas, se encuentra en plena campaña para completar la segunda zafra del año con una captura anual que podría superar ampliamente el record de las 100 mil toneladas registrado en 1995.
Una alarmante sobrepesca que refleja el exceso de permisibilidad de las autoridades coloniales del archipiélago. Una posible razón para ese descontrol podría ser que Malvinas ya no cuenta con los mismos márgenes de comodidad económica y comercial que le otorgaba el privilegio de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea.
Sin embargo, la colonia ha logrado con la tutela de España que 75 mil toneladas anuales de calamar Loligo sea exceptuado del pago de aranceles en la Unión Europea para el trienio 2021-2023. Las gestiones de la Secretaria General de Pesca española ante la UE, fueron determinantes para eliminar la tasa del 8% para el calamar Loligo y obtener un contingente arancelario autónomo (ATQ).
No habría que descartar que ocurra lo mismo con la pota y la merluza procedente de Malvinas, que hoy tienen un arancel de 6% y 15% respectivamente. Asimismo, las empresas pesqueras españolas, con anuencia de Madrid, están negociando para el loligo de Malvinas un sello de certificación del Marine Stewarship Council (MSC), una ecoetiqueta de pez azul emitida en Londres para garantizar respetabilidad pesquera.
Un propósito que persigue en este caso obtener un indicador para encubrir prácticas de pesca flexibles además de objetivos geopolíticos. Pretender una certificación MSC sobre recursos pesqueros en aguas que aún permanecen en disputa conforme a las Naciones Unidas, sería una afrenta de alcance político ya que técnicamente se encuentra en los cánones de pesca no documentada, no reglamentada y, por consiguiente, ilegal.
No obstante la sólida sociedad pesquera española británica en el Atlántico Sur bien podrían, por el peso de ambos gobiernos, obtener el MSC para el caladero Malvinas tal como lograron la excepción arancelaria ATQ de la Unión Europea.
Es de esperar que la Argentina se despierte de la anemia diplomática en la defensa de los intereses de pesca y la protección de los ecosistemas en el Atlántico Sur. Hasta ahora los resultados son desilusionantes.
Roberto García Moritán es ex vicecanciller
