El aparente silencio de la cuarentena fue quebrado por cacerolazos que por su contundencia y duración hablaban en un claro lenguaje de señas del hartazgo que se intentaba canalizar batiendo el parche doméstico.
Algunas muertes en los motines de cárceles provinciales, fugas y huelgas de hambre no generaron la alarma que encendió, el ver ascender a los techos de la antigua cárceles de Devoto a un gran número de sus internos. El viejo edificio – habilitado en 1957 – es el último que queda erigido dentro de la Capital.
Los celulares distribuidos entre los detenidos fueron el primer indicio de improvisación y de falta de conocimiento (espero que no haya sido intencionalidad) de quienes así pretendieron resolver la falta de visita de los familiares ante el aislamiento ordenado por la pandemia. Esos celulares fueron las sogas con las que trenzaron los coordinados movimientos.
La desidia de décadas quedó expuesta en las imágenes que transmitía durante la revuelta. Lugares invivibles, superpoblados, deteriorados antes y destruidos ahora por la acción de quienes querían que se escuchara su pregunta: ¿por qué se libera políticos condenados por corrupción jóvenes y con buena salud, mientras que la población de riesgo- conforme la definición sanitaria- quedaba detenida?
El secretario de DDHH disfrazó con el ropaje de “amicus curiae” un pedido de libertad para Ricardo Jaime y Martín Báez. Si la pandemia empeoraba las condiciones de las detenciones, el pedido debió ser general. Las explicaciones dadas desde el gobierno no se ajustaron ni a la verdad histórica ni a la esencia jurídica del instituto. El presidente de la Comisión Provincial de la Memoria fue más claro aún, proponía la liberación de la mayor cantidad de presos posibles.
El temor a los contagios masivos, la falta de visitas y con ellas la de los alimentos y enseres que les provee a los detenidos quienes por razones inexplicables – porque le salen carísimos al erario- están mal alimentados y sin artículos para su higiene, no debía resolverse ordenando las libertades. Ni siquiera con la absurda pretensión (de imposible cumplimiento) que durará hasta que pase la pandemia.
Es una regla esencial que los funcionarios nunca deben negociar bajo presión. Tampoco pueden legitimar la violencia como medio para sentarlos en una mesa. Sin embargo, a la Capilla de Devoto concurrieron el Secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y otros funcionarios acompañados por algunos Jueces. Allí estuvieron, sin exigir primero que cesen en la comisión de sus delitos. Con cientos de prisioneros alertas y parapetados en lugares estratégicos, comenzaron el diálogo con los representantes de los pabellones.
El acta que redactaron indicaba claramente que no fue una negociación. Los presos impusieron sus exigencias, no serían trasladados los que promovieron la revuelta, se les arreglaría lo que destruyeron, se estudiarían conmutaciones de penas y libertades. En esos momentos la única que estaba detrás de las rejas era la ley. En el cuarto intermedio dispuesto, las muestras de crispación social sacaron a Mena de la negociación, pero los presos exigieron y lograron que en la tercera reunión volviera al penal.
El presidente necesitó el intenso ruido para comprender el malestar causado por las liberaciones, aunque esquivando hacerse cargo de lo hecho. Es un asunto de los jueces afirmó. Una media verdad que oculta más que lo que reconoce. Los Jueces son los que dispusieron las libertades, pero los gestos políticos y los guiños a funcionarios, detenidos y jueces dependientes del aliento de los que ostentan el poder, señales que inclusive ya venían siendo emitidas antes de la crisis sanitaria, fueron intencionadamente olvidados.
Entre el contagio masivo –peligro abstracto que se privilegio al peligro concreto del contagio que está ocurriendo en varias villas – y las libertades indiscriminadas, hay muchas otras posibilidades. Recién, ya consumado un daño irreversible se empieza a pensar en habilitar espacios como patios, salones de usos múltiples para lograr lugares de aislamiento intramuros. Sin duda era más barato repartir lavandina y jabón, habilitar hospitales de campaña, que reparar cárceles con la autoridad demolida.
No era difícil prever el motín. Pero el límite entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo prohibido y lo permitido, entre merecer un premio o un castigo, no es un concepto que hayan aprendido nuestras autoridades.
En la tercera reunión dan por concluido el “conflicto/reclamo colectivo” iniciado el 24 de abril. Borraron los delitos perpetrados, los presos y guardiacáceles heridos, la zozobra social causada, para que en pie de igual, detenidos y funcionarios arbitren los medios necesarios para retomar el normal funcionamiento del establecimiento en todos los aspectos de seguridad, alojamiento y disciplina con los recaudos de profilaxis en virtud de la pandemia declarada.
Los funcionarios que se comprometen están identificados, los detenidos no. El secretario Mena reconoce los compromisos asumidos en las anteriores reuniones y da cuenta de los avances. Se establece una mesa de trabajo y se decide mantener esa mesa de dialogo que se reunirá periódicamente para que informen los avances de lo comprometido.
Sancionar a quien infringe las normas no es sembrar desdichas sino aplicar la ley y aunque muchos de los pedidos eran correctos, el medio utilizado para ser escuchado y la mesa conformada para resolver el conflicto, no.
Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
