Los pasillos que llevan al bloque del radicalismo de la Cámara de Senadores en el Congreso están agitados. Unos cuarenta funcionarios que cumplían tareas de asesores se quedaron sin trabajo. Legisladores radicales evalúan que se trata de una movida política en un escenario de tensiones con el oficialismo. Otra movida conflictiva desde la coalición gobernante, se concretó en la decisión de traspasa la jurisdicción de 32 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires que deberá sostener con los subsidios o autorizar el incrementar el costo de los boletos. Mientras tanto se acerca el 22 de marzo, fecha límite para alcanzar un acuerdo con el FMI, sin que ningún dato haya sido presentado, hasta ahora, en el Congreso Nacional.
Los dos primeros temas se instalaran en las discusiones públicas. Por un lado desde la secretaria Administrativa del Senado, María Luz Alonso de máxima confianza con Cristina Kirchner, rechazaron cualquier intencionalidad política en los despidos. Argumento que es sostenido por el bloque de senadores que lo vinculan a que la oposición buscó a fines del año pasado que la última sesión (por Bienes Personales) se cayera por falta de quórum y a que después Juntos por el Cambio la judicializó con la presentación de un amparo.
Alonso, mano derecha de la vicepresidenta en la administración del Senado, que perdió en las elecciones pasadas su candidatura a senadora por la Pampa, sostuvo que ya hace dos años -es decir en coincidencia con la elección de Cristina a la vicepresidencia- se había empezado a charlar con el bloque radical acerca de lo que calificaron como una estructura «sobredimensionada». En la oposición plantean que, según la tradición de la Cámara, para efectivizar despidos «se necesita aval» del bloque, y que en este caso no sucedió.
El otro tema que se instalará fuertemente en los medios es el traspaso de las líneas de colectivos al gobierno porteño. La medida es de fuerte impacto en los recursos financieros de CABA. Los servicios a ser traspasado abarcan 32 líneas de colectivos que circulan dentro del territorio porteño, y según datos del Gobierno nacional reciben subsidios por 13 mil millones de pesos.
En declaraciones a A24, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, señaló que, «por estimaciones que se realizan desde la Ciudad, si el gobierno nacional se retirara de forma completa la tarifa pasaría de 18 a 40 pesos» y amplió: «si la tarifa no tuviera algún subsidio de la Ciudad se iría a 60 pesos, pero como la Ciudad está dispuesta a sostener el subsidio se frenaría en 40».
Por su parte, Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, explicó por radio Rivadavia que: «La competencia del transporte es del Gobierno Nacional: si quieren aumentar las tarifas, que se hagan cargo de esa decisión, que se lo digan a la gente. Si quieren sacar los subsidios, también, háganse cargo. Si tienen algún problema porque los números no les cierran y deciden hacer un ajuste por exigencias del Fondo, también es una decisión del Gobierno Nacional y que se hagan cargo”.
Ambas decisiones del oficialismo generan fuerte ruido político que oculta el tremendo silencio sobre que está ocurriendo con las negociaciones con el FMI. Han transcurrido diez días de febrero, mes en que debían desarrollarse sesiones extraordinarias en el Congreso, en el que todavía no están conformadas las distintas comisiones que deberían tratar la agenda que envío la Casa Rosada. Tampoco los bloques, oficialistas y opositores, han recibido detalles de los ´términos en que se está negociando con el FMI, cuya titutlar, Kristalina Georgieva, advirtió que para llegar a un acuerdo el Gobierno debía superar sus controversias internas.
Como si fueran pocas las dificultades, la gira del presidente Fernández, con sus gestos y declaraciones pro Rusia y China, potencias que han acordado un alianza contra Estados Unidos, país que tiene la clave para encauzar el acuerdo con el Fondo, abren un sendero de incertidumbre que tiene el riesgo que el próximo 22 de marzo Argentina desemboque en un default, con graves consecuencia no solo en la relación con el FMI, sino también con los organismos internacionales de crédito. Y aún más, todo acuerdo financiero alcanzado en Moscú y Beijing, también quedarían trabados, ya que las administraciones de Putin y Xi Jinping, toman como referencia las normas del FMI.
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