La herencia sigue creciendo. En una polémica jugada, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner busca pasarle a Javier Milei el pago de un costo millonario derivado del escandaloso juicio por US$16.000 millones que el país perdió por la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner.
En una carta con fecha de hoy, la defensa argentina reclamó a la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que el país tenga más tiempo para depositar una garantía y evitar así millonarios embargos. La fecha original que había dispuesto la justicia estadounidense era el 5 de diciembre, antes del recambio presidencial. El Gobierno reclamó que sea, ahora, el 10 de enero.
“El 19 de noviembre de 2023, el pueblo de la Argentina eligió un nuevo Presidente. El presidente electo prestará juramento el 10 de diciembre de 2023 y se espera que la nueva administración nombre nuevos líderes para el gabinete y los ministerios de la República a partir de esa fecha. Dada la transición, la República solicita respetuosamente que la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia definitiva vigente hasta el 5 de diciembre de 2023″, arranca la carta del estudio de abogados Sullivan & Cromwell -que representa a la Argentina- enviada a la jueza Preska. En el párrafo siguiente, los abogados reclaman que esa fecha se extienda al 10 de enero de 2024, con Milei ya como presidente.
“Buscan pasar la responsabilidad de Alberto a Milei sabiendo que la jueza Preska muy astutamente había puesto la fecha 5 de diciembre para evitar que el próximo gobierno sea responsable de esta decisión, de poner una garantía para evitar embargos”, explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors.
“Es un pedido que tiene que ser aprobado”, agregó el experto, que explicó que para evitar embargos, mientras se apela el juicio por la expropiación de YPF, se debe depositar una garantía. Ahora, el Gobierno busca que la responsabilidad de depositar esa garantía pase de Fernández-Kirchner a Milei.
“Esta breve extensión le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Orden de la Corte del 21 de noviembre de 2023″, siguió la misiva de los expertos. “Los abogados de la República han consultado con los abogados de los demandantes, quienes han dicho que se oponen a cualquier extensión, a menos que la República [la Argentina] primero acepte un cronograma acelerado para la apelación, una de las dos condiciones de suspensión en la Orden del Tribunal del 21 de noviembre. La República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden de la Corte”, esgrimieron los abogados del país.
Los letrados, en tanto, explicaron que acelerar el cronograma de presentación de informes en la apelación sería un desafío “porque los demandantes presentaron una apelación cruzada e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, las cuales requerirán información adicional”.
Por otra parte, señalaron que “la nueva administración ya tendrá un tiempo limitado entre su toma de posesión (10 de diciembre) y la fecha límite para el escrito inicial de la República (23 de enero) para analizar las complejas cuestiones en apelación y revisar los borradores de los documentos de la República. La Corte debería conceder una breve prórroga (hasta el 10 de enero) de los plazos del 5 de diciembre sin imponer condiciones adicionales”, cerraron.
La semana pasada, el 22 de noviembre precisamente, Preska había accedido a un pedido argentino para no tener que pagar los US$16.000 millones, pero había ordenado al país aportar otros activos que sean del agrado de los beneficiarios al fallo antes del 5 de diciembre, como garantía para evitar embargos. Existía la posibilidad de que esos activos, que deben ser consensuados por ambas partes, fueran un 26% de acciones de YPF y una supuesta deuda que los demandantes dicen que Paraguay tiene con la Argentina por la construcción de Yacyretá.
Esta misma jueza había definido meses atrás en una sentencia los parámetros a seguir para determinar la indemnización que el Estado argentino debería pagarle al fondo Burford Capital, que presentó una demanda en Nueva York exigiendo una indemnización por la estatización de la petrolera impulsada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La decisión de la jueza colocó a la Argentina en el peor escenario, al rechazar todos los argumentos presentados por los abogados del país y respaldó los argumentos de los demandantes, avalando el cobro de la máxima indemnización posible.
Esta decisión sucede poco después de que el presidente electo de la Argentina, Javier Milei, anunciara que buscará privatizar las empresas públicas. “A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que el señor [Axel] Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió… Evidentemente, lo que primero que hay que hacer es recomponerla”, había declarado Milei ya convertido en presidente electo.
La estatización de YPF, impulsada por Cristina Kirchner en 2012 y llevada adelante por Kicillof, fue avalada por el Congreso en una votación que contó con el respaldo del kirchnerismo, pero también de algunos de los miembros actuales de Juntos por el Cambio, en particular, el radicalismo.
El proceso de estatización de la petrolera, que estaba bajo el control de la española Repsol, dejó dos frases históricas de Kicillof. “Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, dijo al defender la decisión. El arquitecto de la política económica del segundo mandato de Cristina Kirchner dejó otra afirmación que terminó siendo utilizada por los abogados de Burford en el juicio, y quedó estampada en la sentencia de Preska: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, afirmó.
El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios, compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
El juicio por la estatización de YPF quedó en manos de Preska, heredera del tribunal que encabezada el fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó la causa de los llamados “fondos buitre”. Luego de años de presentaciones y mociones judiciales, el juicio se realizó finalmente en julio de este año. YPF logró salir ilesa de la causa, sin tener que afrontar costos para la compañía, pero Preska falló en contra de la República Argentina, alegando, básicamente, que la manera en la cual el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización violó los estatutos de la compañía, y Burford, dueña de los activos del Grupo Petersen, tenía derecho a una indemnización.
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