El Procurador General interino, Eduardo Casal, se pronunció en contra de un pedido de Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos de las Coimas. La defensa de la ex vicepresidenta se había opuesto a la confirmación parcial y ampliación de su procesamiento sobre 175 delitos de cohecho pasivo (coimas). La resolución, que la ex mandataria busca revertir ante la Corte, también fijó para ella un embargo de 200 millones de pesos. Como su reclamo llegó hasta el máximo tribunal, éste pidió la opinión del jefe de los fiscales, que dijo que no había sustento para admitirlo.
La causa Cuadernos se encuentra elevada a juicio oral desde 2019. La principal acusada en dicho expediente -que cuenta con seis derivaciones más- es Cristina Kirchner. Se la procesó por el delito de dirigir una asociación ilícita para cobrarle sobornos a contratistas y concesionarios del Estado.
La acusación central se refiere a una estructura creada desde el Ministerio de Planificación Federal, para el cobro de pagos ilegales a empresas contratistas del Estado en materia de energía, transporte, obra pública, entre los principales rubros.
Cuando la Cámara Federal porteña confirmó las acusaciones contra la ex Presidenta, ella acudió a la instancia siguiente para intentar revertir ese criterio. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación consideró que como no había una sentencia firme, no había que hacer lugar a su queja.
Por ese motivo, Cristina llegó con su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia que le queda como reclamo para impedir el desarrollo del juicio oral y público. Con el reclamo en sus manos, el máximo tribunal pidió la opinión del Procurador General interino, Eduardo Casal.
El abogado de la ex vice, Carlos Beraldi, llegó a la Corte señalando -entre otros argumentos- que “la tarea revisora” de la cámara de apelaciones habría “sido inexistente”, que la omisión de tratamiento del recurso de casación “habría dejado a la acusada desprovista del derecho que garantizan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Finalmente, la defensa señaló que se está ante un “caso de gravedad institucional” al entender que la investigación del caso y sus posteriores confirmaciones “se habrían visto “plagado de ilegalidades y arbitrariedades, que no registran antecedentes similares en tiempos democráticos”.
El Procurador Casal analizó los fundamentos de la queja y en el dictamen al que accedió Clarín sostuvo que el recurso extraordinario “no se dirige contra una resolución que resulte equiparable a la sentencia definitiva”, que es uno de los fundamentos por los que debería tenerse en cuenta esta clase de planteos.
De esta manera, en primer término, el jefe de los fiscales respaldó el criterio de la Sala III de Casación Federal, que rechazó analizar la queja de Cristina Kirchner en contra de su procesamiento en el caso Cuadernos.
En cuanto a las quejas de gravedad institucional que desarrolla el abogado de la ex presidenta, Casal dijo que son todas ellas “cuestiones que no corresponde atender por la vía intentada, sino que la parte habrá de someter al conocimiento de los tribunales ordinarios en las etapas ulteriores del procedimiento en curso”.
Recordó en este punto que el desarrollo del juicio oral es la mejor instancia para controvertir las acusacioness que pesan sobre Cristina Kirchner, y en tal escenario poder desarrollar su defensa para sustentar lo que viene diciente: que es inocente frente a los delitos atribuidos.
En otro de los párrafos de su dictamen, el Procurador fue más determinante respecto a las acusaciones de la ex vicepresidenta sobre las garantías constitucionales que, aduce, le fueron negadas durante el proceso de investigación.
“No aprecio que las decisiones adoptadas, que la parte encuentra adversas, permitan afirmar que ha sido sometida a una privación total de justicia que justifique equiparar” un procesamiento que cuestiona Kirchner, con una “sentencia firme que habilite la vía extraordinaria”. Es éste el recurso por el que se llega con una queja a la Corte.
En el tramo final de su dictamen, el jefe de los fiscales consideró que el único fin que la defensa de la ex vice persigue con el reclamo “es revisar una decisión que afecta el interés particular de la imputada, que sus representantes respaldan con afirmaciones genéricas acerca de que afectarían también a toda la comunidad poniendo en riesgo “los postulados más básicos que hacen a las instituciones republicanas”.
Al analizar este argumento, Casal recordó que la “influencia, popularidad o importancia de las personas que son parte del pleito no es un factor determinante para la operación de la jurisprudencia sobre gravedad institucional” y que el impacto señalado sobre los intereses comunitarios” requiere “de una especial carga de justificación” que no se observan en el escrito de los abogados de Cristina Kirchner.
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