Por Ignacio Bruera
La Argentina atraviesa el año más crítico de su historia. En mayor o menor medida cada uno de nosotros fuimos atravesados por la pandemia, la cuarentena, la recesión y todo lo que ello trajo consigo. Sin embargo, la percepción de crisis de nuestro país es permanente y 2020 aparece como un nuevo año de caída libre en términos de producción, empleo y creación de riqueza exacerbado en este caso por una situación anómala.
El futuro está gobernado por la incertidumbre y muchos argentinos todos los días vamos a dormir con la impresión de que, más allá de la situación particular de cada uno, no somos parte de un proyecto de valores compartidos, de que las metas a las que podemos aspirar como sociedad se disuelven en debates estériles alejados de las medidas concretas que se requieren para salir del abismo.
En este contexto el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Productivo presentó recientemente los Acuerdos para la Producción que contienen diez consensos para construir una visión compartida sobre el desarrollo de largo plazo y el cambio estructural del país. El documento muestra un diagnóstico que es ampliamente compartido por la mayoría de los argentinos entendidos en la materia pero no tan difundido en la sociedad como para alcanzar un real consenso que nos involucre a todos.
Es compartido el diagnóstico de que el virtual estancamiento del PBI per cápita de la Argentina deriva de los males de nuestra historia reciente en lo político y lo económico: el endeudamiento y desindustrialización de la dictadura, la falta de consistencia en las políticas macroeconómicas, la inserción demasiado abrupta a la globalización, la insuficiencia de las políticas de desarrollo productivo y la falta de consensos sobre el modelo de desarrollo de largo plazo.
Dicho esto, ¿cómo no estar de acuerdo con los diez consensos que propone el gobierno? Exportar más, involucrar a todos los sectores productivos, superar la falsa antinomia entre mercado interno y mercado externo, fomentar la creatividad y la innovación, tener siempre presente la dimensión ambiental, una macroeconomía estable necesaria para el desarrollo productivo y la creación de empleo de calidad, bajar la pobreza y la desigualdad a través de un Estado que promueva la suba de la productividad, reducir las brechas de género en el desarrollo productivo, una apertura comercial inteligente y una política de desarrollo regional.
El problema es que los consensos se presentan como puntos de llegada y, si bien se esbozan varias políticas para el cumplimiento de estos lineamientos, existen innumerables factores externos y domésticos que pueden atentar contra los resultados propuestos. Asimismo, la generalidad de los puntos plantea una serie de interrogantes necesarios: por ejemplo, cuando se habla de una macroeconomía estable, ¿hay consenso sobre la imposibilidad de sostener en el tiempo déficits fiscales crónicos o estamos todos de acuerdo en que el equilibrio fiscal es necesario? Se requiere un acuerdo más preciso sobre los temas más allá de los grandes trazos.
El fondo de la cuestión deriva de que si la ecuación macroeconómica fundamental está dada por cómo se equilibra el ahorro con la inversión, la Argentina viene mostrando bajos niveles de ahorro que ciertamente están desalineados de la inversión requerida para reponer el capital depreciado durante décadas y para ampliar la frontera de producción.
El documento plantea también que la grieta es uno de los principales obstáculos para el desarrollo y el bienestar de largo plazo. Sin embargo, vale decir que la grieta existe tan solo porque no se da de manera consensuada la aspiración a querer estar mejor, porque no existe la percepción compartida de que determinado sendero nos lleve en el mediano plazo al bienestar.
Lo ideológico y lo metodológico suelen rendirse frente a la existencia de una percepción compartida en tal sentido. En otros términos, en contextos de escasez las estrategias colaborativas son más improbables. Para crecer de manera sostenida todos los países necesitan acuerdos y diálogo económico y social, que generen expectativas compartidas y previsibilidad.
Por ejemplo, Israel en la década del ’80 contaba con variables macroeconómicas muy similares a las de la Argentina reciente: alto déficit fiscal y en cuenta corriente, alta inflación, gasto público calificado como «descontrolado», desinversión en infraestructura, elevado endeudamiento externo apalancado con renovaciones de los préstamos ya emitidos, lo que multiplicaba la deuda al tener que colocarse en condiciones fiscales cada vez peores.
En 1985 el Gobierno de Shimon Peres llamó a todos los actores sociales para llegar a un plan de estabilización económica con la consigna de que “todos deberían perder algo”. Dicho plan incluyó baja del gasto y del déficit fiscal, fin de los privilegios del sector público en todas las líneas (incluyendo sindicales), política cambiaria basada en una flotación sucia, control monetario, aumentos salariales sectoriales basados en productividad con apoyo para recambio laboral, aceptación de nuevos tipos de contratos laborales y, fundamentalmente, mejora de la competitividad en base a una reducción de la presión impositiva.
La macroeconomía se estabilizó, el país empezó a generar inversiones productivas canalizando el ahorro doméstico y externo hacia tal fin, e incrementando la participación del gasto en I+D de manera considerable. La clave del éxito fue que el plan de estabilización fue adoptado y profundizado por el sucesor de Peres, Yitzhak Shamir, de origen político radicalmente diferente, como una “política de Estado”.
A finales de 2020, la pobreza en la Argentina habrá escalado a niveles históricos en todo el país a partir de lo cual los desafíos de cara al futuro son aún más complejos. Si antes la falta de empleo junto con la inflación eran los principales problemas económicos, sin inversiones ni expectativas favorables en este sentido, tanto las oportunidades laborales así como la empleabilidad se verán más comprometidas.
Se requiere por tanto que los 10 consensos estén atravesados por la tarea de recrear condiciones de rentabilidad para diferentes actores económicos: ahorristas, emprendedores, empresas. Dichas condiciones se garantizan de muchas formas pero de manera primaria con estabilidad macroeconómica. Algo de esto se esboza en el consenso número 6 del documento y se espera que tome más forma en el marco de las reuniones del Acuerdo Económico y Social y tras las negociaciones con el FMI.
El precario y mal pago empleo público no tiene mucho más margen para crecer y el empleo informal también mal pago tomará años en recomponerse. Para cortar con esta dinámica de empobrecimiento insostenible se requiere un shock de políticas radicalmente distintas a las que se vienen aplicando. Ello implica un cambio estructural en la manera de relacionarse con el sector privado, fomentándolo y estableciendo las condiciones de crecimiento que permita la incorporación gradual de trabajadores en proyectos productivos donde la innovación de todo tipo sea el elemento guía. Podemos ser mejores, no nos contentemos tan solo con darle ingresos a trabajadores precarios.
Ignacio Bruera
Consultor en Políticas de Producción, Economías Regionales y Desarrollo Económico Local
EN/BN/CC/rp.
