El dato surge de un mapa elaborado por Amnistía Internacional, actualizado periódicamente en base a denuncias e informes de sus colaboradores en el interior. La mayoría son conflictos territoriales y más de 30 de ellos derivaron en algún episodio de violencia.
El Estado hace 15 años que tiene la obligación de relevar todos los conflictos del país como punto de partida para encontrar una solución. Pero todavía no lo cumplió. En 2006, se promulgó la ley 26.160 para responder a la situación de “emergencia”. Además de prohibir los desalojos, la norma tenía un plazo de cuatro años para hacer el relevamiento territorial, pero la normativa fue prorrogada en 2009, 2013, 2017 y por última vez, el jueves pasado.
El encargado de llevar a cabo el relevamiento es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dirigido por la exsenadora María Magdalena Odarda, que fue citada al Congreso por Juntos por el Cambio después del último incendio en el Bolsón para que informe las políticas implementas por el organismo.
Según los datos del INAI, hay 1756 comunidades indígenas identificadas y 742 ya han sido relevadas, es decir, menos de la mitad. “El relevamiento avanzó muchísimo en aquellas provincias donde hubo voluntad política”, apunta Julián Fernandez Duarte, director de Asuntos Jurídicos del INAI. El funcionario considera que el retraso del relevamiento responde a cuatro razones: la inexperiencia del Estado en trabajo intercultural, la resistencia delos factores de poder, la falta de interés de los gobiernos provinciales y la falta de presupuesto.
Con el correr de los años solo aumentan los conflictos -hace cuatro años eran cerca de 200- pero el estado de situación es prácticamente el mismo. Los focos siguen siendo el norte y el sur del país con excepción de Buenos Aires. “El diagnóstico es casi similar al de años atrás, más de la mitad de los pueblo indígenas no cuentan con un registro”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina en sintonía con los datos del INAI.
García Rey explicó que la ley es una buena herramienta inicial, pero luego es necesario que se reconozcan las tierras “Uno de los motivos por los cuales se dan los conflictos es por la falta de seguridad jurídico de las comunidades indígenas. Mientras no se avance en la titulación las tensiones se siguen amplificando. Se aprovecha esta inseguridad y desigualdad de poder y las comunidades intentan resistir”.
En el mapa de situación diferenció conflictos territoriales, ambientales, casos de violencia, desalojos, por criminalización de las comunidades o por problemas con la personería jurídica de los indígenas. Identificó también casos registrados de coronavirus dentro de las comunidades, actualmente son 21.
“Mientras se dilate el relevamiento y el orden del territorio, los focos de conflictos van a seguir estando. Hasta tanto no se les brinde la seguridad jurídica a las comunidades indígenas es imposible que no se generen. Si uno supiera cuales son los reclamos, generaría herramientas para intentar solucionarlos. En tanto no se sienten las bases del territorio este tipo de conflictos seguirá”, cerró Rey.
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