La polémica quedo instalada por declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Fredric, que en declaraciones públicas admitió que su cartera está efectuando vigilancia y el patrullaje cibernético del humor social de los usuarios de las redes sociales. Decisión de la administración AFernández tomada en momentos en que en el mundo se evalúan las estrategias que aplican los gobiernos para enfrentar al Covid-19.
Para la ministra de Seguridad el “ciberpatrullaje” se trata de monitoreos en las redes sociales “sobre lo público” y “no sobre las personas”. “El objetivo de hacer una supervisión del espacio público digital es identificar la posible comisión de “delitos” y, en el caso de que lo identifiquemos, darle intervención a la Justicia” dijo Fredric que buscó diluir su dicho de “medir el humor social”, y admitió que “no fue la mejor frase” pero ya estaba dicha.
El conceptos “humor social” de la funcionaria llevó a buscar su definición: “Es el estado de ánimo que predomina en la sociedad, en función de él se percibe la realidad y se filtra e interpreta información. Prevalece e influye significativamente en las actitudes, posturas y evaluaciones de temas, instituciones y personajes expuestos a la opinión pública”.
Y respecto a “delito”: es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. Técnicamente suele ser definida como una conducta típica detallada en la ley penal, antijurídica prohibida por la ley y culpable reprochable a una o más personas.
En relación a en qué consiste concretamente el ciberpatrullaje, la ministra Fredric dijo que «es una investigación, un rastrillaje sobre lo que es público. Se miran las redes, se cruzan palabras, hashtags, es lo que hace muchas veces el periodismo para buscar tendencias, solo que está pensado con el objetivo de evitar delitos».
Ante estas definiciones legisladores de Juntos por el Cambio afirmaron “que ese ‘ciberpatrullaje’ puede afectar la libertad de expresión y de opinión, derechos esenciales del sistema democrático”. Para los diputados “Esto adquiere mayor gravedad aún si se considera que el reciente DNU 214/2020 modificó la Ley de Inteligencia quitando la fiscalización judicial de tales actividades”, lo cual “da lugar a que se esté llevando a cabo la labor de vigilancia referida por la ministra de Seguridad con intervención de cuentas particulares y sin la correspondiente orden judicial”.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio solicitaron al Poder Ejecutivo conocer los “recursos humanos afectados a la labor de ‘vigilancia y ciberpatrullaje del humor social’, indicando la identidad de los que la llevan a cabo, y si pertenecen a la planta permanente del Ministerio de Seguridad, si fueron contratados a ese efecto o si pertenecen a algunas de las fuerzas de seguridad federales, así como el lugar físico desde el que se realiza”. Como también adquisición de equipamientos y recursos técnicos.
Un informe, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advierte: “Las actividades de ‘ciberpatrullaje’ son llevadas a cabo en forma manual, con intervención humana y sin ningún tipo de software para automatizarlas, mediante consultas en motores de búsqueda y utilizando herramientas disponibles en forma gratuita en internet”. Mientras que Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló en un comunicado que “el gobierno debe ser transparente con respecto a las medidas que toma. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada”.
Entre algunos legisladores resonó con insistencia la expresión de la ministra de Seguridad que el “ciberpatrullaje” era para tener una visión del “humor social”, que luego corrigió para señalar que se trata de monitoreos en las redes sociales “sobre lo público” y “no sobre las personas”. “El objetivo de hacer una supervisión del espacio público digital es identificar la posible comisión de delitos”.
Un diputado memorioso recordó entonces algunas frases del Gral Perón: “Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden […] puede ser muerto por cualquier argentino […]. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos […]. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo, y si no, a palos”.
El diputado nacional Gustavo Menna (Chubut) presentó, junto a sus pares de Juntos por el Cambio Karina Banfi (Buenos Aires), Waldo Wolff (Buenos Aires) y Álvaro de Lamadrid (CABA) un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo entre otros puntos que: Remita copia de los reportes, informes y expedientes generados por los equipos de “vigilancia y patrullaje del humor social”. Si se requirió la autorización judicial contemplada en los artículos 18 de la Constitu-ción Nacional y 18 de la Ley Nacional de Inteligencia (ley 25.520) para llevar a cabo el cyberpatrullaje sobre cuentas de redes sociales. ) Si se remitió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Activi-dades de Inteligencia la normativa que estructuró la “vigilancia y cyberpatrullaje del humor social” y los reportes e informes producidos por el equipo que lleva adelante tal cometido.
Finalmente se pide que informe: “Si, dadas las evidentes y notorias implicancias en términos de tensión con el derecho a la libre expresión que implica esta iniciativa, ha tomado intervención la Secretaría Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el desarrollo de la referenciada normativa que estructura la “vigilancia y cyberpatrullaje del humor social”. En caso contrario, explique los motivos”.
rp.
