La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas advirtió sobre el riesgo de incremento de pobreza en América Latina, en un contexto «de bajo crecimiento, alta desigualdad y vulnerabilidad», según un informe. El organismo resalta que estos factores también van acompañados de un debilitamiento de la cohesión social y de manifestaciones de descontento popular, como fue el caso de Chile el pasado octubre de 2019.
A estos factores se ha unido la emergencia sanitaria y económica del coronavirus, que ha impuesto unas medidas de cuarentena y distanciamiento social necesarias para frenar la propagación acelerada de la enfermedad pero que, al mismo tiempo, generan pérdidas de empleo y reduce los ingresos laborales de las personas y de los hogares.
«La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral», ha remarcado.
Además, el análisis indica que los mercados laborales de la región suelen ser precarios, con altas tasas de informalidad. En 2018 solo el 47,4% de los ocupados aportaba al sistema de pensiones y más del 20% de los ocupados vivía en la pobreza. Asimismo, las mujeres, las jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes están «sobrerrepresentados» entre los trabajadores informales.
El texto apunta que los efectos de la pandemia sobre el PIB, que prevé una contracción del 5,3% este año, y el empleo son diferentes según los países, por lo que la magnitud de los incrementos de la pobreza y la pobreza extrema proyectados también varía. De este modo, el estudio ha previsto tres escenarios básicos (bajo, medio y alto) en los que se pronostican diferentes tasas de pobreza en los países de la región.
En un escenario medio, los países con un mayor número de población pobre serían México (47,8%), Honduras (57,1%), Nicaragua (51,6%) o Guatemala (50,5%). En contraposición, los países menos afectados serían Uruguay (4,8%), Chile (12,7%) o Panamá (14,9%). Al mismo tiempo, la tasa de pobreza extrema en un escenario medio ascendería hasta el 21,4% en Guatemala, el 19,8% en Honduras, el 16% en Bolivia o el 12% en Colombia.
En el peor de los escenarios, la tasa de pobreza más alta la registraría Honduras, con un 57,8%; frente al 5,7% de Uruguay, que sería el menos afectado. También en este escenario, la pobreza en general aumentaría especialmente en Argentina, México, Ecuador y Brasil.
CEPAL alerta sobre que estos efectos se producirían solo con el impacto de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada. En caso de que se redujeran las remesas provenientes de familiares, se acentuaría la situación de pobreza. Dicha reducción es probable ante el «fuerte impacto del Covid-19 en la región y en países receptores de migrantes latinoamericanos y caribeños, como los Estados Unidos y España».
Con arreglo a todos estos datos, el organismo de Naciones Unidas ha propuesto que los gobiernos de la región garanticen transferencias monetarias temporales «inmediatas» para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de hogares, lo que será «crucial» para lograr «una reactivación sólida y relativamente rápida».
El organismo apunta que, en el largo plazo, el alcance de dichas transferencias debe ser permanente y debe ir más allá de las personas en situación de pobreza, llegando a amplios estratos de la población muy vulnerables, lo que permitiría avanza hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la supervivencia.
«La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro», ha destacado la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena.
Por ello, Bárcena asegura que se debe avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar sustentado en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo.
Así, CEPAL propone la creación de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (coste per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional).
Hasta la fecha, los diferentes gobiernos del continente han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimento alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58% de la población regional.
«Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social/fiscal», ha apostillado Bárcena.
IG/Fuente: europapress/gf/rp.