La diputada nacional del Juntos por Cambio y legisladora electa de la Ciudad Graciela Ocaña planteó al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que “estimule” o “instruya” a los fiscales para que eviten que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, se vayan del país, dada la cantidad de denuncias en su contra.
La nota de Ocaña señala: “Le solicito se instruya o de algún modo se estimule a los fiscales intervinientes en las distintas causas para que aseguren las medidas cautelares que sean necesarias o suficientes para que los imputados se mantengan a derecho y se pueda realizar oportunamente su juicio”.
El texto menciona que Alberto Fernández como Massa “se encuentran involucrados en gran cantidad de causas penales”. La legisladora revisó que entre el 1° de agosto de 2022 y el 1 de diciembre de 2023 Massa tuvo 27 denuncias (7 junto a Alberto Fernández), dos de la propia Ocaña, una por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la otra por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación federal.
En el caso de Alberto Fernández la legisladora contó 29 denuncias, 3 de ellas formuladas por ella. Y en todo su mandato contabilizó 108 denuncias penales en su contra, incluyendo la causa por la negativa a comprar vacunas al laboratorio Pfizer durante la pandemia, en la que Ocaña fue testigo.
La legisladora fundó su pedido en que tanto Fernández como Massa sugirieron que se van a radicar en el exterior. El Presidente se irá a España, donde se dedicará a la actividad académica, y Massa dijo tener ofertas laborales en Estados Unidos, de parte de fondos de inversión.
“Considero que las medidas que solicito por vuestro intermedio se adopten se encuentran claramente dentro de sus potestades como Procurador General de la Nación y titular del Ministerio Público de la Nación, entendiendo que esto permitirá el ejercicio eficaz de la acción penal pública y que de esta forma se promoverá la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad conforme lo dispone el artículo 120 de nuestra Constitución Nacional”, dijo la legisladora.
Sin embargo, la ley de Ministerio Público Fiscal, que consagra la independencia de los fiscales, prohíbe al Procurador General de la Nación dar instrucciones particulares a los fiscales en causas en trámite y sí autoriza a dar indicaciones de carácter general sobre política criminal.
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