viernes 19 abril 2024

Oficina Anticorrupción: renuncia a las causas Hotesur y Los Sauces en las que se investiga a la familia Kirchner

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Un conflicto político de proporciones se disparó en estas horas a partir de la presentación efectuada por el Dr. Félix Crous, titular la OA, dependiente de la Presidencia de la Nación, ante el juzgado donde tramitan las causas “Hotesur” y “Los Sauces” en las que se investiga a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.

Mediante la Resolución SSIA N° 3/2020 de fecha 11 de mayo de 2020, el titular de este organismo, Félix Crous, resolvió desistir del rol de querellante en la causa N° 11.904/2014 caratulada “Denunciado: Fernández de Kirchner, Cristina y Otros s/Negociaciones Incompatibles (art. 265) y Enriquecimiento Ilícito (art. 268, inc. 1°). Denunciante: Dupuy de Lome, Santiago Nicolás y Otro”, de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 19 de esta Ciudad; y también en la causa N° 3.732/2016 caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y Otros s/Asociación Ilícita y Otros”, actualmente radicada por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de esta Ciudad.

En los considerandos, la resolución de la OA menciona que …”es necesario ponderar, que los sucesos principales objeto de investigación en las causas de referencia ya se encuentran elevados a juicio, transitando la etapa de instrucción suplementaria ordenada por el Tribunal Oral y a la espera del inicio del correspondiente debate oral y público, con excepción de la causa N° 11.904/2014 que actualmente se halla en plena etapa de instrucción por ante el Juzgado Federal a cargo de la pesquisa, con un requerimiento de citación a indagatorias formulado por el Fiscal interviniente.

A renglón seguido, plantea que … “debe razonarse que el debido impulso de la acción penal en relación a las mismas, en cualquiera de las instancias procesales que signe su trámite, se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad (art. 120 de la CN.).

Obsérvese que es la propia UIF el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen ilícito (conf. Ley N° 25.246 y sus mod.), hipótesis delictiva que, precisamente, se ventila en las causas aludidas.

En declaraciones efectuadas a la agencia TELAM El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, sostuvo que el organismo que conduce «nunca debió ser querellante» en causas que investigan presuntos hechos de corrupción a través del lavado de activos porque, para eso, el Estado ya tiene «una oficina específica, que es la Unidad de Información Financiera». Y agregó que este «es el primer capítulo en la secuencia de reordenar» la «intervención judicial» del organismo y «acotarla» y anticipó que el organismo que dirige seguirá el mismo camino en otros juicios.

Frente a esta medida del gobierno, el mayor frente opositor, Juntos por el Cambio, respondió con un comunicado que lleva las firmas de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) en sus roles de presidentes de los partidos políticos que conforman la alianza, en el que denuncian que por medio de esta resolución de la Oficina Anticorrupción, el presidente Alberto Fernández “consagra la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner”.
El pronunciamiento opositor asevera que “El Presidente Fernández ordenó – a través de Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia y ex titular de la OA durante los gobiernos de Cristina Kirchner-, que la OA se retire de las causas contra la ex Presidente, luego de la reunión de tres horas que mantuviera con la vicepresidenta Cristina Fernández”.

Con el propósito de analizar la medida en su contexto político, el comunicado de JxC no se priva de recordar que “El titular del organismo, Felix Crous, fundador y militante de Justicia Legítima, no fue acompañado por la planta profesional del organismo y firmó una resolución en soledad. Sin aval de los equipos legales, Crous efectuó el pedido presidencial”.

A continuación avanza sobre lo que considera las verdaderas causas que impulsaron al Gobierno a tomar esta determinación: “Esto va en sintonía con las gestiones de la vicepresidente para obtener la rápida administración de sus bienes. Lograr la impunidad va acompañado de la posibilidad de volver a administrar sus hoteles, propiedades y millonarias cuentas bancarias que en su momento fueron intervenidas por la Justicia.

El comunicado hace una afirmación política grave: “Lo que estamos viendo no puede ser leído en forma aséptica, estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigado por corrupción”.

Ante la sucesión de hechos y palabras que se verificaron en estos últimos días, la tensión generada desde el oficialismo sugiere un cambio copernicano en su estrategia con la oposición. La pandemia y sus dramas asociados, permitieron transitar un período de relativa calma, pero la falta de funcionamiento del parlamento y el dictado del DNU que concentra las facultades presupuestarias en el Jefe de Gabinete, así como el nombramiento de militantes de La Cámpora en posiciones claves, lograron enrarecer el vínculo hasta límites imposibles de predecir.
P/CC/rp.

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