Por Dr. Joge Enríquez(*)****
El kirchnerismo ha ensayado en Jujuy lo que espera poner en práctica en todo el país a partir del 10 de diciembre de este año, cuando, según se estima, Juntos por el Cambio triunfe en las elecciones presidenciales. En tal sentido, Jujuy es un espejo que adelanta y que, en consecuencia, debe ser observado con atención. La cuestión de la reforma de la Constitución provincial solo fue una excusa. Desde el punto de vista de su legalidad es irreprochable, porque se respetó escrupulosamente el procedimiento previsto en la Constitución.
Pero su legitimidad excede esa consideración, ya que la modificación del texto constitucional fue aprobada por una amplísima mayoría que incluye al opositor Partido Justicialista, pese a que el oficialismo contaba con los números suficientes como para
haberla aprobado por su cuenta, sin necesidad de negociarla. También fue objeto de numerosos diálogos y consultas con la sociedad civil y con comunidades indígenas. Por lo demás, ante las dudas que despertaban en algunas de estas últimas, ciertos artículos, los mismos fueron eliminados del texto final.
Pero esos temas han pasado a un segundo plano. No es el contenido de la reforma lo que se discute ahora. En todo caso, quienes entiendan que algunos aspectos de ella vulneran la Constitución Nacional tienen a su disposición las acciones judiciales pertinentes. La cuestión ahora es otra: si la discrepancia da derecho al uso de la violencia. Este asunto es de una gravedad que el del contenido
de los artículos reformados, muchos de los cuales no hacen más que remarcar lo que ya disponen la Constitución Nacional y el Código Penal.
¿ES ADMISIBLE EL RECURSO A LA VIOLENCIA?
Vamos a situarnos en la peor hipótesis: que esos artículos sean inconstitucionales, que, reitero, no lo son. ¿Es admisible en tal caso el recurso a la violencia? ¿Tiene derecho una minoría organizada a sembrar el caos, a destrozar bienes públicos? ¿Tiene derecho a irrumpir por la fuerza en la Legislatura para intentar impedir la concreción de la voluntad de la mayoría? Por supuesto que no. Lo más grave es que esas minorías no actúan solas, sino instigadas por el gobierno nacional, que reitera la actitud que tuvo desde el inicio de la presidencia de Mauricio Macri: todo gobierno no kirchnerista es ilegítimo.
Bajo esa premisa, han realizado declaraciones de repudio a la “represión”, no a la violencia que se buscaba hacer cesar, el presidente, la vicepresidente, ministros, dirigentes, colectoras del kirchnerismo como Amnesty Argentina, asociaciones de
actrices y hasta un supuesto departamento de derechos humanos del club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Algunos personajes caricaturescos, como “Puf Puf” Eduardo Valdés, fueron bien explícitos: eso le ocurrirá a cualquier gobierno nacional que no sea kirchnerista.
(*presidente Asociación Civil Justa Causa; ex Diputado Nacional, JxC, PRO;
P/ag.jorgeenríquez.vfn/rp.
