«Seguridad», «Queremos justicia», «Roberto presente», «Asesinos». Con esas consignas, aplausos y gritos, una multitud de vecinos de Ramos Mejía marchó en la tarde de este lunes por el asesinato de Roberto Sabo (48), el kiosquero, ocurrido el domingo mientras atendía su «Drugstore Pato» a 300 metros de la comisaría local.
La violencia sacude al conurbano bonaerense. Entre lágrimas, Pedro, el padre de Roberto, se presentó a la marcha con los vecinos, quienes lo recibieron entre besos y abrazos. “Quiero justicia, quiero pena de muerte para los chorros. Quiero que me devuelvan a mi hijo, quiero que se encarguen de la seguridad”, dijo con la voz quebrada y disparó el pensamiento que se agitaba entre los miles de vecinos: “Saquen a esta manga de delincuentes, a estos kirchneristas que desde que vinieron al gobierno pudrieron toda la juventud”.
Una mujer que en sus manos llevaba un cartel con la consigna “Basta de inseguridad en La Matanza”, con lágrimas en los ojos gritó: “Estoy muy enojada; detrás de cada muerte hay una condena que no se cumplió. Todos los días es uno, mientras que los políticos van con guardaespaldas, la gente se muere de hambre y nos matan como hormigas”.
La manifestación subió de tono. Fue creciendo en dimensión y se produjeron serios enfrentamientos con los efectivos policiales que debían evitar que la marcha llegara hasta la puerta de la Comisaría 2da, en la que ayer a la noche el ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni, fue insultado por los enfurecidos vecinos que lo increpaban por la inseguridad y le gritaron “Sorete”, “Asesino”, ”Vende Patria”.
El hartazgo de los vecinos no solo está referido a la violencia en sus barrios, sino también a la crisis económica, sanitaria y social que destruyó el presente y futuro de sus hijos. En La Matanza las críticas llovieron sobre el intendente, Fernando Espinoza, al que acusan de no implementar los instrumentos necesarios para garantizar la seguridad de su comuna, a pesar de tener miles de millones de pesos depositados en plazos fijos en el banco. Pero las quejas golpearon también sobre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y encendieron una luz de alarma sobre la oposición, ya que esta noche tronó con fuerza “que se vayan todos”.
Mientras tanto, la reacción oficial fue blindar el perímetro de la Comisaría 2da de Ramos Mejía. Al responsable de la seguridad bonaerense, Sergio Berni, solo se le escucho decir en los medios, respecto al crimen del comerciante: “Es terrible pasar por una situación así, pero no fue una cuestión policial”, y agregó; «No fue asesinado gracias a la política de liberar presos. Es gracias a un sistema que no funciona, que tiene que ver con lo cultural, con lo económico… Hay un factor cultural muy importante, hay una degradación social muy importante». Y volvió a deslizar que no descarta renunciar tras las elecciones del domingo próximo, en declaraciones formuladas a Radio La Red.
El ministro de Seguridad, tiene en parte razón con respecto a que no es un tema policial, en este caso, hay por supuesto responsabilidades políticas y judiciales, unos por no legislar de acuerdo a los tiempos en que vivimos y otros por la permeabilidad en la aplicación de las leyes, que posibilitaron la liberación de cerca de cinco mil convictos. Pero el funcionario bonaerense debe asumir que es él el responsable de conducir la seguridad provincial, y no un simple relator de los hechos que podían haberse evitado, si su gestión hubiera sido eficiente.
Por su parte el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al referirse a Berni señaló a Futurock: «Como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ocupa uno de los cargos más complejos porque la situación obviamente de la inseguridad hace mucho tiempo que es crítica, hace muchísimo tiempo».
El gobernador se olvida que, desde la restitución de la democracia, el peronismo administró la provincia durante 30 años, y hoy se sufren las consecuencias de años de gestiones erróneas. Las declaraciones de Kicillof parecen la de un comentarista de la época, sin hacerse cargo de las responsabilidades que le competen a él desde el 10 de diciembre de 2019.
La situación de la inseguridad ha tomado tal dimensión que resulta insólito admitir que el problema es ignorado por el presidente Fernández y el ministro nacional de Seguridad Aníbal Fernández. No se conocen políticas para encauzar el drama cotidiano de la inseguridad, no solo en lo que podría clasificarse como delitos comunes, sino con la actividad del narcotráfico, que ha penetrado en varias provincias, en las que en algunas de ellas, en la región patagónica, se comienzan a percibir, además, una actividad pre guerrillera, de la que en varias oportunidades ha hecho sonar las alarmas el Auditor General de la Nación, Miguel A. Pichetto, que advirtió la presencia, en esos grupos, de viejos miembros de Los Montoneros.
A la masiva protesta de Ramos Mejía, en la que fue expulsado el ministro Berni, debe agregarse la ocurrida en Rosario, de la que tuvieron que huir el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, para solo hacer referencia a recientes episodios, que introducen en el escenario político un latente estado de explosión social de una sociedad agotada por las consecuencias de la pandemia y de una administración nacional en crisis permanente. Se insiste en fuentes políticas que resulta urgente una corrección del rumbo de la administración Fernández, para evitar que el país derive hacia situaciones difíciles de prever.
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