Guatemala DC. Cientos de ciudadanos se concentraron en las calles de la capital guatemalteca para mostrar su descontento con el actual del Ministerio Público y pedir explícitamente la renuncia de al menos cinco funcionarios públicos involucrados en lo que llaman «persecución judicial» contra el candidato Bernardo Arévalo de León y su partido Movimiento Semilla.
«Respeten la voluntad del pueblo». Esta fue una de las consignas que los guatemaltecos usaron durante las protestas del fin de semana en diversos departamentos. Este lunes 24 de julio, decenas de manifestantes se reunieron en Ciudad de Guatemala para exigirle al Poder Judicial que «no interfiera» en los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 25 de junio.
Con estudiantes y médicos a la cabeza, los manifestantes se enfilaron hacia las inmediaciones del Ministerio Público guatemalteco para exigir la renuncia de Fredy Orellana, juez que ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla; Silvia Valdéz, cabeza de la Corte Suprema quien habría liderado la suspensión en la oficialización de los resultados electorales de la primera vuelta presidencial; Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, fiscales que ordenaron los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y Consuelo Porras, titular de la fiscalía a la que la oposición acusa de «golpista».
«Estamos pasando una de las peores crisis de nuestra historia y tenemos que estar unidos para salir adelante», afirmó uno de los manifestantes utilizando un altavoz frente a la sede del Ministerio Público.
Las protestas detonaron después que el pasado 1 de julio la Corte Constitucional del país centroamericano ordenara la «revisión» de los resultados de la jornada electoral del 25 de junio a petición de algunos candidatos perdedores, en donde la exprimera dama Sandra Torres logró pasar a la segunda vuelta electoral para competir contra un inesperado Bernardo Arévalo.
La sorpresiva irrupción del candidato progresista ha estado llena de obstáculos impuestos por el Ministerio Público encabezado por Consuelo Porras, denuncia la campaña de Arévalo. El 12 de julio, la Fiscalía solicitó la suspensión del partido Semilla argumentando un escándalo de corrupción relacionado con la falsificación de firmas durante su proceso de inscripción.
La solicitud fue rechazada dos días después por la Corte de Constitucionalidad, que otorgó un amparo al partido de Arévalo tomando como base la imposibilidad constitucional por suspender a un actor político en medio de las elecciones. Sin embargo, la embestida del poder Judicial, que la oposición argumenta se ha convertido en un órgano ‘vasallo’ al Gobierno de Alejandro Giammattei, no paró ahí.
El mismo 14 de julio, la Fiscalía ordenó el allanamiento de la sede del Tribunal Supremo Electoral, organismo que vigila la transparencia de los comicios guatemaltecos y que había dado el visto bueno a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Además, el órgano judicial guatemalteco también allanó las oficinas del Movimiento Semilla y emitió órdenes de aprehensión contra dos de sus miembros.
Actores internacionales tales como el gobierno de Estados Unidos o la Organización de Estados Americanos (OEA) ya han expresado en numerosas ocasiones sus preocupaciones en relación al papel del sistema judicial de Guatemala en los resultados electorales de este año.
En su cuenta de Twitter, Brian Nichols, alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense, afirmó que sostuvo una conversación con el ministro de Exteriores guatemalteco, Mario Bucaro, para exponerle la importancia de que la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto, tenga lugar «sin interferencias ni acoso a los candidatos y partidos políticos.»
En días pasados, la Casa Blanca ha criticado los allanamientos llevados a cabo por la fiscalía guatemalteca a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral y del Movimiento Semilla, calificándolos como «prácticas autoritarias». El Gobierno de Joe Biden ya ha sancionado a figuras como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche por «obstrucción a la justicia».
La OEA ha calificado de «persecución política» a las acciones emprendidas por el Ministerio Público en contra de Bernardo Arévalo y el partido que este representa. Será el próximo 20 de agosto cuando Guatemala tenga todas las miras internacionales puestas en sus elecciones, esperando que el proceso represente la voluntad democrática de la ciudadanía.
INT/ag.agencias.europapress/re.rp.
