El oficialismo busca quebrar el bloqueo que impuso Juntos por el Cambio por la embestida contra la Corte; el Gobierno envió un ambicioso listado de iniciativas, pero las terceras fuerzas condicionan su aval
Con su decisión de no incluir temas que interesan a la oposición y redoblar su embestida contra la Justicia, las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno hasta el 28 de febrero corren el riesgo de pasar, al igual que el año pasado, con más pena que gloria en el Congreso.
Desde que asumió su mandato, Alberto Fernández no tuvo demasiada suerte con la convocatoria a sesiones extraordinarias al Congreso. En su primer año de gestión propuso 11 proyectos, pero el Congreso le aprobó solo seis. En el segundo año anunció 25 y los legisladores aprobaron apenas 4. En 2022, el Poder Ejecutivo envió un temario con 18 iniciativas; ninguna de ellas llegó siquiera al recinto para su tratamiento.
El inicio de este año parlamentario asoma aún más conflictivo, pues la oposición de Juntos por el Cambio ratificó que no facilitará el tratamiento de las iniciativas que propuso para este verano –un total de 27- mientras perdure el proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados.
Ante esta situación, el oficialismo se ve obligado a recurrir a las terceras fuerzas para romper el bloqueo impuesto por Juntos por el Cambio. Del temario propuesto por el Poder Ejecutivo sobresalen varias iniciativas que el ministro de Economía, Sergio Massa, espera ver aprobadas antes del arranque del calendario electoral. Entre ellas la que propicia el desarrollo agroindustrial, modificaciones en el Indec y un nuevo blanqueo de capitales.
“Si Massa quiere tratar los temas económicos, que lo arregle con el Presidente y no le echen la culpa a la oposición”, advirtió el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) inquieto ante la amenaza de sectores del oficialismo de impulsar por decreto la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura. “Lo adelantó el ministro de Justicia (Martín Soria) y si bien la portavoz (Gabriela Cerruti) lo relativizó, no hubo una clara desmentida ni una rectificación por parte del ministro”, alertó el legislador que llegó al Congreso de la mano de Roberto Lavagna.
Los bloques de izquierda, por su parte, serán selectivos a la hora de prestar sus votos al oficialismo, mientras el interbloque Provincias Unidas, si bien es crítico del juicio político a la Corte, no quiere que el Congreso se paralice por esta disputa entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.
En similar sentido se expresó el libertario José Luis Espert (Avanza Libertad). “El juicio político contra la Corte Suprema de Justicia me parece una locura, pero no por eso es adecuado no discutir los demás temas. Debemos trabajar con seriedad”, sostuvo. Igualmente, el libertario es crítico del temario propuesto por el Gobierno.
“Es increíble que no estén, en el temario, el proyecto de ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas o la modificación de la Ley de Teletrabajo que destruye al trabajo virtual”. “¿Cómo puede ser que no haya un proyecto que busque solucionarle algo a la gente?”, enfatizó.
El oficialismo acusó a Juntos por el Cambio de pretender “extorsionar al Gobierno” y de imponer “excusas” para mantener paralizado el Congreso y bloquear la sanción de las leyes económicas y productivas que están pendientes. “Su postura es profundamente arbitraria y antidemocrática; se equivocan”, deslizan desde la cúpula del Frente de Todos.
Desde la oposición, en cambio, insisten en que el oficialismo se boicotea a sí mismo al insistir con una agenda conflictiva que no incluye iniciativas largamente solicitadas por los distintos bloques. Por ejemplo, la modificación de la ley de alquileres, ignorada en el temario.
“El Gobierno quiere debatir en extraordinarias el juicio político a la Corte y el proyecto para ampliar el tribunal de 5 a 15. Más evidente imposible: el kirchnerismo quiere llevarse puesta la Justicia y consagrar la impunidad. No podrán avanzar”, anticipó Mario Negri, jefe del bloque de diputados radicales.
Tampoco tiene posibilidades de prosperar en el Senado, al menos durante las sesiones extraordinarias, la propuesta del Poder Ejecutivo para nombrar al juez Daniel Rafecas como nuevo procurador general. La inclusión de esta iniciativa en el temario sorprendió a la oposición. El pliego de Rafecas está congelado desde hace tres años en la Comisión de Acuerdos del Senado por orden de Cristina Kirchner, quien desconfía del magistrado. Si bien Juntos por el Cambio insinuó en su momento que podría avalar su designación y facilitar los dos tercios de los votos necesarios, la vicepresidenta no se inmutó.
“Está claro que el temario que propuso el Gobierno para estas sesiones extraordinarias, con el foco puesto en la Justicia, apunta a alimentar el relato –sostuvo el senador radical Alfredo Cornejo-. Ahora se acuerdan del pliego de Rafecas cuando hace tres años que el kirchnerismo lo mantiene cajoneado. No lo vamos a tratar mientras no se respete a la Corte Suprema.”
P/ag.ln.ls.cl.ifb.vfn/gr.rp.
