Bogotá. El presidente Gustavo Petro, que asumió su mandato el 7 de agosto de 2022, enfrenta su primera crisis política en su gabinete, con fuertes manifestaciones y acusaciones de corrupción que involucran a a miembros de su familia y también un informe de la ONU que evidencia las altas tasas de violencia en situaciones que su gobierno debió intervenir.
La Fiscalía General de Colombia dijo el viernes que iniciará una investigación sobre las acusaciones de que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro tomó dinero de narcotraficantes a cambio de incluirlos en los esfuerzos de paz de su padre.
Nicolás Petro, un legislador de la provincia de Atlántico, ha dicho que no ha tenido nada que ver con los esfuerzos del presidente para hacer las paces o entregar acuerdos con rebeldes y bandas criminales, y calificó las acusaciones de «infundadas y dañinas».
El presidente Petro dijo en un comunicado el jueves que espera que su hermano Juan Fernando Petro, quien ha negado rumores similares, y su hijo Nicolás tengan la oportunidad de probar su inocencia.
El presidente había pedido a la oficina del fiscal general que investigara y Nicolás Petro dio la bienvenida a una investigación en su cuenta de Twitter el jueves por la noche.
Un equipo de sus investigadores se reunirá con la mujer que hizo las acusaciones contra Nicolás en Barranquilla, dijo la Procuraduría General de la República en un comunicado, y evaluará si requiere alguna protección.
La mujer, expareja de Nicolás Petro, había dicho a medios locales que dos personas acusadas de vinculación con el narcotráfico le habían entregado dinero a Nicolás para la campaña de su padre, entre otros presuntos actos de corrupción.
En enero comenzó una investigación sobre las acusaciones contra el hermano de Petro, agregaron los fiscales.
El gobierno de Petro está trabajando en una ley que permitiría a las bandas criminales, incluidos los narcotraficantes, entregarse y testificar sobre sus actividades a cambio de beneficios legales como sentencias reducidas.
Ese esfuerzo es una parte de la promesa de Petro de llevar la «paz total» a Colombia, cuyo conflicto armado interno con el narcoterrorismo de seis décadas ha causado la muerte de al menos 450.000 personas.
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