Por Luis Domenianni
Una serie de éxitos enmarcan los últimos meses del presidente Joe Biden. Sin embargo, a solo cien días de la elección legislativa de medio mandato, una encuesta de New York Times muestra que solo un tercio de los electores aprueban su acción de gobierno.
Mejor posicionado, en cambio, se observa al oficialismo. Según publica otro de los grandes diarios norteamericanos, el USA Today, el Partido Demócrata obtendría un 44 por ciento de las preferencias -si las elecciones fuesen en agosto 2022- frente a un 40 por ciento de los republicanos y un 16 por ciento indeciso.
Desde la adopción de su proyecto de ley -mínimo, por cierto- sobre control de armas de fuego, pasando por su plan de inversiones en mini conductores, la eliminación del número uno de Al Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, la baja del precio del combustible y la reducción del desempleo al 3,5 por ciento, Joe Biden suma buenas noticias.
No obstante, la marcha de la economía aparece como un imponderable. En concreto, dos de sus principales variables: retroceso del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,2 por ciento durante el segundo trimestre mezclado con una inflación anualizada que supera el 9 por ciento. En síntesis, riesgo de estanflación.
Las dudas, al menos de momento, no amainan frente al futuro. Alrededor de un 64 por ciento de los demócratas piensa que el presidente Biden no debería intentar su reelección en 2024. Una duda que genera un interrogante frente a la próxima legislativa: ¿Hay que hacer campaña con el presidente o sin él?
Con todo, y no sin ceder ante muchas demandas, el presidente puede vanagloriarse de haber conseguido la aprobación senatorial para la Inflation Reduction Act, la Ley para la Reducción de la Inflación. Como él mismo admitió, “fue necesario acordar muchos compromisos” para relativizarlos: “son exigencias que se plantean siempre”.
En rigor, la Ley para la Reducción de la Inflación no tiene mucho que ver con el objetivo que parece plantear su nombre. Votada senatorialmente, gracias al desempate de la vicepresidente Kamala Harris, es la síntesis de mínima del otrora ambicioso plan del presidente Biden, el Built Back Better (Reconstruir Mejor).
El texto prevé la baja de los precios de los medicamentos para las personas de mayor edad -valen diez veces más caros que en la vecina Canadá-, aunque a aplicar recién para el 2026.
Asimismo, comprende la mayor inversión histórica de los Estados Unidos en materia de clima y medio ambiente. Se trata de 369 mil millones de dólares destinados a acelerar el desarrollo de energías renovables, de subvencionar la adquisición de automotores eléctricos y de financiar la transición eléctrica para hogares y empresas.
La propuesta consiste en financiar estos cambios con una imposición del 15 por ciento para las empresas que alcancen beneficios anuales superiores a 1.000 millones de dólares y del 1 por ciento para las transacciones de recompra de acciones. El plan abarca una década.
Del lado republicano, la oposición contó con argumentos tales como la incorporación prevista por el plan de 37 mil nuevos agentes estatales, por ejemplo. En rigor, el líder de la bancada Mitch McConnell sentenció; “un nuevo plan del presidente que no hará otra cosa que alimentar el alza de precios”.
Como se dijo, el plan aparece más como electoralista que como freno a la inflación. Propuestas para mayores -medicamentos- y para jóvenes -medio ambiente- persiguen un voto favorable el próximo 8 de noviembre. Habrá que ver.
La grieta
Si la ley antiinflacionaria es presentada en el terreno político como un triunfo de cara a las legislativas, en el terreno social las perspectivas muestran una grieta que difícilmente será saldada, al menos en los años venideros inmediatos.
Son dos temas que se acumulan y aunque parecen diferenciarse por sus motivaciones, no es incorrecto unificarlos en su referencia a uno y otro lado de la citada grieta.
Por un lado, la cuestión del aborto. Por el otro, la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego, en particular, aquellas consideradas como armas de guerra.
En ambos, aproximadamente, quienes se ubican de un lado y de otro, con excepciones claro, suelen ser los mismos. Los conservadores rechazan el aborto y sostienen la libertad irrestricta frente a las armas de fuego. Los progresistas, lo contrario.
El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, mediante una sentencia, acreditó a los estados de la Unión la potestad de resolver sobre la legalización del aborto en un abanico que va desde la prohibición lisa y llana hasta la aceptación plena con escasísimas restricciones.
Dicha libertad de decisión concedida a los Estados deja mal parado al presidente Biden quién es manifiestamente partidario de la legalización del aborto, aunque bajo ciertas condiciones. La sentencia de la Corte remueve el tema que deja de ser una cuestión federal para quedar bajo la jurisdicción estadual.
Son veinte los estados que, de momento, aceptan el aborto. Algunos como California, Oregon, Washington, Nuevo México, Minnesota y New Jersey han reforzado, tras el fallo de la Corte, su visión abortista.
Es legal, además en Alaska, Nevada, Colorado, Kansas (con referéndum reciente incluido), Illinois y casi toda la Nueva Inglaterra, es decir Maine, Nuevo Hampshire, Vermont (reforzado), Nueva York (reforzado), Massachusetts (reforzado), Connecticut (reforzado), Rhode Island, Delaware (reforzado) y Maryland (reforzado).
Siete estados aparecen como inciertos debido a la voluntad oficial de restringir o lo contrario, sin definición aún. Son Montana, Nebraska, Iowa, Michigan, Pennsylvania, Carolina del Norte y Virginia. Otros cuatro están en proceso de restricción total: Ohio, Carolina del Sur, Georgia y Florida.
Por último, con legislaciones antiabortistas, Idaho, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wisconsin, Indiana, Virginia Occidental, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Arkansas, Missouri, Oklahoma, Luisiana, Texas, Utah y Arizona.
En síntesis, la Nueva Inglaterra y la Costa Pacífica presentan una visión liberal frente al pensamiento conservador sobre la materia, propio de los estados del Sur y del “Corn Belt”, el centro agrícola de los Estados Unidos.
Junto al aborto, las armas. La Cámara de Representantes con mayoría demócrata votó un proyecto de ley para prohibir la venta de fusiles de asalto y de armas semiautomáticas. Fue un voto ajustado: 217 representantes votaron a favor del proyecto apadrinado por el presidente Biden, frente a 213 que lo hicieron en contra.
No ocurrirá lo mismo en el Senado, donde los republicanos cuentan con bloquear la iniciativa. Desde lo ideológico, el argumento republicano encuentra fundamento en la segunda enmienda constitucional que consagra el derecho a portar armas.
Desde lo económico, la venta de armas en los Estados Unidos representó un negocio de 1.000 millones de dólares en la última década.
Con todo, las recientes masacres, tres en total con 38 muertos, abrieron la vía para la adopción de una “modesta” ley que aumenta los gastos en materia de salud mental y de seguridad en las escuelas.
Hasta el momento, los reclamos presidenciales caen en saco roto. Solo un cambio de mayoría en el Senado en las próximas legislativas puede modificar las cosas, como ocurrió en 1994 cuando fue votada una restricción por diez años. A tener en cuenta, tradicionalmente no es el oficialismo quien gana las elecciones de medio tiempo.
Los enemigos (uno)
En materia de política exterior, si desde la perspectiva de la paz mundial son observados, los pronósticos no son halagüeños. Si, en cambio, la observación se lleva a cabo desde una óptica binaria -amigos/enemigos-, las dudas se disipan.
Ucrania en Europa y Taiwán en el Extremo Oriente reflejan el final de una coexistencia pacífica a la que cabe calificar de ingenua y peligrosa, aunque en ambos casos, la reacción norteamericana va en zaga del accionar de los autoritarismos, ruso o chino.
La ayuda militar norteamericana a Ucrania ya totaliza 9.800 millones de dólares desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, sensiblemente superior al presupuesto 2022 para la defensa ucraniana que rondaba los 5.900 millones de igual moneda.
El actual paquete de armamento anunciado el 08 de agosto de 2022 es el décimo octavo y alcanza un valor de 1.000 millones de dólares. Pero, más allá, de las cifras financieras, la ayuda crece cualitativamente. Al principio eminentemente defensivo, actualmente el armamento comprometido incluye tecnología de punta.
Se trata, por ejemplo, de municiones para alimentar los 16 lanzacohetes múltiples M142 Himars, capaces de hacer blanco hasta una distancia de 80 kilómetros, causantes hasta el momento de la destrucción de 110 sitios rusos de depósitos de municiones o carburantes, principalmente en el Dombass y en Kherson.
El paquete incluye además 75 mil obuses de 155 milímetros destinados a los 126 cañones M777, considerados como esenciales en la fase actual de guerra de artillería. Se agregan 20 morteros de 120 milímetros con 70 mil obuses y mil misiles portátiles Javelin antitanque.
Con todo, el avance principal consiste en la provisión de misiles antirradar para equipar los aviones de la Fuerza Aérea ucraniana. Se trata de los proyectiles AGM-88 capaces de detectar y destruir los radares de las baterías de defensa antiaérea rusas hasta 100 kilómetros de distancia.
Ya sea por los lanzacohetes múltiples Himars, las baterías de defensa Nasams o el dron suicida Switchblade, la sofisticación está a la orden del día en la provisión de armamento norteamericano a Ucrania.
No obstante, el Pentágono, de momento, se niega a suministrar aviones de combate F-16 como reclama la Fuerza Aérea ucraniana porque considera que hacerlo representa un riesgo de escalada con Rusia.
Los F16 o la incorporación de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) indican límites que aún el gobierno del presidente Biden no está dispuesto a traspasar. Pero, como dijo el secretario de Estado Anthony Blinken “sostendremos al pueblo ucraniano frente a la agresión rusa todo el tiempo que sea necesario”.
Los nuevos suministros no parecen resolver todas las amenazas contra la defensa ucraniana, pero según varios expertos ayudan considerablemente para una potencial contraofensiva.
Para el gobierno norteamericano, los rusos no consiguieron ninguno de los objetivos establecidos por el presidente Vladimir Putin al principio de la guerra. Por el contrario, según el Pentágono, ya acumulan bajas cercanas a los 80 mil soldados de los 130 mil destinados, originalmente, a la operación.
La respuesta rusa reviste, de momento, carácter político. Colaboración ruso-iraní para el lanzamiento de un satélite al que Estados Unidos cataloga como espía y suspensión de las inspecciones norteamericanas sobre los sitios militares rusos previstas en el Tratado New Start, demuestran la voluntad de Vladimir Putin de no dar marcha atrás.
Taiwán y Al Qaeda
Sería posible hablar de una asociación de autoritarios por el mundo. Si bien casi no existen lazos formales entre ellos, aparecen todos juntos cuando de enfrentar a las democracias del mundo se trata. En particular, claro, a los Estados Unidos.
Sumemos: los europeos Vladimir Putin de Rusia y Aleksandr Lukashenko de Bielorrusia; más los asiáticos Xi Jinping de China, Kim Jong-un de Corea del Norte, los Talibán de Afganistán, los ayatollahs de Irán y Bashar Al-Assad de Siria; más los americanos Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua y los comunistas cubanos.
Todos atizan conflictos y reciben palmadas de muchos otros aspirantes dispersos por el mundo que no alcanzan la envergadura de los anteriores pero que, sin duda, la envidian.
Los episodios que cada uno de ellos protagonizan los suben y los bajan, alternativamente, de los acontecimientos mundiales. Aunque, por peso específico, China y Rusia aparecen como omnipresentes.
Aquella rivalidad, aquel desafío que la economía china lanzó al mundo para sustituir a Estados Unidos como primera superpotencia, se transformó actualmente en una confrontación con crecientes ribetes militares.
La reciente reacción china con motivo de la visita de la presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán pone lo anterior de manifiesto.
Ejercicios militares con munición real en los alrededores de la isla y amenazas de “tolerancia cero” frente al gobierno separatista taiwanés mostraron el rostro belicoso del gobierno del presidente Xi Jinping.
El argumento de la provocación por la visita de Pelosi no resiste análisis. Comparar una estancia de un día con una respuesta consistente en actos de guerra revela una desproporción a todas luces.
Es más, las incursiones de los aviones militares chinos en el espacio aéreo denominado zona de defensa taiwanés no son recientes. Comenzaron mucho antes de la visita de la representante norteamericana. Se trata de provocaciones constantes.
Los Estados Unidos mantienen una situación de ambivalencia frente al contencioso taiwanés. Por un lado, comprometen una defensa de la isla en caso de invasión, pero a su vez no contradicen la pretensión china que reclama a Taiwán como parte integrante de la llamada República Popular.
La ambición china sobre Taiwán representa, además, una visión geopolítica que pretende la dominación por parte del gobierno de Pekín de la totalidad del Mar de la China Meridional que baña a diez países del sudeste asiático. Visión que choca de lleno con la libertad de los mares que preconizan las democracias liberales del mundo.
Un párrafo final para la ejecución, mediante un dron, del número uno de la red terrorista Al Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, mientras leía en el balcón de la casa que ocupaba. Sin dudas, un éxito importante para el presidente Joe Biden luego de la tumultuosa salida de Afganistán por parte de las tropas norteamericanas y sus aliados.
Pero un éxito con sabor agridulce que acelera la imagen de abandono que gran parte de los afganos conservan. Es que cuando los soldados norteamericanos y aliados se fueron, los Talibán tomaron el poder. Pero no llegaron solos, junto a ellos Al Qaeda. Como hace 21 años.
INT/ag.luisdomenianni.vfn/rp.
