Una novedad de la ratificación del fallo de la jueza Loretta Preska que condenó a la República Argentina a pagar US$ 16.009 millones de dólares, es que la tasa de interés que correrá a partir de ahora y hasta el día que se haga efectivo el pago de la sentencia es del 5,39% anual.
Eso quiere decir que se acumularán 867 millones de dólares por año en intereses, hasta el día en que se llegue a un acuerdo con los acreedores. Si bien es obvio que este Gobierno no pagará un solo dólar, no es fácil especular qué hará un nuevo Gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.
Los caminos que se abren en este juicio son varios, según le comentó el especialista en finanzas Sebastián Maril, quien siguió esta causa desde el inicio.
La Argentina podría apelar a una instancia superior -Cámara de Apelaciones- y aunque se supone que el fallo será ratificado, la cuestión será ganar tiempo y, eventualmente, acudir a la última instancia posible, la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde también es poco probable que acepte tomar el caso.
El fondo Burford también podría apelar y reclamar que la empresa YPF sea reintroducida a la causa como responsable. En ese caso, Burford podría reclamar embargos sobre las cuentas de la petrolera. Un detalle. Hoy YPF tiene un valor de mercado de 5.000 millones de dólares. Pero solo el 51% de ese capital es del Gobierno. No le alcanza a Burford.
Argentina también podría pedirle a la jueza Preska la reconsideración del fallo, un reclamo con 0,001% de probabilidad de ser atendido.
También se podría pedir la suspensión del fallo, dado que en menos tres meses habrá un cambio de Gobierno. Este camino ya fue utilizado en el caso que llevó adelante el fallecido juez Thomas Griesa por el reclamo de los denominados fondos buitre, que se saldó en abril de 2016. ¿Cómo se saldó?. Argentina colocó bonos por casi 10.000 milloens de dólares y con lo que recibió de los mercados de capitales saldó la factura con los holdoouts.
En este caso, la Argentina y Burford se sentarían a discutir un acuerdo al margen de lo que dice la sentencia. Finalmente, siempre queda abierta la puerta de la negociación.
Un punto a favor de la Argentina, dice Maril, es que quienes tienen la sentencia a su favor no tienen, en la práctica, de dónde cobrar. Los embargos no son una herramienta efectiva tratándose de un Estado soberano
. Lo que ocurrió con la Fragata Libertad, inmovilizada en un puerto de Ghana por unas semanas, es una excepción (y fue un papelón internacional) y no la regla. De la negociación cara a cara podría surgir un monto tal vez menor y la posibilidad de realizar pagos en cuotas, o con bonos de la deuda. Muchas opciones. Todas ruinosas para la Argentina, por culpa de decisiones desastrosas.
Argentina podrá demorar el pago a Burford, pero con un fallo firme en contra, a los próximos gobiernos se les hará casi imposible salir a colocar deuda en los mercados de capitales. Y si algo está claro es que la Argentina tiene que solucionar su situación financiera y para ellos es imprescindible poder volver a los mercados de deuda voluntario
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