Tres días después de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico habilitara la feria judicial para tratar la constitucionalidad del mega-DNU que firmó Javier Milei, el propio Gobierno apeló la medida con el argumento de que el magistrado «se extralimitó en sus facultades» ya que se inmiscuyó en temas vinculados a otra jurisdicción judicial.
“El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso”, resume el recurso firmado por dos abogados de la Procuración del Tesoro, que lidera Rodolfo Barra.
El planteo apunta a que en su rol de juez de feria, Lavié Pico no puede modificar la posición del juez natural en lo Contencioso, Esteban Furnari, a quien reemplaza en la licencia estival.
Lavié Pico, la semana pasada, frenó el amparo colectivo que presentó el Observatorio del Derecho a la Ciudad y en el que se acumulaban las distintas demandas contra el decreto impulsado por el nuevo presidente. Así, el magistrado interpretó que cada expediente debía tramitarse por separado.
En la apelación que hizo, el Gobierno rechaza esa decisión y cita las resoluciones previas en la causa. “Las partes y los jueces, deben sujetarse al procedimiento procesal y ello marca un orden y brinda certidumbre a las posiciones adoptadas”, dice el recurso citado.
También añaden, en relación a la intervención de Lavié Pico en el juzgado de Furnari que «al trastocar todas las actuaciones que se desenvolvieron en razón del proceso colectivo inscripto, la resolución aquí atacada por exceso jurisdiccional, ha devenido a foja 0, convirtiéndose la resolución atacada en un improcedente “virtual rechazo de inhibitoria”, cuando su colega, juez a cargo de Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2 ya había sentenciado admitir la inhibitoria”.
En otro extracto de la presentación oficial, se plantea que el fallo del juez de primera instancia “produce efectos gravísimos para la defensa del Estado Nacional, en tanto produce la multiplicación de litigios con el riesgo de tener sentencias contradictorias; precisamente lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación procuró evitar”.
Al presentar la apelación, el Gobierno busca que el fallo de Lavié Pico sea revisado por la Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco.
En un total de 57 carillas, así, el Ejecutivo insiste con un pedido de inhibitoria y la incompetencia del fuero laboral para pronunciarse frente a los reclamos contra el DNU, como los planteados por la CGT, la CTA y la Federación de Viajantes que ya obtuvieron medidas cautelares.
“No puede convalidarse la manipulación de las normas procesales para elegir el fuero más favorable, en menosprecio de la garantía del Juez natural, pues ello, constituye un abuso del derecho a peticionar y de la buena fe, que no puede ser aceptado a la luz de las normas que rigen el debido proceso”, aseguraron los abogados que representan a la Procuración del Tesoro.
En un escenario que se anticipa de futura definición en la Corte Suprema, el Gobierno también presentó un recurso extraordinario contra los fallos de la Cámara del Trabajo que frenaron el capítulo laboral del DNU, ambos surgidos de la Cámara del fuero, con el aval de los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera, a raíz de presentaciones realizadas por la CGT y la CTA, respectivamente.
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