«El grupo celebra que Argentina haya expresado una intención de trabajar con los acreedores, pero las acciones hablan más que las palabras. Durante el último mes, Argentina no ha tenido prácticamente ninguna comunicación sustancial con sus acreedores», expreso en un comunicado el grupo de bonistas privados de deuda argentina Ad Hoc, en el que se encuentran algunos fondos de inversión como BlackRock, T Rowe o Amundi. Llamó la atención esta manifestación, ya que la administración Fernández dejó trascender conversaciones y acercamientos con los bonistas, en días pasados.
A las 17 horas de Nueva York (18 hora local), se venció el plazo para el pago de los 503 millones de dólares de intereses pendientes desde el 22 de abril. Por lo que, a partir de ahora, para las calificadoras de deuda, el país entró en la zona formal de incumplimiento y los acreedores quedaron habilitados a litigar contra el país. Los acreedores realizaron la mencionada comunicación después de que el gobierno de Alberto Fernández anunciara que no iba a cumplir con el vencimiento que finalizaba este viernes de tres bonos globales por valor de unos 500 millones de dólares.
Pese a la decisión de no pago, la Casa Rosada afirmó que proseguirá con las conversaciones con los acreedores. «El grupo (Ad Hoc) cree que el camino hacia una transacción que cuente con el respaldo de los acreedores y que mitigue el impacto del incumplimiento inminente es a través de una discusión directa e inmediata entre las parte, y el grupo insta a Argentina a participar en esas discusiones».
Los fondos de inversión aseguraron que están «listos y dispuestos a colaborar de buena fe» con el Gobierno, así como a encontrar «una solución responsable» a las dificultades financieras del país que sea «consistentes con sus responsabilidades fiduciarias ante los millones de personas que les encomendaron invertir en su nombre».
El grupo Ad Hoc está conformado por varios administradores internacionales de activos que, aproximadamente, poseen 16.700 millones de dólares en bonos internacionales de Argentina.
En reiteradas ocasiones, los inversores han declarado de forma pública que no pueden respaldar la oferta que realizó el Ministerio de Economía del país, la cual suponía una reducción del 62% en intereses y de 3.600 millones de dólares de capital, porque, entre otras razones, sus términos requieren que «el común de los inversores individuales en fondos mutuos y ETFs, los fondos de pensión, las compañías de seguros y otras organizaciones que tienen bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas, que no son justificadas ni necesarias».
En este contexto, el pasado 15 de mayo, el grupo presentó a Argentina una propuesta de reestructuración que proporcionaría al país un alivio inicial «significativo» de flujo de caja, y que se mantendría consistente en con la trayectoria macro-fiscal anunciada por el Gobierno.
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