Las palabras han sido vaciadas de contenido. Para acreditarlo no hace falta nada más que escuchar que quienes nos dicen que vinieron a decirnos la verdad, hace poco tiempo atrás nos decían verdades absolutamente opuestas y, lamentablemente, no es que lo sacamos de contexto o lo mal interpretamos. Basta con activar el play y escuchar el audio.
Las palabras aun devaluadas como lo están hoy en día, no son inofensivas; tienen el filo del cuchillo y la contención del abrazo. Cuando alguien vocifera “razón o sangre” está incitando a la violencia. Esa frase no defiende “la” razón sino “su” razón.
Dignidad, libertad, igualdad, legalidad, razonabilidad, proporcionalidad son los derechos esenciales que plasmaron nuestros constituyentes en el acta fundante de nuestra Nación. Son un sistema, se articulan entre sí, no son unos u otros, son todos. No son absolutos, pero en ninguna circunstancia pueden ser aniquilados.
La propia norma constitucional exige que las leyes que reglamentan el ejercicio de nuestros derechos no puedan alterarlos, ni hablar de los decretos acompañados con cualquier calificación.
Pero los DNU salen con tanta prisa que resulta difícil estudiar si están dentro de la órbita cedida por imperio de las circunstancias al PE, si se contradicen entre sí o si agravian garantías que no fueran entregadas por la presión, primero de la economía y después de la salud.
Crearon el falso dilema que enfrenta a cualquiera de nuestras libertades con la muerte. El miedo cierra todas las puertas de la institucionalidad y entonces ni siquiera analizamos los fundamentos de la cuarentena.
No evaluamos el costo psicológico, económico y social de la medida pero hoy debemos observar con la lupa que impone el estado constitucional de derecho lo que ocurre fuera de nuestras puertas cerradas con candado, y no es metafórico.
La salud sin duda es una obligación inalienable del estado. Lo era antes de la crisis epidemiológica actual aunque no lo hayan advertido las sucesivas administraciones que simularon inaugurar hospitales para atenderlas, pero se olvidaron de dotarlos de insumos y personal.
Otra vez los errores del estado deberemos pagarlos los ciudadanos, pero, ¿con qué moneda?. ¿También con la de los derechos y garantías?
A mediados de enero el Ministro de Salud y el Canciller fueron informados de lo que ocurría y de la necesidad de cerrar Ezeiza. Pero China quedaba lejos. Se olvidaron que a Ezeiza llegan aviones y no carruajes del medioevo. Pero despues que los pelotazos rompieron el jarrón chino que era herencia de la abuela, no tiene sentido retar a los chicos que jugaban a la pelota.
Lo cierto es que casi imperceptiblemente, porque estamos entretenidos tratando de esquivar a un virus que por ser invisible nos insume mucha energía, el estado constitucional va transformándose en estado policial.
El Ministerio de Seguridad es el brazo que ejecuta las restricciones que se nos impone a nuestra vida cotidiana. El Congreso de la Nación no funciona y lo que es aún peor, se pretende que la Justicia – un poder distinto que lo debe controlar, no reglamentar- le de autorización para hacerlo.
El Poder Judicial se ocupa de excarcelaciones y violencia doméstica, el control institucional está de feria.
La anomia social y el poco disimulado autoritarismo gubernamental obligó a que las prohibiciones sean seguidas de una promesa punitiva. Los DNU no pueden en ninguna circunstancia legislar sobre temas penales, por lo que fue necesario para vulnerar la prohibición, disfrazar las disposiciones afirmando que se trata de reglamentar una ley penal en blanco que cristalizó el Código Penal.
Nuestro país no atraviesa sólo una crisis epidemiológica, cuanto menos, atraviesa una crisis moral, institucional y económica. Creemos que las normas son máquinas de conceder deseos y por eso las leyes dicen lo que nosotros queremos que digan.
No adecuamos la voluntad al sistema jurídico sino que creemos que debe ser lo inverso, aumentando esa convicción en la misma medida que lo hace el poder que ostentemos.
Somos una sociedad que no podemos dejar de admirar a “Sarita” (fue mi primera reacción), esa señora que entendió que podía tomar sol en el Parque Tres de Febrero desoyendo deliberadamente las indicaciones normativas, porque ella sabía cuidarse sola.
Las medidas deben adoptarse dentro del marco constitucional posible. Pero el Poder Legislativo y el Judicial se retiraron de escena olvidando sus roles institucionales. Nada justifica su parálisis.
El miedo puede disculparlos la primera semana por la falta de contralor de los primeros decretos, pero creo que llegó la hora de recordar que cumplieron la mayoría de edad. El hilo con el que se cosen los expedientes no puede cerrar la boca de los jueces.
Pueden cuidar a sus funcionarios extendiendo al día completo la jornada, dividiendo al personal en distintos horarios para mantener el distanciamiento, habilitando líneas telefónicas y mails oficiales para evitar la concurrencia masiva a los Juzgados, hacer por internet todo lo que ese medio permita sin agraviar derechos de los operadores del sistema.
El miedo es un virus más poderoso que el Covid-19, pero deberíamos haber aprendido que cuando quienes ostentan el poder empiezan a menear las palabras crisis, emergencia, estado de excepción, nuestras garantías están en peligro.
Los límites que constitucionalmente se trazaron para impedir el avance de los poderes públicos sobre nuestros derechos, resultan corroídos por el óxido de esas palabras y lentamente dejan de ser obstáculo a ese avance.
El coronavirus pasará. No es una guerra ni un tsunami, quedarán nuestras rutas, nuestros puertos, nuestras casas y nuestras fábricas. Pero si no comenzamos a exigir que se utilicen mecanismos institucionales para afrontarlo y seguimos haciendo interpretaciones pasteurizadas de frases agraviantes a las instituciones, lo que quedará arrasado será el estado constitucional de derecho.
Dra. Marta Necellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
