Bogotá. La administración Petro corre el riesgo de no cumplir con su regla fiscal a través de un mayor gasto propuesto para 2024 y el impacto financiero de las reformas que se debaten en el Congreso, advirtió el lunes un comité independiente.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que el gobierno respetaría la regla de 2011 que impone restricciones a la política fiscal para bloquear el deterioro de las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda presentó en junio su Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), señalando que el déficit podría aumentar a 4,5% del Producto Interno Bruto en 2024. Revisó al alza sus metas de deuda y ajustó su pronóstico de déficit fiscal para 2023 a 4,3% del PIB del 3,8% original.
El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro está impulsando reformas de salud y pensiones en el Congreso y planea volver a presentar una reforma laboral que anteriormente no logró avanzar.
El experto Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF) dijo que los aumentos de gasto previstos para este año y el próximo podrían ejercer una mayor presión sobre las finanzas de Colombia y revertir el éxito en la reducción del déficit tras la pandemia de coronavirus.
“Al hacer este ajuste, el gasto previsto en el MFMP no cumplirá con las metas de resultado primario neto estructural de la regla fiscal en un monto cercano al 1% del PBI para 2024, 0,6% para 2025 y 0,3% para 2026” , dijo el CARF en un informe.
Los objetivos del gobierno dependen de ingresos no estructurados e inciertos, dijo la CARF, incluidos los laudos de los procesos de arbitraje. Estos se considerarían ganancias únicas si el gobierno gana los casos, en un momento en que se planea un mayor gasto social.
“Si el presupuesto del Gobierno Nacional se programa para 2024 con el techo de gasto visto en el MFMP, esto conduciría a un posible incumplimiento de la regla fiscal”, dijo la CARF.
«No es prudente hacer planes fiscales sin margen de maniobra ante posibles eventos adversos», dijo el informe, y agregó que la previsión del gobierno excluye probables gastos adicionales derivados de las reformas si el Congreso las aprueba.
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