Luego de dos años de tensas negociaciones, en un contexto de extrema volatilidad política y casi sin reservas, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron que llegaron a un acuerdo técnico para refinanciar el crédito de US$45.000 millones que tomó la administración de Mauricio Macri, un avance que cierra la negociación de la deuda externa de la Argentina.
El tramo final de las tratativas estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, e incluyó un contacto directo el martes con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, según contaron fuentes oficiales. El acuerdo fue enviado hoy al Congreso y empezará a ser tratado el próximo lunes. Se esperan fuertes contrapuntos entre las distintas facciones del Frente de Todos y también con la oposición de Juntos por el Cambio. Una vez que el acuerdo sea ratificado por el parlamento, deberá ser aprobado por el board del Fondo, controlado por las potencias del G7.
El monto del acuerdo, US$ 45.000 millones, implica que el Fondo devolverá desembolsos que hizo el Gobierno, incluido los fondos que el FMI distribuyó por la pandemia del coronavirus.
El Gobierno acordó refinanciar la deuda con un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) a diez años, con un período de gracia que cuatro y años y medio hasta 2026 durante los cuales la Argentina no deberá hacer pagos netos al FMI. El dinero que llegue de Washington se utilizará para pagar los vencimientos previstos en el acuerdo que firmó Macri.
En la comunicación oficial el Gobierno se comprometió a mantener un aumento “moderado” del gasto en términos reales, una reducción gradual del déficit y la emisión, a tener tarifas “razonables” y negó una reforma jubilatoria. Se ratificó el sendero de reducción del déficit fiscal primario que el ministro de Economía anunciara semanas atrás. El Fondo afirmó que se logró un programa “pragmático y realista”, y dijo que el programa busca una mejora “creíble” de las finanzas públicas.
“El Gobierno argentino cerró el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional y se enviará el proyecto de ley al Congreso”, ratificó un comunicado del Palacio de Hacienda publicado minutos después del adelanto de este medio. Luego el propio organismo que conduce Kristalina Georgieva confirmó el cierre en un comunicado propio.
“El staff del FMI y las autoridades han llegado a un acuerdo sobre un programa pragmático y realista, con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar los desafíos profundamente arraigados de Argentina para el crecimiento sostenible”, dijo el jefe de misión para la Argentina del Fondo, Luis Cubeddu.
Cubeddu dijo en el comunicado que el nuevo acuerdo tendrá cinco objetivos. El primero será afrontar la “persistente alta inflación” de la economía con una estrategia en varios frentes, reduciendo el financiamiento monetario del déficit, ajustando la política monetaria para tener tasas de interés reales positivas combinado con “otras medidas”, una mención que incluye los controles de precios implementados por el Gobierno.
El economista venezolano dijo además que el programa busca “una mejora creíble de las finanzas públicas”, optimizando los ingresos y reduciendo los subsidios a la energía; fortalecer la balanza de pagos con un aumento de las reservas del Banco Central (BCRA) y de las exportaciones, y mejorar el crecimiento y la resiliencia de la economía “movilizando el ahorro doméstico”, fortaleciendo la gobernanza y la transparencia, y la inclusión laboral, financiera y de género.
Los detalles
“Se eleva de esta forma al Poder Legislativo un proyecto que incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, y el Memorándum de Entendimiento Técnico”, explicó el comunicado del Palacio de Hacienda.
“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, se informó.
El Ministerio de Economía destacó que el acuerdo no implica “una inhibición en la recuperación económica”.
Además ratificó que “hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal” que debe ser abordado con “un enfoque integral”. Y agregó: “La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas. El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas”.
El Gobierno indicó también que “se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario”, y que el Banco Central aplicará una política monetaria con tasas de interés reales positivas, además de los controles de precios.
El Palacio de Hacienda estimó que se apunta a una reducción “gradual” del déficit fiscal, consistente con un “crecimiento moderado del gasto en términos reales” con el objetivo de apuntalar la recuperación económica, al tiempo que “se fortalecen el crédito y la moneda nacional”. Luego parafrasea a uno de los memorándum: “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024″. No explicitó si en 2025 se deberá a llegar al equilibrio, como dijo el Fondo luego de los anuncios que Guzmán había realizado semanas atrás.
Tarifas y jubilaciones
En relación a las jubilaciones, el Ministerio de Economía aclaró que “el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional, y se prevé continuar con la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609.
El Gobierno dijo que “está determinado a lograr niveles de tarifas razonables” con justicia y equidad distributiva para el gas y la electricidad, y ratificó los aumentos segmentados de las tarifas que había anunciado el Presidente Fernández.
La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles: usuarios de altos ingresos, que dejarán de ser beneficiarios de subsidio; los usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total al 40% aumento salarial del año anterior, y el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del aumento salarial correspondiente al año anterior. Economía explicó que la propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
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