Por Luis Domenianni
Cuatro cuestiones principales, con algún grado de vinculación entre sí, acapararon la atención informativa sobre Polonia en el 2020. A saber: la situación del Poder Judicial; la elección presidencial; las restricciones sobre el aborto y la relación con la Unión Europea (UE).
Desde el 2015, gobierna Polonia el Prawo i Sprawiedliwosc (PiS), Partido Derecho y Justicia en español. Fundado en 2001 por los hermanos mellizos Jaroslaw y Lech Kaczynski, llegó al poder en 2005, pero debió abandonarlo en el 2007 para recuperarlo en el 2015.
Ideológicamente se identifica como conservador muy cercano a la democracia cristiana. Desde lo económico-social adhiere al estado de bienestar. Desde lo geopolítico, es partidario de una revisión del actual esquema de la UE, al que cataloga como centralizado en la “burocracia” de Bruselas.
En rigor, muchos observadores califican al gobierno del PiS de populista. Democrático en cuanto a la forma –voto popular- de acceder al gobierno pero con poco apego al estado de derecho, simbolizado en la división de poderes. Mucho voto, poca República.
El año 2020 comenzó, precisamente, con las movilizaciones de los jueces –vestidos con sus características togas negras, enarbolando banderas europeas y polacas- para manifestar su desacuerdo contra el proyecto de ley del gobierno que prevé sanciones para aquellos magistrados opuestos a las reformas judiciales sancionadas por el PiS en 2015.
Aquellas reformas posibilitaron el control del Consejo de la Magistratura y de la Corte Constitucional por parte del oficialismo. Control que habilitó al partido de gobierno a designar nuevos jueces favorables a sus posiciones.
El PiS alegó entonces que las viejas estructuras judiciales fueron permeables a la corrupción, que no resultan aptas para combatir las secuelas del comunismo y que, por ende, es necesario removerlas.
Justificaciones al margen, se trata de armar un Poder Judicial con jueces ideológicamente identificados con el actual partido oficialista.
Finalmente, el proyecto de ley “mordaza”, así fue bautizado por la oposición liberal, triunfó en el Sejm –Cámara Baja del Parlamento- dominado por el PiS, con el voto de 234 legisladores oficialistas contra 211 opositores.
La resistencia al avance sobre la justicia pasó, entonces, a manos de la Corte Suprema que respondió con la prohibición de integrar “juris” de enjuiciamiento de magistrados para los casi 500 jueces designados por el gobierno en virtud de las reformas judiciales.
En consecuencia, el gobierno se lanzó a la conquista de la Corte Suprema para coronar así la “colonización” del Poder Judicial. Favorecido por el retiro de la presidente al término de su mandato, el oficialismo avanzó peones con la designación interina de un jurista vinculado con el ministro de Justicia.
El apresuramiento del presidente del país, Andrzej Duda (48 años), en designar a Kamil Zaradkiewicz en la Corte buscó recortar y asegurar la división de la máxima instancia judicial, encargada de convalidar la elección presidencial convocada para mayo y luego postergada para junio del 2020.
El procedimiento habitual implica que el presidente de la República es el encargado de elegir al titular de la Corte Suprema surgido de una lista de cinco juristas, suministrada por el propio máximo tribunal. No fue el caso.
En esas condiciones sobrevino la batalla por la presidencia.
El apuro electoral
Según la Constitución, vigente desde 1997, Polonia es una república parlamentaria con un gobierno surgido del propio Parlamento bicameral. También la Constitución establece de manera taxativa la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
A su vez, define al poder ejecutivo como integrado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, encabezado por un primer ministro.
La enumeración de las funciones del presidente de la República demuestra que, si bien no gobierna como ocurre en los sistemas parlamentarios, acumula funciones que van bastante más allá de lo protocolar.
Así, el presidente, es el máximo representante del Estado en las relaciones internas e internacionales, pero además es el jefe de las Fuerzas Armadas y quien nombra a los jueces. El último período presidencial completo fue el que inició el 6 de agosto del 2015 y finalizó el 5 de agosto del 2020. En dicho período, el cargo fue desempeñado por Andrzej Duda.
La batalla por la elección presidencial del 2020 comenzó en marzo, cuando el gobierno anunció que, pese al coronavirus, mantenía la fecha electoral para el 10 de mayo.
La decisión llevó a la sanción de una ley –para la oposición, puso al descubierto el juego- que introdujo una modificación al código electoral mediante la cual quedaba generalizado el sufragio por correspondencia.
Comenzó entonces la batalla política, con una oposición liberal que cuestionaba el mantenimiento de la fecha electoral de mayo bajo dos premisas. Por un lado, la irresponsabilidad gubernamental por llevar a cabo una elección en plena pandemia. Por el otro, la invalidez legal por la modificación a último momento de las leyes electorales.
En las filas oficialistas, las dudas del primer ministro Mateusz Moraviecki y del ministro de Salud, Lukasz Szumowski, quedaron superadas por la voluntad “inapelable” del jefe y fundador del PiS, Jaroslaw Kaczynski, dispuesto a hacer reelegir al presidente Duda.
El esquema electoral del mellizo supérstite –su hermano Lech, a la sazón presidente del país, falleció en un accidente de aviación en Smolensk, Rusia, en 2010- no era para nada voluntarista. Se trataba de votar antes que los efectos, sanitarios y económicos, de la pandemia pusiesen en riesgo al oficialismo.
Kaczynski no reparó en obstáculos. A los cuestionamientos políticos internos los acalló con la dimisión forzada del vice primer ministro Jaroslaw Gowin quien intentó convencer a los diputados “moderados” del PiS de votar contra la reforma. Es más, para que no queden dudas sobre quién manda, a Gowin lo reemplazó el propio Kaczynski.
Del lado institucional, hizo caso omiso de los cuestionamientos por el reemplazo de la Comisión Electoral, órgano independiente encargado de la preparación de las elecciones, por el correo. Y también aquí, para que no queden dudas, hizo despedir al administrador del correo y reemplazarlo por el vice ministro de Defensa, Tomasz Zdzikot.
Pero el avance de la pandemia y las dudas en el seno del oficialismo, bajo amenaza de división, consiguieron que Kaczynski, finalmente, accediera a postergar los comicios.
Una postergación surrealista. Fue aprobada el 07 de mayo de 2020, tres días antes de la fecha electoral. El día previo, los cuatro postulantes de aquel momento a la presidencia –uno de ellos el propio presidente Duda- afirmaban, durante un debate televisivo, que la elección se llevaría a cabo en la fecha prevista. Desinformados…
¿Qué pasó? Que el disidente Gowin consiguió convencer a algunos diputados oficialistas y que, si no postergaba, Kaczynski perdía la mayoría parlamentaria. Todo quedó en la nada, desde las candidaturas hasta el rol del correo.
En síntesis, un retorno a la normalidad que… violaba la legalidad. Es que la Constitución polaca establece el 10 de mayo como fecha electoral y un mero acuerdo entre dos diputados, Kaczynski y Gowin, dejó la Constitución de costado.
De los resultados políticos de la postergación, el más importante fue la candidatura presidencial del alcalde de la capital Varsovia, Rafal Trzaskowski (48 años). Hijo del director y compositor de jazz, autor de bandas sonoras de 30 películas, Andrzej Trzaskowski, Rafal juntaba las voluntades de quienes se oponían al populismo del PiS.
Finalmente, la primera vuelta electoral quedó definida para el 28 de junio del 2020. El resultado fue 41,8 por ciento para el presidente Duda, frente al 30,4 del alcalde Trzaskowski. Con participación, sin voto obligatorio, del 62,9 por ciento del padrón electoral.
Antes de la segunda vuelta, 12 de julio de 2020, la nota fue puesta por el presidente… Donald Trump quién recibió en la Casa Blanca al presidente Duda, cuatro días antes de la elección. Para muchos observadores fue el espaldarazo del populismo al populismo.
Finalmente, la segunda vuelta arrojó como resultado la reelección del presidente por un margen muy ajustado, del 51,2 por ciento contra el 48,8 de su rival liberal.
Un populismo conservador en el poder
Como ocurre en todos los países donde el populismo llega al poder, la regla democrática de elecciones libres, aunque amañadas en parte, se mantiene vigente. Pero, a es hasta allí donde rige el estado de derecho.
Superado el requisito electoral, el populismo considera que no hay límites o si los hay son, como mínimo, muy lejanos. Es el “vamos por todo”, más allá de consideraciones tales como la división más o menos irreconciliable de una sociedad que provoca.
Aunque la metodología empleada siempre es la misma, los populismos suelen diferenciarse en los objetivos que persiguen. Así, pueden auto definirse como conservadores o como progresistas. Indistintamente. Nunca liberales, claro.
En el caso polaco, el populismo adopta un tono francamente conservador, respaldado en gran medida por la influyente Iglesia Católica.
Cierto es que en la actualidad, el prestigio de la Iglesia no es el de los años de la lucha contra el comunismo y del papado del polaco Karol Wojtyla (1978-2005), al punto que, según encuestas, la opinión positiva sobre la Iglesia polaca bajó del 60 por ciento al momento del inicio del gobierno del PiS al actual 42 por ciento.
Cuatro cuestiones galvanizan la fractura social polaca. Por un lado los derechos de los colectivos identificados con las siglas LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros), una minoría particularmente ruidosa y combativa.
Por el otro, los avances del gobierno sobre la legislación que autoriza el aborto. También la condición de la mujer. Finalmente, el tema educativo.
Aunque mermada por la aparición de la pandemia, la movilización del colectivo LGTB suele recibir como contraparte la represión policial ordenada desde el gobierno. Justo es señalar que no se trata de movilizaciones del todo pacíficas. Y también que las minorías sexuales fueron sujeto de duras críticas por parte del re electo presidente Duda, durante su campaña electoral.
Pero la división más acabada de la sociedad se da en torno del aborto. No se trata del aborto en sí que en Polonia es legal, aunque con no pocas restricciones. Sino de la decisión del Tribunal Constitucional, dominado por el PiS, de declarar inconstitucional la autorización del aborto en caso de malformación del feto.
La decisión constitucional ocurrió el 22 de noviembre y, desde entonces, las movilizaciones –principalmente integradas por mujeres y jóvenes- no pararon.
La condición de la mujer no finaliza en el tema del aborto. La visión conservadora llevó al ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro a solicitar al gobierno el abandono del Tratado Europeo de Estambul sobre violencias contra las mujeres.
Otro ministro, el flamante de Educación, Przemyslaw Czarnek, es un duro entre los duros, frente a los colectivos LGTB, el aborto o la condición de la mujer. Y para el PiS, esos temas deben ser tratados de manera diferente a la actual desde la escuela.
Tres son los objetivos declarados del ministro Czarnek; extirpar la “ideología” LGTB; la “teoría de los géneros” y la “pedagogía de la vergüenza”.
A la “ideología” LGTB, le adosa “las mismas raíces neomarxistas del nacional-socialismo hitleriano”. Para la “teoría del género”, en particular el feminismo, considera que no debe haber lugar en los programas escolares. Por “pedagogía de la vergüenza” entiende los relatos sobre exacciones de los guerrilleros anticomunistas contra poblaciones no polacas.
¿Y Europa?
Los avances sobre el Poder Judicial, como tema principal, y las cuestiones sociales vinculadas a la interrupción del embarazo y a los derechos de las minorías sexuales, desembocaron en una tirantez entre el nacionalismo populista polaco y la Europa liberal afincada sobre el estado de derecho y la separación de los poderes.
Desde resoluciones del Parlamento sobre el deterioro del citado estado de derecho, pasando por dictámenes de la Corte Suprema de Justicia europea sobre el incumplimiento polaco en materia de inmigración, o la exigencia del mismo tribunal sobre la suspensión de la Cámara Disciplinaria de la Corte Suprema polaca, tensaron a principios de 2020, dichas relaciones.
Pero fue en el plano económico, donde los intereses chocaron decididamente. Ocurrió cuando el gobierno polaco, junto a su similar húngaro –también populista de signo conservador- resistió con éxito la pretensión europea de vincular la ayuda para la recuperación de las economías, tras la pandemia, a la aplicación irrestricta del estado de derecho.
Al respecto, las dudas quedaron disipadas cuando, el 26 de setiembre del 2020, Polonia y Hungría anunciaron que bloquearían, en el seno de la Unión Europea (UE), el plan de relanzamiento económico. Bloqueo que supeditaron al mantenimiento de cualquier exigencia sobre el estado de derecho como condición para acceder a los fondos.
La unanimidad es un requisito para las decisiones de los 27 países que integran la UE. En este caso, dicha unanimidad hubiese permitido la puesta en marcha de la ratificación indispensable de los 27 parlamentos nacionales.
La pulseada quedó establecida de la siguiente manera: por un lado la necesidad de ambas economías –en mayor medida, la polaca- de acceder a los fondos del relanzamiento. Por el otro, la descripción precisa de las condiciones en materia de estado de derecho. Allí quedó la negociación.
Y pasó. Las amenazas se convirtieron en realidad cuando ambos países bloquearon finalmente el presupuesto comunitario –que contiene las partidas para el relanzamiento-, el 16 de noviembre de 2020.
Fue entonces cuando el problema de dos se convirtió en un problema de 27. Fundamentalmente de aquellos más necesitados como Italia y España y con un indisimulado alivio de los “frugales” Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia.
Finalmente, no fue la cordura cuanto privó, sino la aceptación de una declaración interpretativa que vincula la cláusula sobre el estado de derecho a un procedimiento de comprobación y de apelación engorroso. O sea un triunfo, no por knock out, pero sí por puntos, para Polonia y Hungría.
Nota Polonia:
Territorio: 312.685 km2, puesto 69 sobre 247 países y territorios dependientes.
Población: 38.387.000 habitantes, puesto 37.
Densidad: 123 habitantes por km2, puesto 96.
Producto Bruto Interno: 1 billón 281.018 millones de dólares, puesto 22 (a paridad de poder adquisitivo, PPA). Fuente Fondo Monetario Internacional.
Producto Bruto Interno per cápita (PPA): 31.430 dólares anuales, puesto 43.
Índice de Desarrollo Humano: 0.880, puesto 35. Fuente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Luis Domenianni
IN/BN/rp.
