Bogotá. Los nubarrones planean sobre el presidente Nicolás Petro, en el primer aniversario al frente del Ejecutivo y amenazan con tomar el protagonismo alrededor del mandato del presidente. El principal ‘talón de Aquiles’ del líder izquierdista llegó por un flanco inesperado: su familia. Su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, que aspiraba con seguir la carrera política de su padre, fue imputado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Petro Burgos fue detenido el 29 de julio y anunció que colaboraría con la investigación el 1 de agosto.
La trama guarda tintes telenovelescos: la investigación del ente público habría empezado cuando la exesposa de Petro Burgos, también detenida, denunciara que había recibido dinero ilegal para la campaña del ahora presidente, que nunca habría llegado a su destino, sino que se quedó en manos del hijo de Petro para engrosar su patrimonio. Sin embargo, en el marco de la colaboración con la Fiscalía, Petro Burgos aseguró que el dinero manchado sí habría llegado a la campaña de su padre, sin que este lo supiera. A la luz de estas revelaciones, el Congreso empezó una investigación contra el presidente: un sablazo más para el Gobierno.
Meses antes, otro escándalo estalló y afectó también a su círculo íntimo, implicando a uno de sus hombres de confianza y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, y su ex jefa de Gabinete, Laura Sarabia, en una insólita trama de escuchas ilegales y de seguimientos a una civil con recursos del Estado, según una Fiscalía que ha actuado con inusitada rapidez desde el cambio de gobierno.
El golpe para la legitimidad de la Administración ha sido estruendoso, y mantiene bajo dudas si el presidente no sabía de la entrada de esos dineros a su campaña.
Los escándalos golpean al presidente Petro y «lo han obligado a entrar en una posición defensiva», dice Gabriel Cifuentes, abogado y analista político, y han sido «carburante y gasolina» para una oposición desorganizada que ha encontrado en este argumento su filón para desestabilizar el Ejecutivo.
En todo momento, Petro se ha distanciado de la investigación y ha pedido que la Justicia siga su curso, incluso después de saber que podría implicar a su campaña.
«Nadie está por encima de la ley», recordó Petro en un comunicado. Para el analista, esta posición mantiene «un tono muy distinto» al que han tenido otros mandatarios colombianos cuando se han investigado sus entornos, basado históricamente en deslegitimar el poder judicial.
El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, analizó bajo 70 temas o indicadores la acción del primer año de Gobierno de Petro y concluyó que más del 66 % “son propuestas que aún no despegan o representan situaciones que se han agravado”.
En la escena internacional, Petro ha cultivado una imagen propositiva pero dentro de las fronteras colombianas están creciendo las decepciones en las que la luna de miel internacional de Petro no parece ser suficiente para cosechar popularidad de puertas para adentro. Según la última encuesta de la firma Invamer, solo el 33,8% de la población colombiana aprueba la gestión del presidente, frente a un 59,4% que la desaprueba.
El desencanto es innegable, especialmente después de que Petro empezara su mandato con un 56% de apoyo. Los colombianos empiezan a dudar de un presidente que prometió un cambio que llega solo de forma intermitente.
El político todavía tiene tres años por delante para contestar a los críticos que lo ven como un hombre de mucho discurso y pocos hechos: ¿cómo saldrá del último escándalo que imprime sombras a la financiación de su campaña? ¿Logrará reconstruir consensos y aprobar sus reformas en el Legislativo? ¿Cómo avanzará la agenda de la ‘paz total’ y la seguridad? ¿En qué cuajarán sus políticas sociales?
Los desafíos para Petro, cada vez de más alto calado, se siguen acumulando mientras sus bases permanecen fieles y la oposición lucha por encontrar forma de frente a las elecciones regionales del 29 de octubre, un termómetro crucial para medir las expectativas de los colombianos.
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