La reforma radical de la economía que planea Javier Milei a través de la ley ómnibus que envió al Congreso de la Nación unió a los gobernadores patagónicos y a la industria naval nacional. Todos los sectores la rechazaron y advierten que, de avanzar los cambios al régimen de pesca que planea el equipo del libertario provocará la destrucción de miles de puestos de trabajos en puertos, de astilleros y de la industria pesquera.
También advirtieron que provocará una «pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.
El mandatario de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres (PRO) es quien capitanea el reclamo que unió en un comunicado al rionegrino Alberto Weretilneck; a Rolando Figueroa, de Neuquén; a Claudio Vidal, de Santa Cruz y a Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Indicaron que la nueva ley afectará “gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros».
Advirtieron también contra la modificatoria de la «obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y contra la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.
Fuentes en las provincias consultadas por Clarín señalaron que, aunque no está plasmado en el comunicado, los cambios a la ley contradicen la política impulsada en la campaña electoral por Milei. Ocurre que la normativa implicará una fuerte avanzada china sobre el sector, ya que tienen más de 3.500 buques de pesca distribuidos en el mundo y que van buscando distintos caladeros.
Con respecto a la eliminación del artículo 25 de la ley 24.922 que obliga a la pesca que tengan licencia argentina a descargar en los puertos del país, los gobernadores señalaron: “Hoy por hoy hay miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística, pero con la derogación de dicho artículo nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos”, explicaron los mandatarios provinciales en el comunicado.
Todos los sectores en pie de «guerra»
Este miércoles, en paralelo a la reacción de los gobernadores, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca y la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata también expresaron su rechazo a la modificación de la Ley Federal de Pesca.
“Consideramos que dicha modificación surge del desconocimiento de un sector que genera no solo empleos en su etapa extractiva, sino en toda la cadena de valor de la cual nuestra Industria Naval es parte”, dijeron oficialmente y por lo bajo distintos sectores consideraron el cambio es «aberrante».
Además de coincidir con que miles de puestos de trabajo están en riesgo junto a las empresas argentinas, alertaron que se pone también «en riesgo la sustentabilidad del recurso pesquero que se encuentra en su máximo rendimiento». Señalaron que se trata de un hecho que les costó «muchos años estabilizar luego de la crisis generada por la sobre pesca en la década del 90 ante el ingreso indiscriminado de buques del extranjero y que en su momento redujo a la Industria Naval Argentina a su mínima expresión”.
Varios referentes de la industria que consideraron que la modificación de la ley tendrá “consecuencias irreparables”.
Domingo Contessi, presidente de Astilleros Contessi, pidió «desideologizar» el debate en el sentido de considerar que fuera considerado como un reclamo sindical o de un supuesto lobby.
Pero en ese sentido señaló como uno de los grandes problemas de malos entendidos y comprensión, el hecho de que el gobierno siga sin nombrar a las autoridades de pesca que tienen que ser los intermediarios de un dialogo nacional con el sector. Para el caso, existen astilleros que tenían una determinada producción de barcos comprometida y que ya fue paralizada por la incertidumbre que produce el cambio en la legislación.
En esa línea señalan en la industria la pesca es un sector productivo y netamente exportador (90% de su producción), que genera divisas por 1.800 millones de dólares anuales, muy competitivo -lo hace contra flotas furtivas que pescan en la milla 201 y en Malvinas a menor costo-.
Recordaron que el sector genera 46.000 puestos de trabajo directo en 806 buques con permiso nacional y 377 plantas en tierra.
Los gobernadores y la industria cuestionan un artículo que sustituye uno anterior diciendo que “para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques».
El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos y a las distintas cámaras tiene que ver con el artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.
“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los gobernadores.
Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país. “A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, se quejaron los gobernadores.
El aspecto geopolítico
Por su parte, Fernando Morales, perito naval y Presidente de la Liga Naval Argentina dijo a este diario que haber incluido en una ley tipo “ómnibus” un tema tan delicado como lo es la reforma de la Ley Federal de Pesca y pretender además una aprobación legislativa rápida resulta – de mínima- «una verdadera misión imposible».
«Básicamente lo que se pretende modificar a nivel local es algo consagrado nada menos que por la Convención Internacional sobre Derecho del Mar (CONVEMAR)», agregó marcando también el aspecto geopolítico de la cuestionada reforma.
Este acuerdo internacional -que como tal tiene amparo constitucional-, determina que a nivel mundial se les reconoce a los países ribereños (es decir con frente marítimo) soberanía exclusiva en todo lo atinente a la explotación pesquera y de cualquier otro recurso existente en la misma que se realicen dentro de una franja de mar que va desde la línea costera de más bajas mareas hasta las 200 millas mar adentro (360km).
Para Morales, los cambios que el presidente Milei propone en el megaproyecto echan «por tierra con este precepto al proponer que la ZEEA sea abierta a cualquier flota pesquera internacional que este en condiciones de “licitar” un permiso de pesca sin importar nacionalidad de la tripulación, bandera del buque (por ejemplo, británica) condiciones laborales a bordo, sin necesidad tributar en el país y fundamentalmente con total libertad de llevarse lo pescado sin ser procesado en el país».
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