El control se volvió una palabra usada a medida de la conveniencia. En tiempos de pandemia unos y otros la tiran sobre la mesa según arrime a sus intereses. Y ahora, en relación con la información y más precisamente con la producción de datos. Urge saber con precisión cuántos son los casos de Covid: de positivos asintomáticos y con síntomas, de fallecimientos y de internados en terapia intensiva. La ocupación de camas y la cantidad de contactos estrechos. El procesamiento de los datos correctos resulta fundamental en todo contexto, no sólo para obtener fríos indicadores sino para prever contingencias, promover mejoras y corregir defectos de las políticas públicas.
La información confiable y oportuna no es una amalgama de palabras vacías. ¿Es lo mismo una cantidad de muertes que otra diferente? ¿Son las mismas medidas las que aplican a una cantidad de camas ocupadas que las que se necesitan para otra cantidad diferente? ¿Es el mismo el status sanitario en uno y otro caso? ¿Es lo mismo gastar mucho y mal, que lo que se necesita y bien? Diríamos que no sin pensar demasiado. No es lo mismo.
En estos días y desde hace unos cuantos más, se sumó una nueva controversia en torno a esta cuestión. Esta vez por el cambio de método de medición de fallecidos en la Provincia de Buenos Aires. Pareciera que este cambio mejora el anterior, en tanto suma nuevas fuentes, algo que mejora la precisión de los datos que se intenta recabar. Los mejora porque los contrasta y complementa. Puede discutirse si se pensó tarde, pero mejor tarde que nunca. La oportunidad de reconducir nunca es mala.
Pero de nuevo campea la grieta y las pobres razones que se adjudican unos y otros para cambiar o mantener el sistema vigente: sin escrúpulos se esgrime que menos muertes alientan más aperturas y que por eso a los aperturistas les interesa ocultar datos o por lo menos interesarse poco por copiar el modelo nuevo.
Con lo dicho los antiaperturistas se apuntan una victoria si de lo que se trata es de reducir la cadena de contagios. Mostrar más casos impone desacelerar la apertura, porque importa menos el problema económico que la preservación de la salud y por lo tanto la vida. En el otro extremo, quienes insisten con el modelo en vigencia, hablan de demoras “pocas y normales”, sólo de pocos días en la carga de datos, que por lo pronto van a resultar en “poca diferencia” y no la gran diferencia que se verificó en la provincia de Buenos Aires. Esta última integró los registros del Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) y del Registro de las Personas en las que se toman los datos de las partidas de defunción.
Se agrega además el problema federal: desde la cúpula del sistema de salud nacional se afirma que tanto la notificación como “la carga de datos en el sistema nacional de vigilancia de la salud es responsabilidad de cada distrito». La falta de armonización y homogeneidad entre las regiones del país produce distorsiones en la información nacional. Aun cuando los datos no se oculten sino que aparezcan meses después, y más allá de que las cifras totales al fin de un determinado período no se alteren -porque se compensan-, no da lo mismo conocer mes a mes los datos reales.
Cabe preguntarse si las medidas sanitarias que se tomaron con datos que pudieran arrastrar errores de carga fueron las correctas y tomadas a la medida de la urgencia que el Covid impone. ¿Quién se encarga de revisar y realizar el seguimiento de los datos? ¿Quién de asignarle la importancia que la carga de datos tiene? No está dicho que el control vaya a salvar vidas…. pero ayuda. Conocer la tasa de letalidad impacta en el grado de apertura que las políticas ordenan. Revisar, verbo que toma fuerza en el discurso de la clase política ahora. Al final de cuentas, qué, cómo y cuándo siguen siendo las cuestiones ordenadoras del debate.
A pesar de que se detectaron errores en el sistema de inclusión en las bases de datos de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia –IFE-, y en consecuencia también en su liquidación y pago, en la Auditoría General de la Nación se impuso la mayoría oficialista acerca de no controlar ahora esta operatoria. Se decidió diferir su análisis hasta el momento en que “el programa” finalizara.
La misma decisión se tomó en lo que hace a las contrataciones especiales en tiempos de pandemia. Esta justificación resulta cuestionable en tanto el obstáculo para auditar de la AGN es sólo que el gasto se esté realizando en el mismo momento que se controla; en cambio si los gastos están realizados no existe impedimento para controlar un mes, dos, tres, etc. No es exigencia legal que finalice un determinado período. Por otra parte ¿alguien sabrá cuándo este “programa” finalizará?. Esta pandemia enfrentó a las sociedades con situaciones de extrema gravedad e incertidumbre que requieren respuestas extraordinarias y urgentes.
Vaya un ejemplo de cómo se acomodan los argumentos según el cristal con que se mire, y como frutilla de postre, de lo ineficaz que resulta la demora en producir información para producir impactos favorables y oportunos en la gestión pública. La AGN cuando audita, debe especificar la materia y el plazo que va a quedar sujeto a su examen. No puede, de acuerdo a las normas profesionales, incluir materias ni plazos que excedan ese plazo. En 2019 la AGN aprobó uno de los dos únicos informes que a esa fecha había realizado sobre el otorgamiento, liquidación y pago de dos asignaciones: la Universal por Hijo –AUH- y la correspondiente a embarazo, a cargo de la ANSES. Es uno de los pocos informes que se aprobaron en disidencia, ya que casi todos los informes resultan aprobados por unanimidad.
La minoría objetaba el plazo que el informe había demorado en su trámite y el hecho de que incluyera cuestiones que excedían la materia y el plazo bajo auditoría. En tal sentido, los trabajos de control -que se iniciaron en 2017 y finalizaron en 2018- debían examinar el período comprendido entre el segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2016. Y aun cuando no integraba el período auditado, se incluyeron señalamientos sobre el impacto de una ley de fines de 2017 que modificaría el sistema que ya se había controlado y que había sido ejecutado de acuerdo a las normas que estaban vigentes en ese período.
Para el caso ¿no habría que haber cambiado el objeto y reconducido la auditoría para auditar el sistema a la luz de la nueva norma? ¿Ya se consideraba inútil el resultado de los trabajos de evaluación que se habían llevado a cabo? El dilema, o encerrona, sólo aporta confusión y dispendio de recursos públicos. Y una respuesta: se pueden tolerar excepciones, según convenga y a quién convenga.
Mientras tanto, y volviendo al punto de partida, revisar se impone. El número de casos de fallecidos por Covid no es un dato menor para impulsar medidas que urgen a la salud pública. Y en honor a esas víctimas recordar que detrás de esos datos hay nombres, apellidos, familias. Y que son personas las que esperan que quienes administran sus vidas dejen de jugar al vale todo mientras la crueldad de la pandemia avanza.
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