Alberto Fernández declaró como testigo durante casi tres horas en el juicio por las irregularidades en la obra pública durante los tres gobiernos kirchneristas y defendió a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, la principal acusada del caso.
A lo largo del interrogatorio, el Presidente cuestionó varias veces la acusación y, por segunda vez, declaró como testigo en una causa judicial contra la vicepresidenta. En un tramos de su declaración Fernández afirmó: “Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle más plata a alguien, en los hechos es imposible que eso ocurra. Y eso es lo que me llama la atención de este juicio, a mi el decreto de procesamiento de Cristina me llamó la atención”.
En esta causa se investigan los contratos de obras públicas viales que recibió Lázaro Báez durante el kirchnerismo. Una de las hipótesis de la acusación es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para poder asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz. Y justamente la tarea de reasignación de las partidas presupuestarias es propia de los jefes de gabinete.
Fernández dijo que como jefe de gabinete no estaba involucrado con las cuestiones de la obra pública, algo que reiteró a lo largo de la declaración, y cuestionó al fiscal Luciani cuando le fueron exhibidas partidas presupuestarias de algunas obras en particular.
Después de mostrarle la planilla, el fiscal insistió en preguntarle sobre un anexo del presupuesto, especialmente sobre las circunstancias de una obra contratada en Santa Cruz, y sobre el criterio para asignar partidas presupuestarias. Las defensas, mientras tanto, objetaban la línea interrogatoria de Luciani. “No hay una regla que diga que a una provincia le toca una cantidad de dinero por los habitantes que tiene”, afirmó el Presidente, que insistió: “No hay una regla que diga cómo se reparte la obra pública”.
Alberto Fernández sobre la asignación de obras de Báez: «No me consta que algo así haya pasado», y le dijo al fiscal Luciani: “Usted no me escuchó bien antes o tiene un problema de comprensión. El presidente del tribunal Jorge Gorini intervino y Fernández repensó y constetó: “De ningún modo quise faltarle el respeto al doctor”, en alusión al fiscal que impulsa la acusación contra Cristina Kirchner.
Pero el momento más tenso del interrogatorio del fiscal fue cuando le preguntó por unos viejos dichos del Presidente. Se refirió a una nota radial de 2016, cuando habían detenido al exfuncionario José López y Fernández dijo que le había advertido a Cristina Kirchner sobre lo que estaba pasando con la obra pública en su gobierno. “La pregunta no es pertinente, las declaraciones brindadas por el testigo han sido de dominio público, acá no se trata de confrontar lo que haya dicho en una nota o publicación periodística, sino por su rol de jefe de gabinete”, dijo el juez Jorge Gorini, quien no hizo lugar a la pregunta.
“¿Tengo derecho a agregar algo? -interrumpió Fernández- No recuerdo esa grabación. Pero tengo opinión sobre lo que está pasando y particularmente sobre este juicio, y lo he dicho públicamente. Si lo que quieren es conocer mi opinión sobre cómo veo yo que todo ha transcurrido, yo encantado le brindo mi opinión pública y notoria, pero lo que trato de evitar es que se segmenten las cosas porque si no, puede ser malinterpretado lo que yo he dicho y lo que digo”.
El Presidente se exhibió como un hábil declarante, aunque dejó un sabor agridulce, porque no respondió sobre la contradicción entre sus expresiones del pasado, cuando recomendaba a los periodistas mirar con detenimiento las licitaciones patagónicas del kirchnerismismo, y ahora, que sostiene que no hay nada que objetar. La mayoría del tribunal frenó la pregunta.
Esa discusión terminó con un pedido para que Fernández saliera de la sala de audiencias con el objetivo de que el fiscal le explicara al tribunal por qué creía importante su pregunta. Finalmente, el tribunal volvió a llamarlo y les informó a todos que por mayoría -con la disidencia de Rodrigo Giménez Uriburu- había decidido que la pregunta no correspondía por tratarse de declaraciones públicas.
Desde lo jurídico (Fernández aclaró que era profesor de Derecho Penal) expuso al menos tres argumentos funcionales a la defensa de Cristina Kirchner para desacreditar las acusaciones en su contra: 1) que las decisiones de asignación presupuestaria son políticas y no judiciables, 2) que estas acusaciones ya se investigaron en un juzgado de Santa Cruz, donde la causa fue sobreseída, por lo que no corresponde juzgar dos veces a alguien por el mismo delito, 3) que no es responsable el Presidente, y ni siquiera los son los ministros, por los requerimientos que se introducen en el presupuesto, sino la línea administrativa.
Ya declararon como testigos en este juicio Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Con mayor o menor énfasis, todos ellos negaron haber favorecido mediante la ampliación de partidas presupuestarias a Santa Cruz y a Lázaro Báez. También declaró el actual procurador del Tesoro y exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que fue más enfático y criticó con dureza la causa judicial.
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