Tras el paro de 24 horas del transporte, el Gobierno reabrió el diálogo con los sindicatos aeronáuticos, en una carrera contrarreloj para desarticular una ola de protestas en el sector que podría coincidir con el comienzo de las vacaciones de muchos argentinos, en diciembre próximo.
La convocatoria fue del secretario de Transporte, Franco Mogetta, que llamó a Pablo Biró, titular del gremio de pilotos, y a Juan Pablo Brey, líder de los aeronavegantes, los dos dirigentes más duros, además de Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y Rubén Fernández, de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), para reunirse el viernes con autoridades de Aerolíneas Argentinas y con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Por ahora, desde ambos sectores hay voluntad de hablar, pero los sindicalistas aseguran que no recibieron ninguna oferta salarial. Las conversaciones seguirán el lunes próximo. Parece un avance en medio del feroz conflicto, aunque puede durar poco: la semana próxima, la Mesa Nacional del Transporte deliberará para hacer un balance del paro del miércoles y para delinear cómo continuará el plan de lucha: se va afirmando la posibilidad de hacer otra huelga antes de fin de año.
Hay diferencias entre los miembros de la Mesa: algunos son partidarios de esperar antes de reanudar las protestas, conscientes de que acelerar el plan de lucha puede ser contraproducente. Es que, a este ritmo, ¿harán un paro por semana? ¿Cómo se lo explicarán a los pasajeros que quieren viajar? Con esa preocupación en la mira, pilotos y aeronavegantes cumplirán este lunes, a las 12, otra jornada de “concientización”: afiliados de ambos sindicatos se acercarán a la gente en Aeroparque y Ezeiza para explicar por qué están en conflicto y repartir volantes en los que se detallan sus reclamos.
Otros sindicalistas, en cambio, quieren apurar una nueva medida de fuerza para tratar de sensibilizar al Gobierno. Imaginan un paro en diciembre, con todo lo que eso significa en materia de trastornos para los usuarios por la combinación de las fiestas y de las vacaciones. De manera informal, algunos hablaron de paros escalonados en donde cada gremio vaya alternando las medidas de fuerza.
Con el llamado de Mogetta a la mesa de diálogo con los aeronáuticos, el Gobierno dejó en evidencia que la huelga de este miércoles no le pasó inadvertida, más allá de que no pudo extenderse, como buscaban sus organizadores, porque no adhirieron los colectiveros ni otros sectores de la sociedad. No apoyó la protesta, sobre todo, el sector dialoguista de la CGT, que no se solidarizó con los reclamos de Camioneros, pilotos, aeronavegantes, maquinistas de locomotoras, empleados del subte, marítimos, portuarios y fluviales que organizaron el paro de 24 horas y que también integran la central obrera. Sólo hubo, tardíamente, un comunicado cegetista para condenar el mensaje difundido por el Gobierno desde la app Mi Argentina contra el paro del día 30. Y apenas en una línea del último párrafo se destaca que “los trabajadores tienen derecho a ejercer el derecho a huelga”.
Los moderados de la CGT y los duros del transporte son hoy las dos caras del sindicalismo. Y cada vez que pueden, ponen al desnudo sus posturas diferentes sobre la relación con el Gobierno. Este lunes, incluso, se producirá un gesto que profundizará más todavía esas diferencias porque dirigentes de la Mesa Nacional del Transporte convocaron a una reunión de una de las confederaciones que los agrupa, la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que está desactivada: su titular, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), es uno de los adalides del sindicalismo dialoguista.
Por esas diferencias internas, precisamente, Pablo Moyano (Camioneros), Pablo Biró (pilotos), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Raúl Durdos (SOMU) se apartaron de la CATT para crear la Mesa Nacional del Transporte con dos miembros de una entidad rival como la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT), Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA). Ahora, en su carácter de secretario adjunto de la CATT, Schmid citó este lunes a una reunión de sus integrantes para descongelar la actividad de la confederación y, en el fondo, para desafiar un liderazgo de Sasia que cuestionan sus colegas.
El que motoriza la ofensiva contra Sasia es Pablo Moyano, un dirigente que, en una característica poco apropiada para su actividad, no sabe bajar la velocidad, apretar el freno ni detenerse ante señales de peligro. Si sigue así, creen algunos de sus adversarios, puede chocar: no logró que el paro del transporte se convierta en una huelga general y, para colmo, la explosiva alianza de distintos sectores que buscó para reforzar la protesta lo dejó a merced de los grupos más radicalizados.
El hijo de Hugo Moyano puede quedar atrapado en un esquema de paros permanentes, pese a que se jacta de no sentarse a dialogar con el Gobierno y, a la vez, se beneficia del diálogo que mantienen con el Gobierno (nacional y porteño) tanto sus rivales cegetistas como su propio papá. Su postura irreductible le sirve más a Cristina Kirchner, que busca legitimarse como la jefa del antimileísmo.
Pablo Moyano tiene menos predicamento interno que su papá, resistido por haber aprovechado para sí mismo y su gremio su relación privilegiada con Néstor Kirchner. Y, a diferencia de Hugo, sus rivales creen que se le nota demasiado su afinidad con Cristina Kirchner y La Cámpora. Por eso el fantasma de CFK está sobrevolando en estas horas la feroz interna de la CGT. Para sus adversarios, el hijo de Moyano extrema su rol opositor para favorecer el armado político de la ex Vicepresidenta, donde los dialoguistas son uno de sus principales obstáculos para desgastar al jefe del Estado.
“Milei está haciendo lo que prometió en la campaña y lo que la gente votó; aunque no nos guste, no podemos oponernos a todo a menos de un año de gestión”, reflexionó ante Infobae un jefe dialoguista, con mucha resignación. En el fondo, de todas formas, los moderados de la CGT buscan que su voluntad negociadora sea recompensada por Milei casi como Carlos Menem premió en su momento a los sindicalistas que apoyaron las privatizaciones o su vuelco al liberalismo.
Incluso son casi los mismos: Héctor Daer, el líder de Sanidad que sucedió a una figura del dialoguismo sindical como Carlos West Ocampo; Armando Cavalieri, el eterno y pragmático líder de Comercio, y los ex “jóvenes brillantes” del ubaldinismo, como se conocía a fines de los años 80 a Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, que también terminaron apoyando a Menem.
Tras el paro del transporte, le toca al sector dialoguista revalidar sus títulos mediante algo concreto que puedan exhibir como un logro por su acercamiento al Gobierno. Está pendiente el primer encuentro de la comisión técnica tripartita que intentará acordar la reglamentación del artículo anti-bloqueos. Y también se debería destrabar el debut de la mesa de diálogo con la CGT y los empresarios del Grupo de los 6. Quizás esas postales no alcancen si la propia Casa Rosada no premia a quienes aceptan negociar y los diferencia de quienes sólo saben ir a la protesta. Si no, los dialoguistas se convertirán en duros y los duros en combativos, en un escenario de final impredecible.
EN/ag.agencias.ifb.rc/gr.
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El juez Ercolini citó a indagatoria a Alberto Fernández, acusado por corrupción en el caso de los seguros
El juez federal Julián Ercolini llamó a indagatoria a Alberto Fernández por presuntos hechos de corrupción en relación a los 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros, donde intermediaron 25 brokers. Fue citado para el 20 de noviembre. Al día siguiente deberán presentarse Héctor Martínez Sosa y María Cantero. En total son 39 personas las que tendrán que brindar explicaciones ante el magistrado.
El ex Jefe de Estado está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa quien se quedó con el 42% de los contratos- y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero. El matrimonio fue citado para el 21 de noviembre.
En tanto, el ex titular de Nación Seguros deberá presentarse en Comodoro Py el 28 de noviembre por la mañana.
Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos, son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal”. Cada eslabón compone las acusaciones por las que el ex presidente de la Nación deberá rendir cuentas ante la justicia federal.
La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es el decreto 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.
La decisión del ex Jefe de Estado al firmar ese decreto, a criterio de los investigadores, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández en el marco de la indagatoria.
En la resolución a la que accedió Cl, el juez Ercolini responsabilizó a las 40 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Para el juzgado, la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.
La investigación encontró que los acusados “habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de Nación Seguros».
Esto habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, fuera necesario o no, “contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y másters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas».
Entre ellos se encuentran Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello; como así también las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; Bachellier S.A.; Castello Mercuri S.A., «San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros S.A. y TG Broker S.A., entre otras.
Dos auditorías clave
A la hora de esclarecer la estructura en la cual se habrían cometido las irregularidades, el juzgado se basó en dos informes de auditoría. Uno realizado por Nación Seguros de la actual gestión libertaria, y otro por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que se confeccionó a pedido del juez del caso y a modo complementario del primero.
El primer informe auditor consigna un recorte de ciertos organismos, dependencias del Estado que pagaron comisiones a brokers de seguros. Representan el 67% y una suma global de dinero, de 2.315.868.642 pesos. Se trata de Gendarmería Nacional ($1.617.740.243), Ministerio de Desarrollo Social ($239.621.093), Policía Federal ($215.885.324), YPF ($141.854.216), Empresa Argentina de Navegación Aérea ($ 39.777.692), Ministerio de Seguridad ($35.428.326), Ministerio de Turismo y Deporte ($24.912.641), UTN ($352.593), Cámara de Diputados de la Nación ($296.514).
Pero el juzgado pidió completar el listado a través de la SIGEN. De su trabajo surge que en total el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 pesos por los 45 contratos bajo investigación
Es justamente uno de los puntos centrales que intenta desentrañar el juzgado de Ercolini: si ameritaba que en la totalidad de los 45 contratos bajo análisis intervengan los brokers de seguros.
El juez Ercolini precisión en la resolución de 46 páginas que los mencionados intermediarios se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones abonadas por Nación Seguros “como consecuencia de su designación por parte de las respectivas reparticiones públicas, a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”, pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Héctor Martínez Sosa, cuya esposa María Cantero “poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.
Para la justicia federal, hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.
Sobre broker amigo del ex presidente, Ercolini escribió: “que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.
En lo que refiere a Castello, el juzgado advirtió “aportes económicos para la campaña presidencial de Alberto Fernández, provenientes de su firma Castello Mercuri S.A.
El juez también afirma que Torres García y Martínez Sosa, junto a Castello, “habrían ejercido su influencia sobre Alberto Pagiano (presidente de Nación Seguros) en los negocios de la aseguradora. Por su parte, Fernández y Pagliano compartirían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.
Héctor Horacio Martínez Sosa, dijo el magistrado, “aparece vinculado a los siguientes intermediarios, con un total de 2.297.820.134,36 pesos o 68,3% del universo de comisiones de la maniobra (equivalentes a su vez al 59,6% liquidados por Nación Seguros a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 09 de diciembre de 2023.
El Decreto: puntapié inicial
En otro tramo de la resolución, el juez federal se ocupó de explicar las posibles irregularidades alrededor del Decreto 823/2021, que permitió el desarrollo de la maniobra investigada.
Las intermediaciones analizadas en este caso “se habrían iniciado con anterioridad” al decreto firmado por Alberto Fernández, “pero se habrían incrementado notablemente gracias al dictado de dicha norma, que impuso formalmente la modalidad. El decreto habría servido para centralizar en Nación Seguros, como aseguradora oficial, la gestión y con ello “el direccionamiento del universo de seguros de las entidades públicas, con la pretensión de darle un marco de legalidad a la maniobra delictiva ideada por sus intervinientes, cuyo objetivo final era la percepción de comisiones indebidas”.
Para sustentar este punto se citó como antecedente que Alberto Pagliano frente a Nación Seguros “propuso al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, que los bienes e intereses del Estado Nacional fueran asegurados en dicha entidad, y adjuntó un proyecto de decreto presidencial a tal efecto, que luego sufriría modificaciones”.
El otro aspecto destacado y bajo estudio fue que el Decreto “eliminó el punto del proyecto en el que se reglamentaba la actuación de los productores asesores de seguros, por el cual se limitaba únicamente a los casos que ameritaran su intervención por la complejidad o volumen de los riesgos asegurados y en el que se establecía que debían ser designados por un acto administrativo del ente tomador del seguro”.
Ese “vacío” normativo, consideró Ercolini, “habría dejado abierta la posibilidad de que se designaran intermediarios en cualquier caso y por simple nota, sin acto administrativo previo”.
Así, la totalidad de los contratos de seguros de entes públicos quedó centralizada bajo Nación Seguros, pero también quedó bajo su órbita la gestión del vínculo con los intermediarios y el pago de comisiones a los mismos, “con total discrecionalidad y con el consecuente beneficio a los efectos de la ejecución de la maniobra delictiva”.
A ese circuito, el juez del caso sumó otro elemento: si bien los organismos estatales quedaron obligados a contratar sus seguros en Nación Seguros, el mismo decreto facultó a esa entidad “para dar intervención a otras aseguradoras privadas en forma de coaseguro”. Ello habría permitido concentrar en la órbita de Nación Seguros el “direccionamiento de la asignación de porcentajes de los contratos a las aseguradoras privadas que eran seleccionadas de forma arbitraria desde la Subgerencia Técnica Comercial a cargo de Carlos Alberto Soria”.
P/ag.agencias.cl.ls/gr.
