Después del atentado del jueves pasado, el desempeño del grupo destinado a proteger a la vicepresidenta está bajo investigación judicial. En el ministerio que dirige Aníbal Fernández no informan si, más allá de la causa penal, se abrió finalmente un sumario interno para revisar la actuación de los custodios. Los cambios en el equipo fueron firmados por el subjefe de la PFA, comisario general Osvaldo Rubén Mato, porque el jefe está de licencia en el extranjero. Con estas variantes, señaló el funcionario, se busca fortalecer el protocolo de seguridad, cuyo funcionamiento “no tiene que cambiar” sino “garantizar que se esté cumpliendo”.
Mientras tanto, la PFA pierde protagonismo en la investigación del ataque. Primero fue el teléfono de Fernando Sabag Montiel, después las cámaras de seguridad y el martes por la noche, también, la custodia de los dos detenidos. En la causa que investiga el atentado la jueza federal María Eugenia Capuchetti fue desplazando a la PFA y dándole cada vez más injerencia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El lunes, Capuchetti citó a José Glinski, el jefe de la PSA, a su despacho. Había tomado la decisión de que el teléfono de Brenda Uliarte se lo llevara directo la fuerza que él dirige. Fue después de que se perdiera toda la información del aparato de Sabag Montiel por causas que todavía se desconocen. Hay serias sospechas de que el formateo fue consecuencia de los intentos fallidos de los peritos de la PFA de desbloquear el teléfono, cosa que no lograron. La otra sospecha es que alguien puede haber hecho un borrado remoto. La fiscalía pidió que se haga un peritaje del peritaje para investigar qué pasó. Lo haría Gendarmería.
“Las tres fuerzas están trabajando como auxiliares del juzgado”, dijo una fuente oficial del Ministerio de Seguridad, del que dependen la PFA, la PSA y la Gendarmería Nacional.
En el manejo del teléfono también hay cuestionamientos al juzgado. Hasta ahora ninguno se convirtió en un planteo oficial. En sus declaraciones en tribunales, los expertos de la PSA dijeron que habían recibido el aparato -reseteado a nuevo- en un sobre abierto, sin modo avión, sin precisiones de lo que se había hecho con él hasta entonces y sin el detalle sobre la cadena de custodia, informaron fuentes del caso.
Es probable que las defensas en algún momento cuestionen la cadena de custodia. Una fuente del caso le dijo que el fiscal Carlos Rívolo ya sugirió que él podría prescindir de lo que saliera de ese aparato, si efectivamente algún día sale algo. En el juzgado confían en que podrán recuperar la información. Los investigadores dicen, no obstante, que cuentan con lo que había en las tarjetas del celular (de allí salieron las fotos de Sabag y Uliarte con el arma) y que no consideran para nada que el aparato fuera “la prueba clave”.
Capuchetti decidió ayer que los dos detenidos pasaran de las sedes policiales de Cavia y General Madariaga a una dependencia de la PSA. Por seguridad, no quería que fueran a un penal. Prefiere que no se mezclen con la población carcelaria. La PSA acondicionó entonces unos calabozos donde están solos, separados y custodiados con agentes y cámaras, dijeron desde la fuerza a la Justicia.
La PSA se sumó también al control de las cámaras callejeras -públicas y privadas- y analiza su contenido. Eso incluye las imágenes que aportó el equipo de Cristina Kirchner. También tuvo a su cargo la revisión de los autos de Sabag Montiel.
En paralelo, el rol de los custodios de la vicepresidenta, que pertenecen a la Policía Federal, es “otra línea abierta de investigación”, dijo una fuente de la causa, Rívolo pidió medidas para hacer una revisión de las llamadas entrantes y salientes de todos los custodios de la vicepresidenta.
Los investigadores no solo quieren saber si hubo alguna negligencia en el cuidado de Cristina Kirchner; también, descartar que algún agente haya tenido un rol activo en el atentado. Hasta ahora, dicen en los tribunales, no hay ninguna prueba concreta que haga pensar que fue así.
P/ag.ln.prn.cl.vfn/gr.
